El senador republicano Mitch McConnell cede a las demandas de voto del Senado de Estados Unidos sobre el proyecto de ley de reforma de la justicia penal. Foto: WDRB.com.

De la redacción

Estados Unidos arresta 650 mil personas anualmente por violación de las leyes contra la mariguana, 90 por ciento de los cuales, por posesión de cantidades menores para uso personal. El costo de estas políticas fallidas de la guerra contra las drogas, que se traducen en el arresto de una persona cada 20 segundos en Estados Unidos, asciende a 58 mil millones de dólares cada año, con dinero del contribuyente. Y estos arrestos se dirigen  fundamentalmente a las comunidades de color de una manera desproporcionada.

Este martes el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell hizo un importante aviso: llevará la Ley de Primeros Pasos (The First Step Act) a una votación tan pronto como el fin de esta semana. El proyecto tiene suficientes votos para derrotar cualquier maniobra obstruccionistas (filibuster), dijo, y lo más seguro es que será aprobado. La noticia llega luego de que McConnell, quien tiene el control total sobre lo que se programa para votación en el pleno del Senado, había estado vacilando hasta el anuncio de anoche.

El clamor general es que Estados Unidos no puede seguir siendo el principal encarcelador del mundo. Pues esta política de la justicia criminal ha desgarrado principalmente a las comunidades minoritarias, o como dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), “particularmente se dirige hacia las personas de bajos ingresos y las comunidades de color”.

He ahí que reformar dicho sistema de justicia criminal es vital. Lo que se necesita es “un sistema que sea justo y equitativo, que reduzca significativamente la cantidad de personas que ingresan innecesariamente al sistema, que elimine las disparidades raciales” y que brinde oportunidades para un segundo chance.

Un antecedente reciente e importante, relacionado a la reforma al sistema de justicia criminal es quizás la decisión del electorado en La Florida el mes pasado, que reforma el código penal de sentencias mínimas obligatorias, y que Radio Bilingüe reportó oportunamente. Porque condena a excesivos años de prisión a personas que han cometido delitos no violentos asociados a las drogas, como la cocaína y la mariguana. Este código policial punitivo fue promulgado en 1966,  y había sido parte medular de la estrategia en la –fallida- guerra contra las drogas que opera Estados Unidos desde hace ya muchas administraciones, en un país con la mayor cantidad de presos en el mundo.

Y es que de acuerdo con la Alianza de las Políticas de las Drogas (DPA), Estados Unidos arresta 650 mil personas anualmente por violación de las leyes contra la mariguana, 90 por ciento de los cuales son apresados por posesión de cantidades menores para uso personal. El costo de estas políticas fallidas de la guerra contra las drogas, que se traduce en el arresto de una persona cada 20 segundos en Estados Unidos, asciende a 58 mil millones de dólares cada año, fondos que provienen, claro, del contribuyente. Y estos arrestos se dirigen principalmente a las comunidades de color de una manera desproporcionada.

La Ley de Primeros Pasos incluye reformas de sentencia clave que aproximan al país a un sistema que funcione. “Mejoraría la vida de las personas perjudicadas por nuestro injusto sistema de justicia penal al reducir las sentencias obligatorias para la ley relacionada con los delitos de drogas, «tres errores y usted está fuera» (three strikes and you’re out), y además evaluaría retroactivamente las sentencias de más de 2 mil 600 personas encarceladas, condenadas por delitos de cocaína”, dice Aclu.

Es posible que la decisión de McConnell haya sido detonada tras el bochornoso episodio en la Casa Blanca que el país pudo constatar ayer por la televisión, protagonizado por el presidente Trump y con la presencia de los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, en el que entre otras cosas el presidente, refiriéndose al proyecto de reforma al sistema de justicia criminal, «parece que va a pasar» y de una manera «muy bipartidista».

Este podría ser un momento significativo. Si los senadores aprueban la Ley de Primeros Pasos, allanarían el camino para reformas de justicia penal muy necesarias y atrasadas, y comenzaría a reparar las políticas quebrantadas y obsoletas que han impulsado la crisis de encarcelamiento masivo fuera de control en este país durante décadas.

Sin embargo, un serio problema adicional a la vida de los encarcelados es que alrededor del 90 por ciento de las personas presas en Estados Unidos no se encuentran bajo custodia federal, sino bajo el sistemas de correcciones estatales y locales. Esto hace que la reforma federal no los beneficie directaente, aunque podría allanarles el camino.

La ACLU, que inicialmente se había opuesto a la versión de la legislación de la Cámara de Representantes también señaló su apoyo el martes:

«Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis de encarcelamiento masivo, y la aprobación de este proyecto de ley ayudará a enviar un mensaje importante al resto del país sobre la urgencia de enfrentar esa crisis», dijo Jesselyn McCurdy, subdirectora de la Oficina Legislativa de la Aclu en Washington, DC.