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Marco Vinicio González
A cuatro días de las elecciones intermedias 2022, el país se ha enfocado en candidatos y encuestas, con más de 33.6 millones que ya votaron por adelantado, en la más costosa elección primaria de la historia que ha invertido ¡17 mil millones de dólares!, con e donaciones de “dinero oscuro”, a través de comités partidistas mayormente republicanos.
Pero a la sombra de este ruido electoral se hallan iniciativas como la Proposición 30 de California, conocida como ‘Ley de Autos Limpios y Aire Limpio’. Ésta busca saber si se se debe aumentar 1.75 por ciento a los impuestos sobre la renta personal de aquellos que ganan más de 2 millones de dólares anuales, para pagar la transición hacia vehículos eléctricos y ayudar a combatir incendios forestales causados por el cambio climático.
Para esto se ha tejido una singular red de alianzas electorales: los ambientalistas se han asociado con bomberos, demócratas y la industria de viajes compartidos como Lyft, con una inversión de más de 45 millones de dólares en propaganda para esta iniciativa climática. Y por el otro lado están el gobernador Gavin Newsom, alineado con multimillonarios, maestros y republicanos de California en oposición a la medida.
Quienes la defienden dicen que “recaudarían dinero de aquellos que pueden permitírselo para financiar mandatos estatales críticos sobre ventas de vehículos eléctricos y millas de viaje compartido, que ha sido muy promocionada pero no financiada por completo”, dice The New York Times.
Los que se oponen argumentan que “requeriría que los contribuyentes paguen la factura de los subsidios para vehículos eléctricos que Uber y Lyft eventualmente tendrían que pagar por su cuenta”.
Los reguladores de California vetaron la venta de todos los automóviles que usan gasolina en el estado para 2035. Esto fue “aclamado por los ambientalistas y por Newsom, como un paso significativo para combatir el cambio climático”.
Antes, en 2021 el gobierno estatal había implementado un estándar para las compañías de viajes compartidos como Lyft y Uber, estableciendo que “el 90 por ciento de las millas de los conductores de viajes compartidos deberán ser en vehículos eléctricos para 2030”.
Los opositores sostienen que a pesar de un crédito fiscal federal, los vehículos con baterías siguen siendo “prohibitivamente costosos” para muchos conductores, según la fuente; “especialmente para conductores ocasionales que a menudo luchan para llegar a fin de mes”.
Con todo, de acuerdo con la oficina del analista legislativo estatal, “la Proposición 30 generaría de 3 mil 500 millones de dólares a 5 mil millones cada año”, y la mayor parte de este dinero se destinaría “para ayudar a personas, empresas y gobiernos a comprar vehículos e instalar más estaciones de carga para estos autos eléctricos”.
Entre tanto, los impulsores de dicha medida han hecho énfasis en que las ganancias estarían destinadas a ayudar a las comunidades de bajos ingresos y a aquellos que viven en áreas muy contaminadas, como los latinos, los negros y otras minorías pobres.
De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas de California, en septiembre los posibles votantes estaban a favor de la propuesta en un 55%, y un 40% en oposición; pero una nueva encuesta publicada la semana pasada por dicho instituto encontró que sólo el 41% de los votantes probables apoya la medida, con el 52% en contra•
