Justicia desigual, por el peso del dinero en la balanza de la justicia penal. Foto: ACLU Nebraska.
Como parte de nuestra cobertura sobre el sistema de justicia penal, las ideas y los esfuerzos por reformarlo, Línea Abierta de Radio Bilingüe realiza esta serie especial que examina la flamante ley de California (SB 10), recién firmada por el gobernador Jerry Brown, que pone fin la industria de las fianzas para otorgar libertad bajo caución. Esta ley es saludada por sus defensores como un hito histórico y como la primera en su tipo en la nación. Pero no todos piensan lo mismo. De hecho, muchos de sus promotores originales han terminado por distanciarse de ella en el último tramo. Esta serie se realiza en colaboración con The Justice Collaborative, y con fondos de la Fundación Public Welfare.
Por Samuel Orozco
Director de Noticias de Radio Bilingüe
En un paso elogiado por muchos como histórico, el gobernador Brown de California firmó hace un par de semanas la Ley de Reforma de Fianzas de California, o SB 10 como también se le conoce, que reforma el sistema penal poniendo fin al uso de fianzas en dinero; sustituyéndolo por el uso de una evaluación de los riesgos que significaría dar libertad a quienes se hallan sujetos a proceso penal. Según lo estipulado en la nueva ley, la mayoría de los detenidos por delitos no violentos saldrían libres a más tardar en doce horas.
Con esto, California pasó a ser el primer estado en dictar el cierre de la industria de las fianzas para presos. Nueva Jersey y Nuevo México, aunque ya antes habían reformado su sistema de fianzas, no le pusieron fin, no las abolieron.
Al firmar la ley, que está fijada para entrar en vigor dentro de un año (1 de octubre de 2019), Brown dijo: “Hoy, California reforma su sistema de fianzas de manera que ricos y pobres sean tratados justamente”.
Defensores de la medida de California secundaron las palabras de Brown, asegurando que con ello se acaba la predatoria industria que ha lucrado con el negocio de fianzas comerciales, una industria y un sistema que han procreado la actual crisis de encarcelamiento masivo.
“Ya no se encerrará más a la gente en la cárcel sólo por el hecho de ser pobre”, y “ya no habrá más compra de la libertad por parte de los procesados ricos”. Así saludaron la ley SB 10 sus defensores.
Tratemos de echarle luz al debate y pongamos sobre la mesa los argumentos centrales de ambas partes, en el ánimo de alentar la participación informada de usted como ciudadano.
Para eso, hemos invitado a una representante tanto de la coalición que abogó por la aprobación de la ley SB 10, como de quienes hoy la censuran.
Mary Gutiérrez, Directora de Campañas Estratégicas, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, (SEIU-Región California), señaló a Línea Abierta por qué decidió extender su apoyo a un asunto de primer orden.
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“En este país y en este estado tenemos un sistema de justicia que trata mejor a las personas que son ricas, pero culpables, que como trata a las personas que son pobres e inocentes”, dice la sindicalista.
Lo critican como un sistema de fianzas que ha estafado y ha robado a la gente su dinero. Y también dicen que ahora disminuirá la gente que se halla privada de su libertad, encarcelada.
Pero no todos están de fiesta. Para empezar, quienes no celebran son los dueños de las compañías de fianzas, que predicen que bajo el nuevo sistema, peligrosos delincuentes podrían salir en libertad. Que la ley da un poder casi absoluto a los jueces, quienes a su libre albedrío podrán decidir quién es un riesgo o amenaza pública y quién no. Quién va a la cárcel, y quién queda libre.
Esta ley, ¿no daría luz verde a jueces que tengan un criterio prejuiciado? Se dice que tal como está escrita, impone la presunción de detención del procesado. En vez de ser al revés, que el juez tenga la obligación, o la carga de probar que el sujeto bajo proceso debe quedar en detención.
“Bueno, para aclarar las cosas…, los jueces ya tienen el poder”, dice Gutiérrez, que se ubica entre quienes defendieron el paso de la ley.
