De la redacción
La Corte Suprema escuchará hoy a partir de las 10 de la mañana (tiempo del este) los argumentos orales para discutir si invalidar toda la Ley del Cuidado de Salud Costeable (ACA), el eje del sistema de salud estadunidense. El máximo tribunal analiza el caso más controversial quizás del mandato de Trump, que podría afectar a decenas de millones de estadunidenses, incluidos aproximadamente 20 millones que han obtenido cobertura a través del mercado de intercambios de ACA y la expansión de Medicaid a adultos de bajos ingresos. Y además derogaría la cláusula que protege a los usuarios con condiciones de salud preexistentes, y acabaría con la cobertura de adultos jóvenes que pueden estar cubiertos hasta los 26 años de edad bajo el plan médico de sus padres.
Hoy comienza discutirse el futuro de la Ley de Salud Costeable (ACA), conocida también como Obamacare. De triunfar los reublicanos en la Suprema Corte están en riesgo la cláusula de la ley que protege de la voracidad de las compañías privadas de seguro médico a las personas con afecciones preexistentes, o unos 133 millones de habitantes; y ahora que 10 millones de estadunidenses han contraído el coronavirus, este número pasa a sumarse a las personas con afecciones médicas preexistentes. También se desmantelaría las disposiciones que permiten a los padres mantener a sus hijos hasta la edad de 26 años en sus planes de seguro.
Esta es la tercera vez que la Corte Suprema escucha un desafío significativo a la ley, aunque lo que está en juego hoy es mayor, dadas las implicaciones del Covid-19. Pero además de estos casos de la Corte Suprema, ha habido más de mil 700 casos en tribunales inferiores, señala la Fiscalía estatal de Nueva York en un comunicado.
“La administración Trump y los republicanos en el Congreso han intentado más de 70 veces derogar a ACA… Se ha involucrado en una serie de acciones ejecutivas sin precedentes para socavar los mercados de seguros y privar financieramente a la ley… los estados rojos se rebelaron contra Obamacare desde el primer día en que fue aprobada… los partidarios de Trump han promulgado iniciativas estatales para obligar a los estados a llevar a cabo la derogación de toda esta ley”.
Vale recordar que en 2012 el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts emitió el voto clave en una decisión de 5 a 4 que sorprendió a los republicanos, al sostener que el mandato de cobertura individual de la ley es válido bajo el poder impositivo del Congreso”, dijo Roberts en su oportunidad.
Y para 2017 el Congreso liderado por los republicanos redujo a cero la multa fiscal para quienes carecían de seguro, como parte de la reforma fiscal del fin de ese año. Los estados liderados por los republicanos demandaron, argumentando que “dado que el mandato ya no estaba vinculado a una multa fiscal específica, había perdido su fundamento legal”. También argumentaron que “debido a que el mandato individual estaba entrelazado con una multitud de otras disposiciones, toda la ley debería caer, incluidas las protecciones para las personas con condiciones preexistentes”, dice el comunicdo de la fiscalía.
Aun así, ACA puede ser el estatuto más resistente en la historia de Estados Unidos, afirma Letitia James, la Fiscal General del estado de Nueva York. “Ha hecho más que sobrevivir: ha transformado nuestro sistema de atención médica y la forma en que los estadunidenses piensan sobre su derecho a recibir atención médica.
En tanto, incluso republicanos prominentes como Eric Cantor, exlíder de la mayoría de la Cámara Representantes, han concluido que «no podemos volver a la era anterior a la ley, cuando millones de personas menos tenían acceso», apunta el comunicado.
“Sin embargo, aquí estamos de nuevo, en la Corte Suprema, por un caso tan débil que incluso muchos juristas conservadores que se oponen a la ley también se oponen a la demanda”, liderada por Texas a nombre de unos 20 estados, deplora James: “Lo que está en juego es, además de casi una quinta parte de nuestra economía, que es lo que representa la industria del cuidado de la salud… es la democracia, y el deber de la corte es dejar las decisiones políticas en manos de los poderes electos del gobierno”.
La doctrina legal de la «divisibilidad», en el centro del nuevo caso que ventila la Suprema, “se convirtió en una especie de nombre familiar en las audiencias de confirmación de Amy Coney Barrett”. La doctrina requiere que los tribunales dejen el resto de los estatutos en pie cuando se invalide una disposición, “a menos que el Congreso haya indicado claramente lo contrario. Requiere que los tribunales respeten las acciones del Congreso, y el Congreso no borró toda la ley de los libros. La Corte Suprema, según la doctrina establecida, tampoco debería hacerlo”, concluye la fiscal neoyorquina■
