Inmigrantes en Masschusetts defienden el TPS. Foto: https://miracoalition.org.
En una sorprendente y fulminante decisión unánime la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos niega a los titulares del Programa de Protección Temporal, TPS, que entraron si autorización a este país, la posibilidad de solicitar la residencia permanente o la codiciada Green Card. Sí podrán obtenerlo en cambio quienes entraron al país y se quedaron cuando expiró su visa. El máximo tribuna señaló que este estatus no puede ser considerado una forma de admisión legal a este país.
De la redacción
Los inmigrantes que ingresaron sin documentos de inmigración a Estados Unidos y se les concedió una estadía temporal por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente, dijo en un fulminante fallo unánime la Suprema Corte de Justicia estadunidense, en un escrito sorprendentemente dado a conocer por la jueza Elena Kagan.
Aproximadamente unos 400 mil inmigrantes de diversos países (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Birmania, Nepal, Somalia y Sudán), han recibido hasta el momento el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Este estatus permite a los inmigrantes quedarse en el país temporalmente protegidos de la deportación y con un permiso de trabajo, tras emigrar a este país debido a condiciones inseguras o crisis diversas en sus países de origen, como la violencia armada, civil y militar, la miseria o las catástrofes naturales.
La Ley de Inmigración establece que para recibir el TPS las personas deben ser “inspeccionadas y admitidas de manera condicional en Estados Unidos”, tras ser liberadas por Inmigración; un argumento que según expertos mantiene dividas a las cortes inferiores.
La ley del ramo, por ejemplo, permite en cambio solicitar este estatus –la tarjeta verde’- a los inmigrantes que habiendo ingresado al país permanecieron en él luego de que sus visas expiraran, porque ya habrían sido inspeccionados y admitidos.
Tanto a propios como a extraños sorprendió sin embargo que fuera precisamente la jueza Elena Kagan, una de los tres magistrados de corte liberal, quien escribiera para sus colegas el texto de la Suprema en el caso del inmigrante José Santos Sánchez, quien ingresó sin autorización al país en 1997.
Kagan sostuvo que la concesión del TPS en 2001 a Sánchez no cumplió con ese requisito legal: “Sánchez no fue admitido legalmente y su TPS no altera ese hecho”, escribió. «Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país», según trascendió en la prensa.
Por su parte, los jueces conservadores dijeron que un abogado del Departamento de Justicia parecía reacio a oponerse a la demanda presentada por Sánchez y su esposa, Sonia González, ambos originarios de El Salvador. El caso viene de la administración Trump, en tanto que el gobierno de Biden se caracteriza -casi siempre- por pedir indulgencia en asuntos de inmigración.
Sánchez y González, una pareja que contrajo nupcias en Nueva Jersey y quienes ingresaron al país por separado en 1997 y 1998, habían solicitado y recibido el TPS en 2001 debido a las insostenibles condiciones de vida en El Salvador, país que se encuentra entre las naciones de una lista del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para la elegibilidad del TPS.
Los funcionarios de Inmigración dictaminaron que originalmente la pareja ingresó a este país sin autorización del gobierno, situación que los descalificaba del ajuste de estatus. El gobierno se basó en el texto de la Sección 1255 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que restringe el proceso de ajuste de estatus en el país a los no ciudadanos que no fueron inspeccionados y admitidos o puestos en libertad condicional en Estados Unidos.
Pero Sánchez y González argumentaron que el estatuto del TPS incluye una disposición que hace que los titulares de dicho programa sean elegibles para el ajuste de estatus incluso si no habían sido inspeccionados y admitidos o puestos en libertad condicional cuando ingresaron originalmente a Estados Unidos, según dice BlogScotus, una publicación electrónica e independiente de análisis y noticias sobre la Corte Suprema.
Específicamente, señala el blog, “la Sección 1254a (f) (4) establece que para propósitos de ajuste de estatus bajo la Sección 1255…, se considerará que el titular del TPS tiene y mantiene su estatus legal como no inmigrante». Y afirma que la frase “considerado en… estado legal”, hace que la concesión de TPS sea equivalente a ser inspeccionado y admitido como no inmigrante legal.
Sánchez y González argumentaron que la investigación detallada que acompaña a los solicitantes de TPS es equivalente a la verificación que acompaña a la inspección y la admisión en un puerto de entrada.
Pero sorprendentemente la corte tomó el lado del gobierno –heredado de la administración Trump-, y rechazó la interpretación presentada por Sánchez y González.
“La sección 1255 generalmente requiere una admisión legal antes de que una persona pueda obtener el estatus de LPR (Registro de Abandono de Estatus de Residente Permanente)”, escribió Kagan. “Sánchez no fue admitido legalmente y su TPS no altera ese hecho. Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país», dijo la jueza contundentemente.
Se espera que la decisión desate polémica y opiniones legales encontradas, pero la decisión de la Corte Suprema sienta un precedente legal y permite que la administración federal actual avance con las deportaciones, aunque en el caso de los solicitantes de asilo. Sin embargo, no se puede apelar una decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos.
Veremos cómo se desenvuelve la referida decisión del Tribunal Supremo acerca de esta devastadora decisión para cientos de miles de inmigrantes.
Hoy seguramente el programa de Línea Abierta tocará el tema. Esté pendiente■
Línea Abierta
Por decisión unánime la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos niega a los titulares del Programa de Protección Temporal, TPS, que entraron al país si autorización, la posibilidad de solicitar la residencia permanente o la Green Card.
Aaquí dos testimonios obtenidos esta mañana con posibles titulares del TPS, una de ellas Alejandra Juliete, hondureña garífuna que reside en Nueva York, y Ana Ortiz, trabajadora esencial salvadoreña que vive en Maryland. Ambas cuentan su historia y los efectos de la decisión que tomó la administración Biden para negar a muchos inmigrantes en Estados Unidos la posibilidad de obtener la Green Card.
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