Marielena Hincapié junto al entonces Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, frente a la corte federal de distrito de Estados Unidos en Brooklyn, NY, tras la victoria legal en el caso de ‘Batalla Vidal v. McAleenan’, el 30 de enero de 2018. Foto: Marco Vinicio González.

La lucha por derrotar las trabas que el Congreso pone a la agenda de la administración Biden, incluido el proyecto de reforma migratoria en la reconciliación presupuestaria con el paquete de infraestructura humana, de 3.5 trillones de dólares, es quizás la última oportunidad para cimentar el control de ambas cámaras del Congreso en 2022, y eventualmente la reelección de Biden en 2024 si no cumple con la tantas veces postergada promesa demócrata, que ha dejado siempre a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, “vestidos y alborotados”.

De la redacción

El liderazgo demócrata en el Senado ha discutido ampliamente con la parlamentaria de la cámara alta para dar paso a las disposiciones que tienen atorado el uso de la reconciliación presupuestaria, a fin de vencer el obstruccionismo republicano o filibusterismo y resolver la votación con una mayoría simple. Claro que está la piedra en el zapato, que son los senadores demócratas Joe Manchin, de Georgia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona. Sin embargo, los demócratas llegaron a un acuerdo con Manchin ayer, para que el partido respalde el proyecto de ley de reforma de la votación a largo plazo, y esto, pudiera pensarse, podría allanar el camino de la reforma migratoria en el Senado. Está por verse.

Como se recordará, luego de un fallo de la corte federal acerca de que la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es ilegal, el Congreso enfrenta una creciente urgencia en encontrar una solución permanente para los Dreamers y, de manera más general, para hacer reformas atrasadas y necesarias al sistema de inmigración, dice en su página web el Foro Nacional de Inmigración.

En tanto, ayer el Comité Judicial de la Cámara de Representantes adelantó una legislación  para otorgar el estatus de residente permanente legal, un trampolín hacia la ciudadanía, a Soñadores, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales.

«Las poblaciones de inmigrantes son una parte cada vez más importante del tejido económico y comunitario de la nación», dice por su parte un informe recién publicado del Center for American Progress, que captura datos estado por estado sobre la cantidad de inmigrantes que obtendrían estatus legal a través de la legislación propuesta por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Los hallazgos, dice la fuente, reflejan la realidad de que los inmigrantes y sus familias están profundamente entrelazados en la economía estadunidense. “El marcado maratón del Comité Judicial de ayer incluyó un debate sobre más de 30 desagradables enmiendas antinmigrantes ofrecidas por los republicanos de la cámara baja». Están más interesados en sumar puntos con su base -y su jefe Trump-, «demonizando a los inmigrantes como amenazas y obstaculizando el progreso hacia las soluciones”.

Pero los demócratas “se mantuvieron unidos y derrotaron todas las enmiendas republicanas”, dice por su parte Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice: “Ayer nuestro país dio otro paso hacia el reconocimiento formal de millones de amigos, familiares y vecinos profundamente arraigados como los estadunidenses que ya son”. Como resultado, millones de Dreamers, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales están un paso más cerca de encaminarse hacia la ciudadanía.

Ayer el Center for American Progress emitió estimaciones de población específicas por estado para el referido universo de inmigrantes indocumentados cubiertos por la legislación, y encontró que un total de 6.9 ​​millones de personas potencialmente serían elegibles para ajustar su estatus. “Es probable que el plan también incluya fondos para la seguridad fronteriza, incluidos 10 mil millones de dólares para infraestructura en los puertos de entrada” al país.

Pero antes de promulgar reformas migratorias a través de la reconciliación los demócratas deben cumplir con los estrictos requisitos de procedimiento del proceso. «Es casi seguro que la inclusión de la inmigración en la reconciliación será cuestionada y sigue siendo incierto si las disposiciones están lo suficientemente relacionadas con los gastos o los ingresos como para permitir que se incluyan en un paquete final», dice el centro para el progreso de los estadunidenses.

Soñadores de Nueva York son arrestados por bloquear una céntrica y transitada avenida frente a las oficinas del entonces gobernador, Michael Bloomberg en 2018 para que apoyara el acta de los sueños. Foto: Marco Vinicio González.

Pero los demócratas afirmarn que ofrecer un camino hacia la ciudadanía haría que los inmigrantes incluidos fueran elegibles para ciertos beneficios federales y, por lo tanto, esto afectaría el presupuesto.

Y es que los demócratas tienen un precedente de su lado, dice Político: “un proyecto de ley liderado en 2005 por el Partido Republicano abordó la inmigración como parte del llamado proceso de reconciliación presupuestaria”; y es precisamente “el mismo camino que están usando este año para evitar la necesidad de votos republicanos”.

En tanto, la súplica demócrata a la parlamentaria del Senado podría decidirse esta semana. Ella argumenta que extender el estatus legal a nuevas poblaciones costaría miles de millones de dólares al gobierno federal. Sin embargo, es la mejor oportunidad que le queda al Partido Demócrata de progresar antes de las elecciones intermedias de 2022.

“Los demócratas no han visto esta prometedora oportunidad para pasar una reforma migratoria importante, del tipo que no ha sido aprobada por el Congreso en 25 años; desde las discusiones del Senado sobre la ‘Banda de los Ocho’ en 2013”, sostiene la fuente. Y señala que los demócratas sienten un nuevo sentido de urgencia después de que una corte federal dictaminó en julio de este año que el programa de DACA era ilegal; y bloqueó la aprobación de nuevas solicitudes por parte del gobierno de Biden.

