De la redacción
El presidente Trump está presionando para poner fin a uno de los más importantes legados fundacionales de Estados Unidos: el proceso de ciudadanía por derecho de nacimiento contenido en la enmienda 14, que al calce estipula: “sólo con algunas excepciones por separado, las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas de este país, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres”. No menciona el estatus migratorio de los padres, tal vez porque simplemente no era relevante para los padres fundadores.
El tóxico clima político alimentado por Trump, desde que era apenas candidato, ha empoderado y metastizado a una célula de nacionalistas blancos que a lo largo de la historia de Estados Unidos mantienen latente el odio racial, y cuando encuentran el caldo de cultivo apropiado –léase, Trump-, emergen con fuerza virulenta a la superficie de la realidad social. Son el grupo que más asesina a otras personas, particularmente de las minorías, de los últimos 4 o 5 años; desde aquel fatídico 11 de septiembre de 2001 dice un reporte del Departamento de Justicia.
Ejemplos recientes del comportamiento violento de estos nacionalistas sobran, comenzando por la masacre de la sinagoga en Pittsburg, de hace un poco más una semana. O las bombas enviadas por correo a demócratas de alto perfil, expresidentes y exprimeras damas, así como medios de comunicación y filántropos judíos. O el tiroteo en Las Vegas, o el asesinato de 17 estudiantes y otros 14 heridos más en la escuela preparatoria Stoneman Douglas, de Parkland, en La Florida, y una larga y triste lista de etcéteras.
En este contexto, hoy la firma encuestadora Rasmussen sostiene que “una mayoría de votantes tiende a estar de acuerdo en que tener un hijo en Estados Unidos no debe ser un pase gratuito para que los inmigrantes ‘ilegales’ permanezcan en este país” (el entrecomillado de ilegales es nuestro). La encuesta se hizo a mil probables votantes estadunidenses el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
La mayoría de los votantes también siguen creyendo, dice firma, que “los inmigrantes deberían tener que demostrar que están legalmente en el país antes de recibir cualquier forma de asistencia gubernamental”. Vale anotar que aun si los inmigrantes con residencia permanente por ejemplo quisieran hacerse ciudadanos, de acuerdo con las políticas de Trump, a todas luces inconstitucionales, acceder a dicha ayuda pública podría poner en riesgo gestiones como adquirir la ciudadanía.
La nueva encuesta telefónica y en línea de Rasmussen Reports revela también que “casi la mitad (48%) de los probables votantes estadunidenses creen que los inmigrantes ‘ilegales’ que tienen hijos nacidos en Estados Unidos no deben estar exentos de la deportación. Poco más de la tercera parte (38%) considera que deberían estar exentos, mientras que el 14% no está seguro”.