Valeria Fernández
Los mexicanos ocupan el primer puesto en solicitudes de asilo político a Estados Unidos, pero aunque muchos lo piden, muy pocos tienen la oportunidad de ganarlo. El año pasado, por ejemplo, 9 mil mexicanos solicitaron asilo y, durante ese periodo, sólo 124 lograron conseguirlo, culminando trámites de años previos. Entre los que piden asilo, hay casos de mexicanos deportados y sus familiares, que al regresar a su país de origen, se han convertido en algunas de las víctimas más vulnerables del crimen organizado. Valeria Fernández nos cuenta la odisea de una madre que trata de huir de esa violencia.
En el 2012, el esposo de Lorena Rico Mejía fue detenido en una redada del sheriff Joe Arpaio para capturar a inmigrantes sin documentos.
“Cuando a mi esposo lo deportaron yo no quería esa vida para mis hijos», dice Rico. «Yo sabía que si yo me quedaba probablemente yo a él lo obligaba a desobedecer la ley, porque tal vez el tendría que regresar o x cosa”.
Para no separar a la familia, Rico se fue a vivir con su esposo y sus tres hijos a Morelía, Michoacán, en México. Allá, la transición fue muy difícil.
“Nosotros siempre estuvimos como perseguidos por mis hijos, pues en la escuela los niños sabían que ellos son ciudadanos americanos», dice Rico.
Al principio, los hijos fueron discriminados y acosados en la escuela. En enero de este año, fue cuando Rico y su esposo comenzaron a sentir que su vida corría peligro. Salieron de compras y vieron que alguien los perseguía.
“Venían tres en la camioneta, se nos pegaron al lado de mi esposo nada más así en la camioneta. Nada más bajaron el vidrio y le dijeron que se orillara», recuerda.
Al bajarse, uno de los hombres los amenazó con una pistola y les dijo que cooperaran. La tocaron inapropiadamente a Rico. Su esposo se interpuso para evitarlo y fue golpeado. Ella piensa que los hombres formaban parte de un grupo criminal.
“Ya sabían el nombre de mis hijos, de donde venían, que ellos habían nacido aquí, que si queriamos estar ahí teníamos que pagar, como para vivir supuestamente en paz, pagar una cuota, y eso tenía que ser cada mes. Donde quiera que vayas tiene que ser así, porque mis hijos no son ciudadanos mexicanos entonces ellos no podían permitir que alguien más llegara a su territorio”, dice Rico.
Ese día corrieron con suerte porque los dejaron ir, pero Rico decidió de inmediato regresar a Estados Unidos con sus hijos.
“Yo no quiero amanecer mañana que mis hijos vayan a la escuela y tal vez ya no estén en la escuela o que me los maten o algo, porque no tenemos ese dinero para estar pagando», dice.
Rico no quería quebrar la ley cruzando la frontera ilegalmente. Hasta la fecha no tiene ningún tipo de record criminal, según las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Por eso cuando llegó a la frontera con Estados Unidos en Nogales, Sonora, se acercó a consultar con un oficial fronterizo sobro cómo pedir asilo político. El oficial le indicó que se formara con sus hijos en la fila de ingreso hacia Arizona. Después, otro agente le dijo que pasara a un cuarto aparte con sus 3 hijos, donde esperaron por 40 minutos hasta que una agente anglosajona llegó a buscarla.
“Y me dijo, quítese la liga del pelo, quítese el sueter, y yo asi, ‘¿Pues qué, no?’, que ‘Ponga las manos atrás'», recuerda Rico. «Yo dije, ‘¿Por qué?’ Mis hijos comenzaron a llorar. Me dijeron, ‘Mami, tú no hiciste nada, ¿qué pasó? Le dije, ‘Hijo, tal vez es parte del proceso. No te preocupes, todo está bien. ¿Qué está pasando? Cuál es mi delito?’ ‘Pues eres ilegal’. De cierta forma, tiene razón porque yo no tengo documentos, pero por eso vengo. Vengo a pedir ayuda”.
Rico, quien habla inglés, recuerda que la oficial comenzó a insultarla, utilizando groserías peyorativas en frente de sus hijos.
“Veníamos de México del maltrato, de las amenazas, y todavía cuando llegamos ahí, escuchamos cómo los oficiales se burlaban de las personas, de cómo venían vestidas, de cómo los correteaban en el desierto. Para mí no es gracioso. ¿Por qué se burlan? Porque tal vez ellos piensan que nadie los escucha, que nadie los entiende. Hacen comentarios horribles”.
Después de estar allí detenida por 7 horas con sus hijos, un familiar vino a buscar a los niños, y Rico fue transportada al Centro de Detenciones de Eloy, donde dijo a los oficiales que estaba pidiendo asilo político porque tiene miedo de regresar a Mexico.
“Yo siento que yo no tengo protección allá», dice Rico. «No se ha encontrado a esos 44 estudiantes [de Ayotzinapa]. Lejos de encontrar a esos estudiantes, se han encontrado 100 o 200 más que no han sido identificados o que probablemente nunca fueron reportados. Si para ellos no hay justicia, ¿cuánto más para mí y para mis hijos que no son nacidos allá?”
Semanas después de esta entrevista, un juez fijó una fianza de 17,500 dólares para que Rico saliera en libertad después de 6 meses encarcelada. Tras recaudar ese dinero, se encuentra esperando un proceso pendiente en las cortes para lograr asilo político.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, reportó desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
