Berta Cáceres en la región de Río Blanco, en el occidente de Honduras, donde ella, el COPINH y el pueblo de Río Blanco habían mantenido una lucha de dos años para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

De la Redacción

Como se sabe, Berta Cáceres había sido galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica por su contribución a la lucha persistente en contra de la polémica construcción de una represa hidroeléctrica, financiada por el Banco Mundial, que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de Honduras pertenecientes a la etnia Lenca. La activista había sido amenazada de muerte en 33 ocasiones y se hallaba bajo una más que deficiente protección cautelar por tal motivo, misma que no alcanzó para proteger su vida.

En la víspera del primer aniversario del asesinato de la ambientalista Bertha Isabel Cáceres Flores, dirigente del Concejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras (COPINH), una reveladora investigación periodística de la publicación inglesa, The Guardian, basada en documentos de la corte sostiene que dicho crimen “fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos”.

Este crimen, cometido el 2 de marzo del año pasado realmente contra el activismo ambientalista –porque no ha sido el único en su tipo ni antes ni desde entonces-, fue considerado por la prensa internacional, los colaboradores de Cáceres y sus familiares como un asesinato solapado por el Estado hondureño y sus fuerzas militares.

Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas a su campaña contra la mayor represa hidroeléctrica en el mundo (Agua Zarca), construida en la cuenca del Río Gualcarque en Honduras. Estos incidentes involucraron a varios empleados de dicho proyecto, a cargo de Desarrollos Energéticos SA, (Desa), “que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales».

El presidente de Desa, Roberto David Castillo Mejía es un ex oficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes es ex ministro de Justicia de Honduras. “Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015”. Pero Desa niega cualquier participación en el asesinato, reporta la fuente.

Como se recordará, porque lo publicamos oportunamente en este mismo espacio, un año antes de su asesinato Cáceres había sido galardonada con el prestigioso premio Goldman al ambientalismo internacional, y permanecía durante ese tiempo supuestamente bajo la protección del Estado hondureño, dadas las múltiples amenazas de muerte que recibía por su trabajo particularmente –entonces- contra la construcción de la referida hidroeléctrica.

Este asesinato de alto perfil desató protestas internacionales que se tradujeron en una petición al gobierno de Estados Unidos para que suspendiera la ayuda militar a Honduras, un país con una estratégica base militar estadunidense, considerado como un aliado en la presunta Guerra contra las Drogas.

La noche que Cáceres fue eliminada por al menos cuatro asesinos a sueldo, que ingresaron al domicilio donde la activista acababa de mudarse en el poblado irónicamente llamado La Esperanza, habían retirado misteriosamente el retén militar que operaba en la entrada de ese pueblo.

Los principales funcionarios implicados en este crimen de alto perfil han negado la participación del Estado en el asesinato, y han minimizado también la detención del oficial de servicio, Maj Mariano Díaz. No obstante semanas más tarde los hostigamientos continuaban.

Díaz es un veterano de las fuerzas especiales entrenado en tareas de contrainsurgencia en el Fort Benning, en Georgia, condecorado y nombrado jefe de inteligencia del ejército hondureño en 2015; “y en el momento del asesinato estaba siendo promovido para ascender a teniente coronel, pero fue retirado entonces del ejército apresuradamente”.

Los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por The Guardian revelan sin embargo otra historia.

Por ejemplo, que “un ex soldado hondureño dijo haber visto el nombre de Cáceres en una ‘lista negra’ pasada a las unidades entrenadas por Estados Unidos”.

O que los fiscales del caso afirman que “los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres –principales- militares” envueltos en este crimen, “incluyendo un mensaje de texto que era una discusión codificada sobre el pago a un asesinato por contrato”.

Una fuente legal cercana a la investigación dijo a The Guardian que «El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada y diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar civiles como asesinos”.

Además, el sargento primero, Rodrigo Cruz dijo al periódico inglés que dos miembros de unidades elite recibieron listas señalando nombres y fotografías de activistas, “con órdenes para eliminar a cada uno de ellos… Cruz prefirió desertar del ejército en lugar de cumplir la orden”.

El gobierno de Estados Unidos se deslinda de toda participación en el asesinato de activistas incómodos que se oponen a proyectos corporativos.

El Departamento de Estado estadunidense considera dichos crímenes extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad, y la extendida impunidad, como las más serias violaciones a los derechos humanos en Honduras. Sin embargo Estados Unidos es el principal proveedor del financiamiento militar y policial a Honduras, y tan sólo el año pasado aprobó un paquete de ayuda militar por 18 millones de dólares.

Las cosas no parecen mejorar mucho con el actual gobierno de Estados Unidos, si se observa el presupuesto de la administración Trump al gasto de la defensa, que aumenta 54 mil millones de dólares al presupuesto del año previo.

Trump dijo recientemente que su presupuesto pondría «América primero», una frase que se originó con los simpatizantes nazis que trataron de mantener a Estados Unidos fuera de la segunda guerra mundial, centrándose en la defensa, la aplicación de la ley –como ahora la de Inmigración- y los veteranos, redirigiendo el dinero previamente gastado en el extranjero. También recortando impuestos a los más ricos y recortando el presupuesto –“dólar por dólar”-, a programas sociales en la educación, la salud y el medio ambiente, entre otros.

El crimen de Bertha Isabel Cáceres Flores continúa impune, a pesar de los arrestos. Los documentos de la armada hondureña revisados por The Guardian indican que el referido militar, Maj Mariano Díaz asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y a un curso de lucha contra el terrorismo en la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005.

Además, que en el momento de su detención, “Díaz estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras que también estaba estudiando para ascender”. Y que en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, se capacitó él y cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos, revela The Guardian.

A un año de su muerte el asesinato de Bertha Isabel Cáceres Flores permanece impune, y los nuevos vientos de guerra que soplan desde la actual administración estadunidense, con un inmenso presupuesto para el gasto de la defensa, parecen no prometer algún cambio importante en este tema■