Ignacio Gutiérrez Ramírez, José Luis Ruiz Arévalos, Armanda Ruiz, Priscila Ruiz Ramírez, Elena Gutiérrez Ramírez y Nathan Gutiérrez Ramírez celebran el cumpleaños de Priscila en México. Foto: Cortesía de Armanda Ruiz.

De Zaidee Stavely / EdSourc

Los recuerdos de José Luis Ruiz Arévalos están presentes en todos los rincones de la casa donde viven su esposa y sus cuatro hijos en la pequeña ciudad de Los Baños, en el Valle Central de California -las fotos de familia en el pasillo, la cama de tres literas que Ruiz Arévalos construyó para sus hijas, la cerca que instaló afuera.

Pero donde él estaba, hay ahora un espacio vacío. Después de que se tuvo que quedar en México hace dos años, los sueños universitarios de los tres hijos mayores se desvanecieron. La mayor se salió de la Universidad y se enlistó en el Ejército. El segundo hijo está priorizando el trabajo, mientras estudia medio tiempo. Y su hermano menor, que está en el ultimo año de la preparatoria ha llamado la atención de reclutadores de Harvard, pero en vez de eso está considerando quedarse más cerca de casa.

“Hay un espacio donde él estaba antes, pero ya no está”, dijo Nathan Gutiérrez Ramírez, de 19 años. “Siempre sientes que falta alguien, que falta él”.

Hace dos años, Ruiz Arévalos —también conocido como José, Dad, o Papá— fue a México para lo que pensaba que sería el ultimo trámite para recibir su tarjeta de residencia permanente: una entrevista en el Consulado de Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Su esposa y sus hijos, que son ciudadanos estadunidenses, pensaban que podría regresar en una semana o dos. Pero se le negó la residencia cuando los oficiales del consulado decidieron que bajo las guías de la administración Trump, él podía volverse una “carga pública” y depender de servicios del gobierno.

Sin poder regresar a Estados Unidos, sigue en Hermosillo, Sonora, a mil millas de su familia, mientras intenta apelar la decisión.

Los cambios a la política migratoria de “carga pública” que hizo el ex presidente Donald Trump tuvieron bastante publicidad el año de la entrevista de Ruiz Arévalos, 2019. Lo que no se difundió tanto fue que en enero de 2018 la administración de Trump ya había hecho cambios a la política de carga pública en los consulados afuera del país. Los cambios otorgaron más discreción a los oficiales del consulado para indagar sobre la edad, el estado de salud, el seguro medico, el trabajo, y el salario de los solicitantes; y para preguntar si sus familiares habían recibido alguna vez beneficios públicos.

Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre del miasma año, oficiales de los consulados negaron al entrada a casi 21 mil personas que solicitaban visas de inmigrante, basados en las nuevas reglas de carga pública. Dos años antes, sólo se habían negado a tres mil personas.

El presidente Joe Biden ya revocó los cambios que hizo Trump. Pero los efectos aún persisten, no sólo para los inmigrantes sino también para sus familias. Como Ruiz Arévalos no pudo regresar a casa, esto tuvo como efecto el dolor y dificultades económicas para su esposa y sus hijos.

También descarriló el camino universitario de su hija mayor, Elena Gutiérrez Ramírez.
Elena, de 21 años, dejó de estudiar en la Universidad de California en Merced para poder trabajar y mantener a la familia. La decisión fue agonizante. Elena pensó que posiblemente nunca regresaría a la universidad. Ruiz Arévalos había estado ayudándole a pagar los gastos con lo que ganaba trabajando de handyman, haciendo reparaciones. Sin su ayuda, no podía quedarse en la universidad. Pero además, necesitaba ayudar al resto de su familia.

Armanda Ruiz y Nathan Gutiérrez Ramírez en su graduación de la preparatoria en 2020. Foto: Cortesía de Armanda Ruiz.

La madre de Elena, Armanda Ruiz tiene un trabajo de tiempo completo cuidando a su hermana Priscila Ruiz Ramírez, de 11 años. Priscila nació de forma prematura y ha tenido cuatro cirugías y múltiples problemas de salud durante su corta vida. Tiene retrasos en el desarrollo, y está bajo cuidado medico continuo, con terapia de habla, ocupacional y física. Los otros dos hermanos, Ignacio y Nathan, todavía estaban en la preparatoria cuando Ruiz Arévalos no pudo regresar de México. Elena sintió que no tenia otra opción que salirse de la universidad.

“Los consejeros me decían que intentara quedarme en la universidad, pero no entendían que yo era la única que podía trabajar”, dijo Elena.

Hubo otro motivo también en su decisión. Si se quedaba en la universidad, pensaba que la responsabilidad de tener que sostener a la familia caería en sus hermanos menores. Quería que ellos sí siguieran sus sueños. Siempre han tenido buenas calificaciones en la escuela. Nathan, de 19 año, sacó A y B en el Colegio comunitario de Merced el año pasado. Ignacio, de 17, terminó su penúltimo año de preparatoria en Los Baños High School con puras A, incluyendo cuatro clases avanzadas. Hace poco, recibió una carta de Harvard invitándolo a solicitar ingreso.

