Marco Vinicio González
Noticiero Latino
Primera I
El acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos alarma, y acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo; porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades suelen descansar en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, por cierto la mayor del planeta, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad en la realidad social, ni a la comisión de delitos cometidos por los diferentes grupos. Además, el rápido crecimiento de dicha población en cautiverio revela también la existencia de una floreciente industria privada que construye y administra gran parte de las cárceles estadunidenses, con contratos multimillonarios con el Estado. Esta es la Primera entrega de una serie de tres.
La respuesta de los presos a la represión y al abuso de que se presume son objeto por parte del sistema carcelario de California se ha dado últimamente de manera elocuente con la vigorosa huelga de hambre que unos 30 mil reos sostuvieron en la cúspide de un ayuno durante las primeras cuatro semanas, de las ocho que duró la protesta en unas 33 prisiones del sistema penitenciario estatal, que finalizó apenas el viernes 6 de septiembre principalmente por el vigoroso esfuerzo de los presos en huelga, y por la intervención de los congresistas demócratas, Tom Ammiano, de San Francisco, y Loni Hancock, de Oakland. En algún momento de la crisis incluso una corte federal otorgó a médicos y funcionarios de esas prisiones la facultad para comenzar a alimentar por la fuerza a algunos reclusos que se considerara incapaces de tomar por sí mismos decisiones médicas, luego de haber participado por largo tiempo en dicho ayuno “contra el confinamiento solitario y otras severas condiciones de la reclusión”. El fallo judicial autoriza también a los funcionarios de las cárceles a ignorar instrucciones expresas de algunos reos que se negaron anticipadamente y por escrito a recibir alimentación asistida, con el argumento de que éstos presos suscribieron bajo coerción tal petición de ‘no reanimación’.
Radio Bilingüe le entra al tema
“Hoy volvemos al asunto de la huelga de hambre que desde hace cinco semanas agita los ánimos dentro de los muros de las prisiones estatales de California, el estado que hasta antes de ser obligado por ley a soltar muchos presos concentraba la mayor población carcelaria de todo el país”, decía el 14 de agosto Samuel Orozco en el programa Línea Abierta que él mismo condujo.
El ayuno fue el instrumento de la protesta de los presos “contra el trato que reciben y por el cese del confinamiento solitario indefinido dentro del sistema penitenciario estatal», que se prolonga a veces hasta por 10 años aunque que existe el precedente de un prisionero que lleva confinado en solitaria ¡42 años!, porque “constituye tortura, es inhumano y además es ilegal”, puntualizaba Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe.
Hasta ese momento la postura de Jeff Beard, el Secretario a cargo del Sistema de Correcciones de California había sido negar la existencia de toda crisis que tuviera que ver con el tema del confinamiento solitario; una práctica que la Organización de Naciones Unidas, la ONU define como tortura cuando se mantiene durante 15 días consecutivos sin contacto o interacción social a una persona. En tanto, Jeff Beard declaraba a los medios que el verdadero motivo de la huelga obedecía a “un juego de poder entre pandillas”. El asambleísta demócrata por San Francisco, Tom Ammiano pedía entonces al Departamento de Corrección y Rehabilitación de California que respondiera a las demandas de los huelguistas.
¿Cambiarán las condiciones en las cárceles de California con estas movilizaciones de políticos, defensores de derechos civiles, presos y simpatizantes de su causa? era la pregunta que soltaba al aire el programa.
La primera respuesta vino por teléfono del profesor de Ciencias Políticas de St. Mary’s College, Ron Ahnen, que en ese momento se hallaba en Sacramento, California, participando precisamente en un foro sobre el confinamiento solitario en las prisiones. Por esos días el Fiscal General de la Nación, Eric Holder había dado un discurso en la reunión anual de la Barra de Abogados de California, en San Francisco, donde cuestionaba los excesos cometidos contra las minorías por el sistema de justicia en este país, como una reminiscencia de la guerra contra las drogas de los años 80, misma que limitó desde entonces la discreción de los jueces para imponer sentencias menores, acordes de manera más sensata con la seriedad de la respectiva infracción.
“Está claro al reunirnos hoy”, decía Holder en su discurso, “que demasiados estadunidenses van a demasiadas prisiones durante demasiado tiempo y por ninguna razón o aplicación de la ley realmente buena”. Había incluso girado órdenes a los fiscales distritales para que dejaran de emitir las condenas obligatorias -de cinco años mínimo- a infractores no violentos o de bajo perfil delictivo implicados generalmente en delitos contra la salud; castigos a consumidores o poseedores de cantidades menores de drogas principalmente, con sentencias similares a las de quienes siembran por ejemplo 100 plantas de mariguana o tienen en su posesión 28 gramos de crack con el propósito de vender, para los que están diseñadas las sentencias mínimas y otras más severas también. Sin embargo, para el profesor Ahnen estas declaraciones del Fiscal General de la Nación, aunque bien intencionadas, “llegan tarde”, dijo lacónico en dicha ocasión.
Y es que hoy día decenas de miles de estos infractores han sido sometidos por fuerza a condenas propias de grandes capos o criminales violentos, pese a la protesta de los propios jueces, que se ven obligados a dictar dichas sentencias por efecto de la ley vigente.
También director de la organización de defensa de prisioneros, California Prision Focus, Ron Ahnen sustuvo que ha crecido demasiado rápido el número de personas en las cárceles de Estados Unidos (2.2 millones según The Sentencing Project), lo que “no es justo ni sirve a la sociedad, ni da seguridad social. No tiene ninguna razón de ser, salvo la de enriquecer a las grandes corporaciones privadas que administran las prisiones”, denunció.
Ahnen no está solo en esto
Una investigación periodista de la cadena televisiva MSNBC señaló recientemente que la cifra de 2.2 millones de presos en el sistema federal de prisiones en este país es alarmante, principalmente en el contexto de los países industrializados; y que su crecimiento lo es más aun cuando se considera que de 1980 a 2010 la población carcelaria estadunidense creció ¡800%! Añade que para 2011 el número de habitantes que estuvieron sujetos a supervisión correccional nada más en California ascendió a ¡7 millones de personas!, o uno de cada 34 habitantes de ese estado.
Como dato adicional, de la alarmante cifra de 2.2 millones de presos los mexicanos representaban hasta hace un par de años en Estados Unidos nada menos que el 15% de la población carcelaria general.
Vale anotar que la población carcelaria de Estados Unidos actualmente recluida en el sistema penitenciario rebasa con el 40% su capacidad de alojamiento. Hasta 2010, más del 77% de los presos en el sistema habían sido convictos por delitos relacionados a las drogas. O sea, casi ocho de cada 10 habían sido sentenciados con la mínima pena de cinco años por poseer cantidades menores –a veces irrisorias- de drogas.
En dicha ocasión Holder conminaba a los jueces del sistema judicial estadunidense a “ser más inteligentes al combatir el delito; hay que refinar el sistema de sentencias mínimas”, insistía, “usar la discreción, usar la cabeza al procesar a quienes delinquieron por faltas leves…”. Y aunque el profesor Ahnen valora estos esfuerzos del fiscal, proponía en la ocasión que “sería mejor actuar como ciudadanos -pues- no podemos esperar a nuestros líderes”.
Algunos estados han comenzado a eliminar esta práctica de la sentencia mínima de cinco años en su sistema, coincidía con Orozco el cientista político: “Por ejemplo Illinois, Mississipi, Main, Colorado… menos California”, se lamentaba, “que tiene casi 10 mil personas en confinamiento solitario, de los cuales 4 mil 500 están allí indefinidamente, sin ningún término para salir libres”.
En una entrevista previa de Orozco con el Capitán Jorge Santana, del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, el funcionario estatal aseguraba que los presos del sistema en confinamiento solitario, conocido en inglés como el SHU (Segregated Housing Units), no están en realidad en confinamiento solitario: “Porque los presos tienen una televisión” en su celda, “tienen ESPN”, en el hoyo, como se le conoce comúnmente al SHU en español, esas mazmorras sin duda deleznables.
“Primero, no todos los presos tienen una televisión, porque eso le cuesta mucho dinero a sus familias y no tienen dinero”, refutaba Ahnen con datos empíricos las declaraciones del capitán. Ese no era un método válido decía el académico, no es un método científico para medir el confinamiento. “Para medir el confinamiento solitario”, sostenía, “debe observarse el contacto humano, la interacción social… Una persona dentro de una celda de concreto de 8 por 10 (pies), sin ventana, sin acceso a llamadas telefónicas, sin visitas de contacto es absolutamente claro que está en confinamiento solitario”. La Organización de Naciones Unidas, la ONU por su parte considera que 15 días sin contacto humano o sin interacción social constituye tortura; y que la alimentación por la fuerza -en ocasiones suministrada a través de sondas- es también otra forma de torturar, pues resulta muy dolorosa.
En La ocasión Ahnen sugería al gobierno de California “corregir las demandas de los presos y otorgarles condiciones humanas, en lugar de estar peleando con la Corte Suprema”. Y agregaba: “Cualquier confinamiento solitario después de 15 días realmente se puede entender como tortura… En las prisiones -los reos- están 10, 20 años…, en California tenemos un preso con !42 años! en confinamiento solitario”.
“La sociedad protectora de animales, la asociación de académicos que trabajan con animales en investigación científica”, continuaba Ahnen, “no pueden mantener a esos animales en las mismas condiciones en que se mantiene a los presos en Pelican Bay (una cárcel de alta seguridad)… La reclusión solitaria llega a ser una violación a la ley internacional”, afirmó el también investigador.
