Afuera de la Suprema Corte de Justicia cuando el máximo tribunal votó 4 contra 4 sobre aprobar la orden ejecutiva de Obama para activar el nuevo DACA y DAPA. Foto: Publica Radio International.

Como se sabrá, las cortes de Inmigración en este país, que son quienes deciden sobre el destino inmediato de los inmigrantes indocumentado y en busca de asilo, operan bajo las órdenes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin pertenecer a una rama propia de la justicia, como las cortes federales que pertenecen al Sistema Judicial. Porque aunque cuentan con una Junta de Apelaciones de Inmigración, algunas de sus decisiones pueden ser sin embargo revertidas por el Procurador General de Justicia, que en este caso es el ex senador por Alabama, Jeff Sessions, quien es elegido por el presidente de turno, hoy Donald Trump.

De la redacción

Se sabe también que las cortes de Inmigración se hallan atascadas, con un retraso de aproximadamente 540 mil casos pendientes o en la línea de espera, afirma la publicación Quartz, un portal de noticias digital creado por gente de negocios en la nueva economía global, para uso principalmente de tabletas y teléfonos móviles.

Este monumental rezago de los casos de indocumentados que atesta con sus expedientes los pasillos de las cortes de Inmigración a tal grado que un funcionario de una de estas cortes comentó a la fuente estar sorprendido y no saber “por qué el Departamento de Bomberos no ha clausurado esas oficinas”, a punto de causar un incendio de dimensiones colosales.

La fuente sostiene además que sin embargo este inmenso rezago en la atención de los casos pendientes no sólo responde a la fama de incompetencia –falsa o verdadera- de los funcionarios esta rama de la justicia para la atención de los indocumentados, sino que data incluso de antes de la era Trump. Por lo menos desde George W. Bush, con los sucesivos procuradores generales Alberto Gonzáles y John Ashcrofft, que castiga a los jueces de Inmigración que tomaban el lado de los inmigrantes indocumentados, señalándolos de sucumbir ante sus propios sentimientos y actos de fe a la hora de interpretar la ley.

Porque “Según el fiscal general de George W. Bush, Alberto Gonzáles, los jueces de inmigración fueron contratados en base a sus credenciales republicanas y conservadoras, de acuerdo con los resultados de una investigación interna del Departamento de Justicia lanzada en 2008, luego de que Gonzáles había renunciado”. Otro procurador general de Bush, John Ashcroft,” reconfiguró la Junta de Apelaciones de Inmigración, el organismo que resuelve las decisiones impugnadas por los jueces de Inmigración. Un análisis de un ex miembro del Congreso sugiere que eliminó miembros que tendían a unirse a los inmigrantes. Ashcroft calificó esas afirmaciones de ridículas; sus críticos las llamaron una purga”.

Quartz señala también que durante la crisis de los niños inmigrantes no acompañados, principalmente centroamericanos que atestaron la frontera en Texas en busca de asilo, las órdenes que descendieron de la fiscalía fueron las de enviar estos expedientes a la pila o montaña de casos pendientes para un día de corte, resultando en perjuicio de los inmigrantes indocumentados que ya estaban cerca a la revisión de sus respectivos juicios de inmigración. Sus periodos de espera se extendieron.

Otro elemento que la fuente afirma incide en esta carga de retrasos es que los jueces de Inmigración no tienen un empleo garantizado de por vida, que les asegure que pueden hacer su trabajo libremente, con independencia y autonomía, sin el temor a represalias como la de ser despedidos. Y por eso, sostiene la fuente, los jueces extreman la cautela y trabajan más lentos.

Por si fuera poco, continúa Quartz, una de las órdenes ejecutivas sobre inmigración que dictó hace poco el presidente Trump fue la que pidió que el Fiscal General desplegara inmediatamente a los jueces de Inmigración hacia los centros de detención, presumiblemente en un intento por acelerar los casos de las personas allí detenidas.

Sin embargo, la presión para moverse rápidamente, junto con la montaña de casos pendientes que ya están obstruyendo el sistema, “esto podría resultar posiblemente una enorme tentación para el gobierno, para utilizar esta circunstancia y escatimar el debido proceso” al tratar de superar dicho rezago■