«Por ahora, quiero proveer para mi familia y asegurarme de que no nos inundemos con deudas”, dijo Elena. “Con mi papa fuera del país, y sin otros familiares aquí, no quiero que la falta de dinero sea la razón por la que mis hermanos no vayan adonde quieran ir y consigan la licenciatura en lo que quieran”.

Así que Elena solicitó en docenas de trabajos. Trabajó en una planta empacadora de tomates, como cajera en Big 5 Sporting Goods, y con el Buró del Censo el año pasado. Pero ningun trabajo era estable ni con beneficios. Entonces la pandemia del coronavirus comenzó, y fue más difícil encontrar trabajos estables. Decidida a estudiar, empezó a tomar clases en el Colegio de Merced. Pero conforme pasaban los meses se preocupó más.

En México, Ruiz Arévalos sintió que su mundo se había roto en mil pedazos. Había sido parte de esta familia por 12 años. Cuando conoció a su esposa, Armanda, su hija Elena tenia 8 años, Nathan tenia 6, e Ignacio 5. Los tres hijos mayores tienen el apellido de su padre biológico y de su madre: Gutiérrez Ramírez.

Cuando habla de sus hijos, la voz de José se vuelve suave y llena de amor, mientras recuerda cada una de sus personalidades. La pequeña Priscila es su tesoro, su bebé. Elena es noble, una “súper hija”, dice. Nathan es duro y cariñoso a la vez. Ignacio, afirma, podría hacer lo que él quisiera —es fácil para él estudiar.

“Y lo más feo que siento es que le echan ganas a los estudios ellos”, dijo Ruiz Arévalos. “Y siento que les estoy cortando las alas”.

Ruiz Arévalos había estado viviendo indocumentado en Estados Unidos desde hace casi 30 años. Cuando sus papás lo trajeron, tenia 17 años. Desde 1996 las leyes de inmigración hacen que sea muy difícil conseguir la residencia permanente para los que cruzaron la frontera ilegalmente y se quedaron en Estados Unidos por más de un año, aunque estén casados con un ciudadano estadunidense. Tienen que salirse del país para la cita, y si vivieron aquí ‘sin papeles’, les prohíben la entrada por 10 años.

Armanda Ruiz con su esposo José Luis Ruiz Arévalos y sus hijos Elena Gutiérrez Ramírez, Priscila Ruiz Ramírez, Ignacio Gutiérrez Ramírez, y Nathan Gutiérrez Ramírez. Foto: Cortesía de Armanda Ruiz.

Hay una forma de evitar esa prohibición de 10 años. Uno puede solicitar un perdón, si puede probar que quedarse fuera de Estados Unidos causaría “sufrimiento extremo” para un esposo o padre estadunidense. Antes de ir a su cita en Ciudad Juárez, Ruiz Arévalos solicitó el perdón, argumentando que su ausencia causaría sufrimiento extremo para su esposa. En los documentos que entregaron, detallaron lo difícil que sería para ella quedarse sola a cuidar a sus cuatro hijos, incluyendo a Priscila, con sus problemas médicos y retrasos de desarrollo; y a Nathan, quien sufría de depresión severa y ataques de pánico.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración aprobó el perdón. La pareja creía que tenia todo en orden. Habían conseguido un patrocinador –un amigo de la familia que firmó que podía sostener económicamente a Ruiz Arévalos en caso de que fuera necesario. El patrocinador ganaba mucho más que el salario mínimo requerido por el gobierno federal, 125 por ciento por encima del nivel de pobreza.

Pero antes de que Ruiz Arévalos tuviera su cita, el gobierno de Trump había cambiado las reglas de “carga pública” para otorgar visas y residencia permanente. Los cambios más significativos fueron que el apoyo de un patrocinador ya no era suficiente para contrarrestar otros factores como bajos ingresos, edad, salud, educación, trabajo y el uso de beneficios públicos. Y también ya se podía considerar el uso de beneficios como las estampillas de comida, el seguro médico Medicaid, y vivienda federal usados por familiares, incluyendo a ciudadanos estadunidenses.

Cuando llegó Ruiz Arévalos a su cita el oficial consular cuestionó si el patrocinador realmente lo apoyaría, y preguntó si los familiares de Ruiz Arévalos habían recibido beneficios. Priscila ha recibido Supplemental Security Income —para personas con discapacidades— desde que nació. Los otros hijos de la familia han recibido estampillas de comida y Medi-Cal. El oficial le informó que necesitaría otro patrocinador. Y en vez de esperar que entregara los papeles, le dijo que no podía entrar a Estados Unidos porque podía volverse una carga pública, y canceló su perdón.

El Departamento del Estado declinó decir a cuántas personas se les cancela su perdón a causa de la nueva política de carga pública que estaba vigente de 2018 a 2020. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que los datos no estaban disponibles.

Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes dijo que probablemente miles de personas a las que se les negó la entrada bajo la noción de “carga pública” en 2018 y 2019 habían vivido antes en Estados Unidos y tenían perdones aprobados para comprobar que separarse de sus familias causaría sufrimiento extremo, como en el caso de Ruiz Arévalos.

“Después que salieron las guías de Trump los oficiales claramente tenían órdenes de buscar razones para negar casos que de otra manera estaban claramente elegibles para la residencia permanente”, dijo Quinn. “Pueden exentarse de la carga pública entregando más información, como se les pidió, pero el daño ya se hizo; porque el daño real para familias como ésta son los años de separación que no se pueden deshacer”.

Ignacio Gutiérrez Ramírez habla con su papá, José Luis Ruiz Arévalos por videollamada. Foto: Jennifer Molina.

Ruiz Arévalos presentó otros dos patrocinadores al consulado. Pero el proceso se detuvo, por la pandemia. Mientras esperaba, trató de mantenerse conectado con su familia del otro lado de la frontera. Hacen video llamadas constantemente para que los hijos hablen con su papá. Ignacio incluso a veces le llama a Ruiz Arévalos para pedir ayuda cuando tiene que arreglar algo en casa —cómo cambiar el aceite del carro, cómo destapar la taza del baño, o cómo arreglar la cerca.

Unos meses antes de que Ruiz Arévalos fuera a México, el papá biológico de los Gutiérrez Ramírez murió. No habían tenido mucho contacto con él los últimos años antes de que muriera, pero cuando se enteraron de su muerte, fue doloroso.

“Yo tenia un papá, y no me llevaba muy bien con él. Teníamos problemas. Luego me dan otro papa, y me lo quitan”, Nathan le dijo a Ruiz Arévalos hace poco. “No es justo. Quiero a mi papá”.

Armanda Ruiz dijo: “A todos nos cayó muy pesado que no regresara. Mi hija que es especial, la más chiquita, primero preguntaba, ‘¿Por qué mi papá está allá?, ¿Por qué no viene aquí? ¿Por que no duerme aquí?’”.

Ruiz Arévalos no vio la graduación de Nathan de la preparatoria, ni la ceremonia de Priscila en la escuela para demostrar que ya era proficiente en inglés. Se ha perdido de dos años de cumpleaños y de noches en las que ven películas juntas. No estuvo allí para ver cómo rellenaban los cascarones de huevo con confeti para la Pascua, ni cómo hacían el aprendizaje a distancia, los cinco estudiando desde casa —Elena y Nathan en clases del colegio comunitario, Ignacio en la preparatoria, Priscila en educación especial, y su madre tomando clases de inglés.

“A veces es difícil no tener la figura del padre,” dijo Ignacio. “Porque, sabes, hay otro tipo de relación con tu papá que con tu mamá. Si eres hombre, pues los hombres se entienden”.

Hace unos meses Elena se reunió con un consejero del colegio comunitario y decidió enlistarse en la Reserva del Ejército. Fue al entrenamiento básico en julio y estará allí hasta noviembre, así que no podrá asistir a clases en el otoño. Espera retomarlas en la primavera.

Elena Gutiérrez Ramírez se enlistó al Ejército para sostener a su familia. Foto: Cortesía de Armanda Ruiz.

«En estos tiempos tan inciertos, el Ejército me dará algo de certeza”, dijo Elena. “Además, si algo le pasara a mi mamá, yo voy a ser la que cuide a mis hermanos, y sin un trabajo estable no puedo garantizar eso. Por eso suena bien el Ejército”.

Por fin hay algo de esperanza para Ruiz Arévalos. En julio del 2020, una Corte Federal en Nueva York prohibió a los consulados usar las guías de carga pública de Trump. En marzo de 2021, bajo el el mandato del Presidente Biden, el Departamento de Estado restauró la política de carga pública que estaba en vigor antes del 2018.

Este verano, Ruiz Arévalos recibió una carta del consulado en Ciudad Juárez, la primera en mucho tiempo. Por primera vez, no se mencionó “carga pública”. La carta decía que ya puede solicitar el perdón de nuevo. El proceso podría durar varios meses.

En junio, Ruiz y sus hijos fueron a visitar a Ruiz Arévalos en México, un último viaje en familia antes de que Elena se fuera al entrenamiento del Ejército.

Fueron a la playa —la primera vez para algunos de los hijos— y entraron caminando al mar. Desde la arena, Ruiz miraba mientras tomaba video con su teléfono. En el video su esposo y sus hijos caminan hacia el horizonte, juntos, por ahora. Cada ola que se acerca, la saltan. Una y otra vez.

Este reportaje fue producido con la colaboración de EdSource. Jennifer Molina contribuyó al reporteo.

English here: https://edsource.org/2021/how-immigration-policy-forced-a-california-family-apart-and-disrupted-their-education/659357