Botellas de plástico verde con soda en una nueva y brillante línea de fabricación. Foto: Dreamstime.
Por Samantha Young
California Healthline
Cenas en un restaurante caro en Maui con vistas al mar. Entradas para juegos de diferentes ligas deportivas. Una proyección de «Black Panther» en un cine IMAX de Sacramento. Y una donación de 250 mil dólares a un grupo que financia los viajes del gobernador.
Según un análisis de California Healthline, éstos son ejemplos de los 11 mil 800 millones de dólares que las compañías de refrescos y sus cabilderos gastaron a nivel estatal y local en los últimos dos años en California para bloquear propuestas sobre impuestos a las sodas o su etiquetado con advertencias de salud.
«Ejercen una influencia extraordinaria», dijo el senador estatal Bill Monning (demócrata de Carmel) sobre la industria. «No subestimamos el poder de su oposición».
Monning no acepta dinero de la industria de las sodas, y ha tratado de gravar las bebidas azucaradas en California y colocar etiquetas de advertencia en los envases. Fue una de las voces más críticas cuando la industria evitó que ciudades y condados recaudaran impuestos sobre las sodas, una maniobra que algunos legisladores calificaron de «extorsión«.
Molestos por las tácticas de la industria, Monning y otros legisladores impulsan ahora una serie de proyectos de ley para reducir las bebidas que, según ellos, contribuyen al aumento de los índices de obesidad y diabetes. Una de las medidas gravaría a los distribuidores de sodas con 2 centavos la onza.
Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Rhode Island y Vermont también consideran impuestos estatales sobre las gaseosas. Al menos cuatro estados, incluyendo Arkansas y West Virginia, ya imponen impuestos, ya sea por onza o por ingresos brutos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Aunque nadie sabe cuánto gastará la industria para influir sobre los legisladores de California este año, su historial indica que el dinero tocará a casi todos los funcionarios del Capitolio.
Senador demócrata de Carmel, California, Bill Monning muestra la cantidad de azúcar en una botella de 20 onzas de Coca-Cola. Monning está impulsando una legislación que pondría etiquetas de advertencia de salud en las bebidas azucaradas. Describe a la industria de los refrescos como una gran influencia en la política de California. Foto: Samantha Young / Kaiser Health News
Un análisis de California Healthline encontró que 9 de cada 10 senadores estatales y miembros de la Asamblea, o un miembro de su personal, aceptaron una contribución de campaña, un regalo o donación benéfica en 2017 y 2018, de la American Beverage Association (ABA), o de su comité de acción política (PAC), de Coca-Cola Co., o PepsiCo, los tres mayores donantes de la industria.
La industria de los refrescos, al igual que otros grupos de interés gasta dinero para influenciar a los legisladores de varias maneras: contribuyendo económicamente a sus campañas y cabildeando con ellos y su personal, a veces pagando comidas, eventos y viajes. También dona a organizaciones benéficas en nombre de legisladores.
«Siguen el estilo de la industria tabacalera para proteger sus productos de las críticas, poniendo en duda a la ciencia, haciendo lobby o cabildeando entre bastidores, financiando grupos de apoyo, haciendo todo lo que hacen las industrias que fabrican productos potencialmente dañinos», dijo Marion Nestle, autora de «Soda Politics» y profesora emérita de nutrición en la Universidad de Nueva York.
La ABA y Coca-Cola no respondieron a las preguntas sobre donaciones políticas, y PepsiCo se negó a responder también. William Dermody Jr., vicepresidente de la ABA argumentó que los impuestos «excesivos» sobre las bebidas perjudicarían la economía.
«Es importante informar a los legisladores sobre las contribuciones que nuestros productos hacen a la economía local, no sólo con los millones en ingresos fiscales que generamos para el estado, sino también los salarios que proporcionamos a cientos de miles de trabajadores de California», dijo Dermody en un correo electrónico.
La industria de la soda no es la única que trata de influenciar a los legisladores
La California Medical Association y la California Dental Association, que representan a médicos y dentistas planean presentar una iniciativa por la que se gravaría a las bebidas azucaradas. Juntos gastaron unos 10 millones 600 mil dólares en cabildeo y contribuciones de campaña para influir en las legislaciones relacionadas con la salud en los últimos dos años.
Para la industria de la soda, 2017-18 fue particularmente costoso
¿Por qué? Cuando más ciudades de California aprobaban y proponían impuestos locales sobre las sodas, el año pasado las compañías destinaron 8 millones 900 mil dólares en una iniciativa estatal que hubiera dificultado a las ciudades recaudar impuestos nuevos, no sólo sobre las bebidas. El dinero procedía del PAC de la American Beverage Association, financiado principalmente por Coca-Cola, Pepsi y Dr Pepper Snapple Group.
Temiendo que los votantes californianos aprobaran límites para todos los impuestos locales los legisladores prohibieron a regañadientes los impuestos locales sobre los refrescos hasta el 1 de enero de 2031, si la industria abandonaba su propuesta de votación.
«No creo que tengan muchos amigos en la legislatura», dijo la representante estatal Lorena González (demócrata de San Diego). González recibió 11 mil dólares en contribuciones de campaña de la referida industria en los últimos dos años, y ha votado en contra de proyectos de ley para etiquetar y gravar las sodas; porque lo considera un impuesto “regresivo” que perjudicaría a las comunidades minoritarias pobres.
Entretener a los legisladores y a su personal
En 2017 y 2018 la American Beverage Association gastó poco más de un millón de dólares en hacer lobby con legisladores de California, mientras que PepsiCo gastó 371 mil 482 dólares, y Coca-Cola 352 mil 469 dólares, según la Secretaría de Estado de California. Eso es, casi un 70 por ciento más de lo que gastaron en los dos años anteriores.
La mayor parte del dinero se destinó a empresas de cabildeo integradas por ex empleados del gobierno, personas con conexiones en el Capitolio que saben cómo influir sobre una legislación.
La ABA gastó 379 dólares en comida para ocho legisladores en noviembre de 2017, como parte de una cuenta de 813 dólares por una cena en el exclusivo restaurante Kitchin Humble Market en Maui, donde un filete puede costar 65 dólares y un pescado frito 57. Los legisladores asistían a un retiro legislativo.
La asociación dio a 11 empleados de la legislatura entradas para los partidos de baloncesto de los Sacramento Kings y pagó por comida y bebida, a un costo que oscila entre los 163 y los 326 dólares por empleado. También desembolsó al menos 3 mil 747 dólares para que al menos 92 legisladores, personal e invitados asistieran a una proyección de «Black Panther» en marzo de 2018.
Cuando se le preguntó a la legisladora Sabrina Cervantes (demócrata de Riverside) por qué asistió a esa proyección, su portavoz dijo que ella «apoya las artes y celebra la diversidad en el cine».
El mayor gasto de cabildeo de la ABA fue un pago de 250 mil dólares a la California State Protocol Foundation, que financiaba viajes de Jerry Brown cuando era gobernador.
Por caridad
Aunque hay límites sobre la cantidad en regalos que pueden aceptar los legisladores, las compañías también buscan influencia haciendo donaciones caritativas ilimitadas en nombre de un legislador. Estas donaciones se conocen como «pagos a petición«, y la industria hizo casi 100 mil dólares en 2017 y 2018.
Asambleísta estatal demócrata de San Diego, Lorena González es escéptica con respecto a los impuestos a los refrescos y su impacto en las comunidades de bajos ingresos y minoritarias. Dice que la industria de los refrescos no ganó ningún amigo el año pasado, cuando maniobró una votación para prohibir los impuestos locales a los refrescos. Foto: Samantha Young / Kaiser Health News.
El año pasado, un distribuidor de Coca-Cola en el distrito de González donó en su nombre 10 mil dólares al San Diego Food Bank, una contribución que ella dijo desconocer hasta que fue contactada para este artículo.
A veces, los legisladores buscan contribuciones
Cuando el representante Adam Gray (demócrata de Merced) pidió que la ABA patrocinara la reunión anual de la National Conference of State Legislatures, la asociación dio 25 mil dólares en su nombre. Gray, quien representaba a California en la reunión dijo que era su responsabilidad conseguir patrocinadores y que solicitó el patrocinio de varias corporaciones.
Según Gray, esas contribuciones no influyen en su voto y puso como ejemplo que Google donó 100 mil dólares aunque él votara a favor de leyes de privacidad a las que la compañía se oponía.
«Si quieren apoyar mi agenda, mi historial de voto y las cosas que defiendo, estoy encantado de recibir ese apoyo», dijo Gray. «Pero no tiene nada que ver con cómo represento a mi distrito o cómo tomo decisiones sobre política pública».
Financiamiento de campañas
El método más directo que utilizan los grupos de interés para influir en el proceso político es dar dinero a campañas, partidos políticos y grupos legislativos.
Además de gastar 8 millones 900 mil dólares en la iniciativa de votación estatal, el PAC de la ABA, PepsiCo y Coca-Cola donaron alrededor de 1 millón 100 mil dólares a otros esfuerzos políticos estatales y locales en los últimos dos años.
La mayoría de los legisladores recibieron de la ABA, Coca-Cola o Pepsi —o de las tres— dinero en efectivo para su campaña.
Un vocero de Coca-Cola dijo que seleccionan a los receptores basándose en los comités que se les asignan, su membresía a grupos, puestos de liderazgo y si representan a regiones con empresas de Coca-Cola.
«No hay un enfoque único», explicó el portavoz de la compañía, Max Davis. «A veces, las opiniones de los candidatos que apoyamos difieren de las nuestras».
Monning aseguró que la industria de los refrescos es un adversario formidable. Muchos colegas le dicen que no pueden votar por una legislación que afectaría las ventas porque tienen un distribuidor en su distrito.
Además de un impuesto estatal sobre las sodas, los proyectos de ley de este año requerirían etiquetas de advertencia sobre el azúcar e impedirían a las compañías ofrecer incentivos a los minoristas para vender sus bebidas. También prohibirían a los minoristas la venta de refrescos de gran tamaño y las ventas junto a los cajeros de salida.
Monning dijo que mientras se consideran estos proyectos de ley, su pregunta para los legisladores es simple:
«¿Representa usted a la industria de los refrescos o representa a los niños de su distrito cuya salud sigue empeorando?»