Mary Gutiérrez, Directora de Campañas Estratégicas del SEIU. Foto: Radio Bilingue.
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Bajo la nueva ley, para poder conceder la salida de prisión bajo fianza ahora se tendrá que evaluar el riesgo que significa para la sociedad el o la procesada; la amenaza que represente un individuo de reincidir, o de no presentarse a la corte en su cita los jueces dependerán de un algoritmo. Una herramienta que determina ese riesgo, algo así como un software de computadora.
Pero esta herramienta de evaluación de riesgo puede llevar a más cárcel preventiva contra los afroamericanos y contra los latinos, porque la computadora dependerá de los datos que aporte el sistema penal; y esos datos pues ya están viciados de origen, porque la gente con mayor historial de arrestos generalmente vive en las barriadas de la gente de color… Se dice que en Kentucky, con este sistema las cosas empeoraron.
“Este proyecto de Ley no va arreglar todo. Sólo es el primer paso. Esto va a tomar años y años para poder construir un sistema de justicia en este país y en este estado. Nosotros esperamos que California sea el ejemplo para el resto del país”, sostiene Gutiérrez.
Pero hay quienes proponen en vez un mecanismo de ‘evaluación de riesgo’, mejor uno de ‘evaluación de necesidad’. En lugar de ponerse a ver las predicciones, mejor ver las admisiones a la cárcel.
¿Por qué tantos reformistas que apoyaron originalmente la ley se bajaron del tren y se pasaron a la oposición? Dicen que todo iba bien con la ley, hasta que les cambiaron la jugada de último minuto. ¿Por qué no se trataron de consensar esos cambios de la ley al último?
Escuche:
Pero no todos festajan a la SB 10. Las agrupaciones de derechos civiles y reformistas del sistema penal que apoyaron en su momento el plan pero que repudian el producto final, dicen que saldrá peor el remedio que la enfermedad; que no bajará el número de encarcelados ni tampoco la tendencia a castigar más a los afroamericanos y latinos.
Norma Chávez-Peterson es Directora Executiva de la Sección de San Diego e Imperial de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), se ubica en oposición a esta ley.
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Al frente con el micrófono Norma Chávez-Peterson, Directora Executiva de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) Sección San Diego e Imperial, California, en el edificio municipal de San Diego.
“En el último minuto cuando el autor de la ley, Robert Hertzberg empezó las negociaciones con el gobernador –Brown- para enmendar la propuesta… ya cuando nos dimos cuenta de los cambios, en lo que habíamos estado trabajando… se tornó en algo para empeorar, tuvimos que cambiar nuestra posición y oponernos a la ley”, dijo Chávez-Peterson.
“Ahora, la protección contra los prejuicios raciales, en las decisiones en el proceso, diseñado para decidir si alguien es liberado antes del juicio, es algo que cambió completamente. Antes era, si tenías dinero, tenías fianza. Ahora la decisión va estar basada en que el juez tendrá mucha discreción. Y sabemos que en este estado hay evidencia de mucha discriminación racial contra las comunidades afroamericana y latina… para nosotros era mucho el riesgo”.
Pero los defensores de la ley dicen que no hay que ver las cosas a corto plazo. Que esto es apenas el principio de un trabajo de reforma al sistema de justicia penal y que no todo cambiará en un solo proyecto de ley. Se requerirá ir reformando poco a poco el sistema, con una serie de reformas.
¿Por qué no agregarle enmiendas o reformas en vez de abolir toda la ley? ¿No será más difícil pasar una ley más radical que hacerle reformas parciales?
“No fue una deliberación…, no fue fácil, tomar la posición que tomamos; pero sí tuvimos muy claro que la justicia racial no es algo negociable… claro que estamos comprometidos a trabajar en nuestras comunidades locales… tenemos que desarrollar más poder en nuestras comunidades de color para seguir avanzando leyes… sin renunciar a nuestros valores”.
Escuche a Chávez-Peterson explicar la razón por la que tuvieron que cambiar su posición:
