La Secretaria del Departamento de Correccionales de Florida, Julie Jones visita a los reclusos de la Institución Correccional de Wakulla, y les informa sobre el procedimiento para recuperar su derecho al voto. Foto: Departamento de Correcciones de La Florida.

De la redacción

Como es sabido, muchos nuevos miembros del Congreso ganaron sus escaños en noviembre tras comprometerse a aprobar reformas democráticas «audaces» y «radicales». En el campo de los derechos civiles, los votantes estadunidenses aprobaron también un número récord de medidas relacionadas con la democracia. Una de ellas es la  supresión del voto en sus diferentes formas, derechos de voto, redistribución de distritos, extensión de días y lugares para votar, o dinero en la política y para promulgar el registro de votantes automático y el mismo día.

Colorado, Michigan, Missouri, Ohio y Utah aprobaron por ejemplo iniciativas dirigidas por los propios ciudadanos a reformar la redistribución de distritos.

La Florida por su parte votó abrumadoramente para restaurar los derechos de voto de casi 1.5 millones de personas con condenas penales pasadas, para lo que pasó la Enmienda 4, un adelanto en la reforma del sistema de justicia penal.

La revista The Appeal, especializada en el tema, señala que la Enmienda 4, aprobada en noviembre con el 65 por ciento de los votantes de La Florida, “restablece los derechos de voto de los ciudadanos estadunidenses con condenas cumplidas por delitos graves, excepto a los condenados por asesinato o por un delito sexual grave». Desde que entró en vigencia la Enmienda, sostiene, «se ha visto un aumento en los registros del votante».

No obstante, ahora se observa un intento por disminuir dicha reforma en La Florida, con la introduccion a la Legislatura de una enmienda que prohibe a ciertas personas volver a votar. “Los legisladores están redefiniendo ciertos delitos para establecer o imponer amplias excepciones a quienes pueden recuperar el derecho al voto”, dice la fuente.

Este proyecto de enmienda, por ejemplo, podría excluir del derecho al voto a personas que todavía están pagando multas y cuotas, o a condenados por  homicidio involuntario, homicidio vehicular e intento de asesinato”. Sin embargo, todavía no está claro qué incluye exactamente la excepción.

La enmienda fue discutida el martes en un subcomité de justicia penal de la Cámara de Representantes, y al parecer, hasta el momento “no ampliará la definición de asesinato, más allá de los delitos de primer y segundo grado; pero agregaría a la lista de delitos docenas de ellos relacionados con sexo, como los ‘delitos sexuales graves’, o el tráfico y la ubicación de una tienda de entretenimiento para adultos a no menos de 2 mil 500 pies de distancia de una escuela”.

Además, esta enmienda eleva otras barreras a los exconvictos de La Florida. Por ejemplo, aunque los honorarios legales de un convicto no formaban parte de la sentencia de alguien, e “incluso si la persona nunca fue a prisión, las multas, honorarios y obligaciones financieras de los tribunales se tendrían ahora que pagar antes de que alguien sea elegible para registrarse a votar”.

Con todo, organizaciones civiles han decidido desafiar esta nueva enmienda de marras y Neil Volz, director político de la Coalición para la Restauración de los Derechos de La Florida (FRRC), anuncia que “Vamos a luchar tan duro como podamos para asegurarnos de que se respete la intención de los votantes”.

Por su parte Jeff Brandes, un senador estatal republicano que es clave en esta reforma y que redactó este mes preceptos de la legislación para aclarar el proyecto de enmienda, dijo que creía que el intento de asesinato debería ser un delito descalificador.

Otros legisladores sin embargo no se han puesto de acuerdo sobre qué crímenes debían incluirse. Michael Gottlieb, un representante del estado y ex abogado defensor, dijo que “los individuos condenados por homicidio no deben ser incluidos entre los condenados por asesinato en primer y segundo grado… Uno puede ser un acto negligente, y el otro es un acto intencional… la Legislatura debe tomar medidas para aclarar cualquier confusión”.

Al abogado defensor le preocupa que algunas de esas enmiendas, “aunque bien intencionadas” sean subrepticiamente introducidas en la boleta por ciertos grupos sin ser discutidas y examinadas previamente por el proceso legislativo en algún comité. “Donde realmente hablamos e intentamos deshacernos de este tipo de problemas y de este tipo de distinciones».

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de La Florida encuentra por su parte innecesario aclarar la ley. “Es clara sobre lo que constituye un asesinato y un delito sexual grave”, por lo que “la Legislatura no necesita actuar para aclarar los términos”.

Y la directora ejecutiva de ACLU de La Florida, Micah Kubic sostuvo a la fuente que “Los delitos específicos que están excluidos se explicaron en el lenguaje de la enmienda constitucional, y se refieren a cosas específicas». Mientras que el director político de esta organización legal, Kirk Bailey le dijo al Orlando Sentinel, citado por The Appeal, que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes «es una afrenta para los votantes de La Florida».

Por su parte Neil Volz, de la FRRC, el grupo que lideró los esfuerzos para aprobar la Enmienda 4, afirma que los redactores de esta Enmienda «pretendían excluir sólo a los condenados por los ‘peores casos’ de asesinato y agresión sexual».

La fuente sostiene que los legisladores y defensores dicen estar preocupados de que habrá dos consecuencias negativas, “si la enmienda es confusa o se aclara de una manera que la haga aún más confusa”.

Neil Volz señala también que «a algunos les preocupa que las personas puedan creer falsamente que son elegibles para votar cuando en realidad no lo son». Y advierte: “Si esas personas marcan la casilla en sus solicitudes de registro de votantes indicando que se les han restaurado sus derechos, podrían ser culpables de perjurio, un delito grave que podría enviarlos de vuelta a la cárcel”.

Algo que trae calma a las  agitadas aguas del tema por la indefinición o por la confusión, es que “el proyecto de ley está redactado de tal manera que no podría procesar a nadie por fraude electoral”, dijo a su vez Jack Campbell, un abogado estatal con sede en el centro de La Florida. “A menos que la persona esté encarcelada y trate de registrarse».

Campbell señaló a la fuente que para poder procesar a individuos por violar la ley, la Legislatura tendría que definir claramente qué delitos están excluidos y qué se define como asesinato.

Micah Kubic insistió en que «Si es nebuloso, no será procesable», y agregó que los fiscales de La Florida “no están interesados en procesar a alguien que no entendía dónde está la línea» de la definición. Pero señaló otro riesgo: “Más que el posible fraude, es que aclarar la legislación podría tener un efecto escalofriante en el registro de votantes».

Si los ciudadanos que regresan al proceso electoral no están seguros de si califican o no para la restauración de derechos de voto, «pueden decidir no registrarse y no votar en absoluto». Y asegura que la información errónea serviría como un bloqueo para las personas que de hecho son elegibles, incluso bajo esta norma más onerosa y más difícil».

Con todo, Kubic aseguró a The Appeal que el registro de votantes había aumentado aproximadamente un 36% en enero, en comparación con el mismo período los dos años previos. Sin embargo le preocupa que “miles y miles de personas puedan no estar seguros de su situación y por tanto prefieran no registrarse»■