Si bien el fallo no puso fin de inmediato a dicho programa, abogados de inmigración y grupos de defensa dicen que está claro que DACA y sus protecciones para los Dreamers no están seguros.

“Siempre supimos que ese era un programa temporal, que era una solución temporal y lo que necesitamos es una solución permanente”, dijo por su parte Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. «La decisión de Texas contra DACA… aumenta aún más la urgencia de por qué el Congreso debe actuar ahora mismo»■

Conozca qué es el proceso de Reconciliación Presupuestaria (con información del Foro Nacional de Inmigración):

1. ¿Qué es el proceso de reconciliación?

El proceso de reconciliación fue creado por la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974 para poner orden en el presupuesto federal y fomentar el ahorro presupuestario. Un proceso de dos pasos que proporciona una consideración rápida de cierta legislación relacionada con impuestos, gastos y el límite de deuda federal; el proceso consiste en una resolución presupuestaria que recomienda niveles de ingresos y gastos específicos y un proyecto de ley de gastos general que adopta cambios de política consistentes con la resolución presupuestaria.

2. ¿Cuáles son las reglas del proceso de reconciliación?

Debate limitado. El proceso de reconciliación prevé un límite de tiempo legal de 20 horas de debate. Esto significa que las reglas del Senado que prevén un debate ilimitado no se aplican y que los proyectos de ley de reconciliación no pueden ser obstruidos. Mayorías simples de paso. Debido a que el obstruccionismo del Senado no se aplica, tanto la resolución presupuestaria como el proyecto de ley de reconciliación pueden aprobarse con mayorías simples: 50 votos más un voto de desempate del vicepresidente (a). Reglas de enmienda. Se puede introducir un número ilimitado de enmiendas al final de las 20 horas de debate, lo que a menudo conduce al inusual proceso de “vote-a-rama”, una larga serie de votaciones rápidas sobre las enmiendas. Sin embargo, las enmiendas deben ser pertinentes y neutrales al déficit, lo que limita los tipos de enmiendas que se pueden votar.

3. ¿Cómo se ha utilizado la reconciliación en el pasado?

Debido a que el proceso de reconciliación no está sujeto a las reglas de obstrucción del Senado y requiere solo una mayoría simple en el Senado, ambas partes lo han utilizado cada vez más para promulgar cambios importantes en las políticas. Desde que se creó el proceso de reconciliación en 1974, tanto demócratas como republicanos lo han utilizado para aprobar prioridades clave, incluidos paquetes de reducción del déficit bajo los presidentes Reagan y Clinton; importantes recortes de impuestos bajo los presidentes George W. Bush y Donald Trump; reformas al seguro médico bajo los presidentes Reagan y Obama; y ​​el alivio de COVID-19 bajo el presidente Biden. Los proyectos de ley de reconciliación a menudo tenían el apoyo de ambos partidos en la década de 1980, y principios de la de 1990, tiempos de gobierno dividido. Sin embargo, a mediados de la década de 1990 y 2000, las mayorías demócratas y republicanas comenzaron a utilizar el proceso para aprobar proyectos de ley partidistas con menos de 60 votos en el Senado.

4. ¿Cuáles son los límites del uso de la reconciliación?

Si bien se han promulgado cambios notables en las políticas a través de la reconciliación, las reglas del Senado restringen su uso. Para evitar que se abuse de la reconciliación por medidas no presupuestarias, el Senado adoptó la “Regla Byrd” en la década de 1980. Nombrada en honor al entonces senador Robert Byrd (D-West Virginia), la regla excluye asuntos «superfluos» que no están relacionados principalmente con el presupuesto. Según la Regla Byrd, una disposición con cualquiera de las siguientes seis características se considera impropia y constituye una disposición ajena: Sin impacto en el presupuesto:

• La provisión no modifica los desembolsos ni los ingresos.
• Viola las instrucciones del comité: La disposición produce un aumento en los desembolsos o una disminución en los ingresos en violación de las instrucciones de la resolución presupuestaria al comité del Congreso correspondiente.
• Viola la jurisdicción: la disposición está fuera de la jurisdicción del comité que la presentó. Incidental a componentes no presupuestarios: el impacto de la provisión en los desembolsos o ingresos es incidental a sus componentes no presupuestarios.
• Aumenta el déficit: La provisión aumentaría el déficit después de la ventana cubierta por la medida de conciliación.
• Cambios al Seguro Social: la Sección 310 (g) de la Ley de Presupuesto prohíbe que las facturas de conciliación realicen cambios al Seguro Social. Para impugnar una disposición como «ajena», un senador puede plantear una objeción parlamentaria, conocida como «cuestión de orden».
• El parlamentario del Senado, un miembro del personal con amplio conocimiento de las reglas y precedentes del Senado, considera los seis factores que constituyen la Regla Byrd cuando se pronuncia sobre la cuestión de orden. Si el parlamentario dictamina que la disposición es ajena, se elimina del proyecto de ley, a menos que 60 senadores voten para renunciar a la aplicación de la Regla Byrd a esa disposición. Las mociones para renunciar a la Regla Byrd se aprobaron ocasionalmente en las décadas de 1980 y 1990, pero ninguna desde 1999.