Para apoyar la idea de la crueldad e insensibilidad de los funcionarios del sistema carcelario Ahnen trajo a la conversación el tema de Billy “Güero” Seal, el preso que por esos días se había suicidado tras participar en la huelga de hambre durante tres semanas sin recibir atención médica cuando la solicitó: “Se mató… este sistema induce al suicidio”, sentenció Ahnen.
Mediadores que trabajan en el esclarecimiento del suicidio del Güero Sell, confinado en solitaria en la Prisión Estatal de Corcoran, declaran que este caso es tratado por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California como un simple y llano suicidio. Estos mediadores se reunieron recién con autoridades de dicho departamento de correcciones, pero los funcionarios no fueron capaces de aportar ningún hecho concreto en defensa de su tesis, y mucho menos un argumento contundente en su favor.
“El sistema tiene que tomar alguna responsabilidad sobre esas muertes, porque son ellos los que han creado las condiciones que inducen a los presos a quitarse la vida”, acusó Ahnen.
Las cuentas del gran capitán
En la referida entrevista de Orozco con el Capitán, Jorge Santana fue cuestionado respecto a la protección que le confiere a los presos el derecho internacional, que condena el patrón penitenciario de trato cruel e inhumano y la tortura. Pero Santana negó enfático la existencia del confinamiento solitario en el sistema penitenciario californiano:
“No hay en las prisiones de California confinamiento solitario porque muchos de los prisioneros que están en el SHU tienen con ellos a otras personas que viven en la misma celda; se pueden comunicar con los oficiales, y no es como una persona cree, que están encerrados, sin luz y solos, sin poder salir a recreo o a bañarse… inclusive tienen ESPN, tienen TV, radio, reciben 26 canales, tienen acceso a la librería y a la escuela”.
Suena bien, sólo que al parecer las cosas no son exactamente así: “Yo no estoy de acuerdo con el capitán”, dijo Danny Murillo, otro invitado del programa que ahora estudia en la Universidad de Berkeley pero que a los 16 años de edad fue detenido y consignado por asalto a mano armada, delito por el que fue recluido a las celdas y yardas de una prisión de California. Desde entonces su periplo carcelario lo llevó por las cárceles de Tehachapi, High Desert y Pelican Bay, donde gastó siete años de su vida en la sección de castigos, o el SHU. Él contradice las declaraciones de Santana:
“Estoy completamente en desacuerdo con el capitán”, dijo, refiriéndose a la última vez que cayó preso y que pasó siete años en el hoyo. “Te ponen en una celda donde estás solo, o con una persona de quien terminas aprendiendo todo, con el tiempo”, soltó en tono de enfado; “pero todavía es algo que te priva de el contacto con otras personas, y ya después piensas: Necesitamos salir los dos, no más yo, o tú, sino los dos; los dos estamos sufriendo lo mismo… dos personas en una misma celda, con el mismo peso de estar siendo torturados”.
No obstante en 2011 hubo algunos cambios en el sistema penitenciario, una nueva estrategia que incluyó la prevención y la rehabilitación, afirmó Santana. Respecto a la existencia de presos de alta seguridad en Pelican Bay, que han pasado hasta décadas en confinamiento solitario, el capitán lo justificó de esta manera: “Todo por su comportamiento, por no querer renunciar a los grupos que hacen amenazas a la sociedad… que matan gente”. Y sobre la muerte de Bill Güero Sell Santana reiteró la socorrida hipótesis del suicidio: “Él se quitó la vida por su parte… no falleció por causa de la huelga de hambre… hasta la fecha ha habido muchos que han estado en la huelga de hambre y hasta han subido mucho de peso”. Y ante la falta de atención médica oportuna que los presos solicitan en momentos críticos y que se les niegan sistemáticamente, como en el caso del Güero Sell, Santana puso en duda este señalamiento: “Porque en el SHU hay personal médico y enfermeras que están en esa área, ayudantes de psicólogos… hay mucha vigilancia incluso del personal y de guardias”.
La Asociación Americana de Correcciones reconoció por su parte las precarias -por decir lo menos- condiciones en Pelican Bay. “Pero nosotros no negociamos con criminales”, aclaró el capitán, “como para darles las cosas que piden: salir del SHU de regreso a la población carcelaria general. Pues son personas que han matado, que andan en actividades criminales, mandando matar a personas o a vender droga… Hay modo de salir de ahí, si se portan bien, si siguen los reglamentos… cientos han salido…, pero quieren ver películas ‘R’, de violencia, y no se los vamos a permitir”.
Entre los cambios operados en el sistema Santana se refiere a algunos de ellos: “Antes, si una persona tenía un tatuaje de un grupo amenazante para la sociedad (léase pandilla), o si tenían comunicación con otras personas que ya eran parte del grupo, pues eran cinco puntos los que se les quitaban; y no necesariamente tenían que estar conectados a un crimen… antes iban al SHU. Ahora no, ahora -enviarlos al hoyo- tiene que ver con un comportamiento documentado; tienen que haber cometido un crimen en el interior de la cárcel para irse al SHU… el proceso de valoración ha cambiado, y por eso cientos han regresado a la población general”.
Luís Jauregui, también invitado de Línea Abierta expresó su desacuerdo. Él fue convicto y estuvo en Holsom, High Desert y San Quintin; vivió la experiencia del confinamiento durante casi un año y contradice también ‘las cuentas del gran Capitán’: “Lo que reportan los oficiales del sistema carcelario de California es falso. Mandan a mucha gente a los SHUS simplemente por un tatuaje… será algo cultural, o algo, no sé… por ejemplo, un tatuaje de Cesar Chávez… yo no tuve la oportunidad de tener visitas, ni de salir a la yarda, ni ningún programa, aunque nunca hice ningún mal a nadie en el penal. Y eso afecta a la familia, a los hijos de los presos… me castigaron por una pelea entre dos grupos, uno mexicano, y me asociaron con ese grupo, aunque yo estaba en otra prisión cuando pasó la pelea”.
Apenas escuchó esto Alejandra Woolword llamó al programa por teléfono, desde Oregon, para plasmar su indignación y su desacuerdo con el capitán de marras, echando mano de un viejo refrán popular: “Andamos en la calle del jabonero, y el que no cae resbala”, sentenció. “Cualquier persona puede terminar en una prisión, tanto por dar un cheque sin fondos como por cometer un crimen”, dijo. “El capitán es un mentiroso, porque el SHU ‘aplica’ castigo en general… tanto por intercambiar unos zapatos como una sopita de esas que se revuelven con agua… Yo tengo ‘orita a mi hijo en la prisión…, le dieron 180 días en el hoyo nomás por cambiar unos tenis. Es un submundo, viven como animales”, deploró la mujer.
De hecho la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, Aclu demandó al Departamento de Seguridad Interior (DHS), por trato cruel contra prisioneros con algunos padecimientos mentales, en la demanda que se conoce como González vs Napolitano.
Para el capitán sólo quienes se portan mal en la cárcel pasan tiempo en confinamiento, sobre todo quienes reinciden. Y las normas que establece el derecho internacional contra la tortura, para Santana simplemente no ‘aplican’ a las cárceles de California; porque en éstas no existe el confinamiento, según él: “En las prisiones de California no hay confinamiento solitario, eso sólo pasa en las películas…”.
Todo el que quiere ser rehabilitado puede ser rehabilitado, insiste el oficial. “En el SHU pueden obtener su diploma de bachillerato, educación universitaria por correspondencia, recibir su GED, atender a alcohólicos y narcóticos anónimos, y cuentan con ayuda religiosa”.
Danny Murillo refuta de nuevo: “Estoy completamente en desacuerdo con el capitán. Cuando yo estaba en la prisión, el ultimo año que estuve en Corcoran, el programa o cursos para ir el colegio se terminó ese año”, a causa de los recortes presupuestarios.
“Lo que me hace mal es haber salido después de 14 años sin ningún recurso disponible para poder sobresalir en la vida. Todo ha sido ayuda de la familia, o de alguno que otro profesor o consejero; pero que haya un programa de ayuda para rehacer la vida afuera de la prisión…, no existe”, lamentó.
Otra mujer, María habló desde San José para dirigirse a las familias con hijos en esos calabozos, y pedirles con un tono de urgencia en la voz: “No los abandonen, no los dejen solos porque en esos calabozos vuelven locos a los muchachos; a veces ellos no aguantan y cometen suicidio sin que ni siquiera nos demos cuenta”. La única manera en que ellos pueden mantenerse bien, explicó la mujer, “es cuando las familias están viéndolos, dándoles apoyo…, para que no vayan a morir”. Porque según esta madre afligida, “eso quieren de estos muchachos, la mayoría mexicanos… Yo les digo por experiencia, porque mi hijo estuvo en ese calabozo por 13 años. Y yo tuve que estar al lado de él, porque ya estaba perdiendo su memoria, estaba perdiendo su modo de pensar. Y es una tristeza, que estén cometiendo ese genocidio con esos seres humanos”. Ella aseguró saber de primera mano que esa práctica del Departamento de Correcciones “es para mantener a esos muchachos recluidos ahí; porque ellos -los funcionarios- reciben muchísimo dinero. Tres veces más dinero cuando los tienen en esos calabozos que cuando están con la población general de la prisión”.
