Campesinos en los campos agrícolas de Arizona, bajo temperaturas a veces de casi 120 grados Fahrenheit. Llevan años esperando una reforma migratoria. Foto: http://news.unm.edu.
El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes espera aprobar este fin de semana el paquete legislativo para el gasto social y climático, de 1 billón 750 mil millones de dólares. Luego pasaría al Senado, donde su destino sigue siendo turbio, sobre todo por la voluntad de la parlamentaria, que lo ha rechazado ya dos veces. Una analista explica la legislación y señala aquí en Línea Abierta lo que en su opinión es la verdadera intensión detrás del componente de reforma migratoria en la referida legislación, diluida al máximo y que nunca buscó realmente brindar derechos ciudadanos plenos para los inmigrantes indocumentados.
De la redacción
La Cámara de Representantes planea debatir hoy miércoles la legislación presupuestaria para el gasto social, seguido de una votación final mañana jueves o el viernes, aunque ésta podría deslizarse al sábado si la votación en la cámara alta termina tarde la noche del viernes; pero busca aprobar este paquete antes del Día de Acción de Gracias.
La referida legislación, llamada Build Back Better, contiene 555 mil millones de dólares para inversiones en el clima y la energía limpia; para reducir el costo de algunos medicamentos recetados; ampliaría el crédito tributario por hijos, expandiría el preescolar universal e incluiría créditos tributarios para vehículos eléctricos; licencias pagadas por ausencia en el trabajo, asistencia para la vivienda y docenas de progresistas prioridades más.
Pero en el renglón de la tan prometida reforma migratoria, que se incluye en el lenguaje de la reconcialiación, todavía sin ser aprobado por la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, dicho plan de refroma ha sido despojado de sus atributos más urgentes y por ejemplo ya no incluye un camino permanente a la ciudadanía.
De esta suerte, «enojados con los demócratas, defensores de los inmigrantes intensificaron su presión instando a los líderes del Congreso a invalidar a la parlamentaria e incluir un camino hacia la ciudadanía en el proceso de reconciliación», señala Chelis López en el programa de Línea Abierta que aquí conduce.
Abogada Ariadna Rentería Torres, Directora Ejecutiva de Immigration Attorney, Immigrant Legal Services of the Central Coast Inc. . Foto:https://lookout.co.
Al efecto, López entrevistó a la abogada Ariadna Rentería Torres, Directora Ejecutiva de Immigration Attorney, Immigrant Legal Services of the Central Coast Inc., con sede en Watsonville, California. El tercer proyecto legislativo de los demócratas, dice, o el ‘Plan C’, ha diluido al máximo el componente de la inmigración.
La bogada expone aquí lo que en su opinión son las aviesas y verdaderas intenciones detrás de los repetidos esfuerzos que históricamente se han hecho tanto demócratas como de republicanosen en busca según ellos de una reforma migratoria, sostiene Rentería. Históricamente, afirma, nunca han contemplado de verdad brindar derechos ciudadanos plenos a los inmigrantes indocumentados, sino a lo sumo darles algo para reconstruir permanentemente la fuerza laboral que necesita el país.
“… El electorado no quiere dejar a los migrantes que viven, trabajan, aportan, que se enraícen en la idea de que son residentes o que algún día podrían tener la posibilidad de ser ciudadano. Sino que dicen: ‘Te dejamos vivir en paz por diez años -aunque pueden retirarte el parole si así lo consideran pertinente-, así que no te la creas mucho… Afortunadamente no es el mensaje de temor que mandaba Trump, pero es un mensaje que dice: ‘No te enraises muy profundo… no te emociones tanto”.
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Trabajadores latinos de la construcción en Estados Unidos. Foto https://www.policymattersohio.org.
Aunque el desempleo ha bajado en las últimas semanas existe en la población otro malestar que preocupa grandemente a los estadunidenses y que es la inflación, plantea López a la abogada Rentería, a propósito del reciente anuncio del Departamento de Trabajo sobre el índice de inflación, ubicándolo en el 6.2 por ciento, el máximo en 30 años.
Pero lo que subyace en el fondo de esta preocupación, sugiere López, es el hecho de que la inflación pueda ser utilizada como herramienta política para descarrilar o por lo menos detener nuevamente el proyecto de infraestructura social, Biuld Back Better.
“Es un análisis económico pero político. O sea, de costo – beneficio. Económico en el sentido de cuánto le va a costar a la administración pública poner en efecto este plan… cuál es el beneficio económico de implementar este plan, creo que ahí está el meollo del asunto”.
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