De la redacción
Recientemente, más aún que los delitos por drogas el de entrar y re-entrar al país de manera ilegal está pasando a ser el cargo más procesado en Estados Unidos. Incluso el presidente Trump amenaza con movilizar a las fuerzas armadas para sellar la frontera sur y reprimir si es necesario a los migrantes que intenten cruzar sin autorización legal. En estos momentos vendrían siendo principalmente los de “La Caravana” de centroamericanos que viene cruzando por México. Como parte de nuestro reporteo especial sobre el sistema de justicia penal en Estados Unidos, hoy en Línea Abierta de Radio Bilingüe presentamos un programa más de nuestra serie especial sobre el sistema de justicia criminal en Estados Unidos, una serie en colaboración con The Justice Colaborative, con fondos de The Public Welfare Fundation/La Fundación de Bienestar Social.
Esta mañana trascendió que el presidente Trump está contemplando emitir una acción ejecutiva para impedir que los inmigrantes ingresen a este país desde México, a fin de movilizar su base electoral a 11 días de las elecciones de medio término de 2018. Entre tanto, las cortes federales a lo largo del suroeste estadunidense se llenan con migrantes que reciben audiencias en masa, desde que esta administración federal declarara su política de ‘cero tolerancia’ contra los inmigrantes.
Si bien la mayoría de los migrantes detenidos no han recibido condenas de cárcel todavía, por cruzar la frontera y reincidir sin documentos migratorios, se espera que esto resulte en un abultado número de migrantes enviados a la prisión federal.
Todos recordarán la amarga zaga de los miles de padres y madres que fueron separados por varias semanas -y hasta por meses- de sus hijos, algunos incluso de 3 a 5 años de edad que tuvieron que comparecer ante un juez sin representación legal. Y aunque un juez federal de distrito en San Diego, California, declarara ilegal esta acción y ordenara la inmediata reunificación de los menores con sus padres, para lo que impuso una fecha límite que por cierto fue incumplida e ignorada varias veces, reinó el caos. Los padres no sabían dónde habían ido a parar sus hijos y éstos no sabían dónde estaban sus padres, lo que causó extremo dolor en esas familias y daños o traumas sicológicos, algunos severos y otros irreparables.
Pues bien, este 2018 ha sido un año en el que miles de migrantes que han cruzado la frontera en busca de asilo han sido procesados por el sistema de justicia penal, “con el cargo más socorrido de estos días”: entrar ‘sin papeles’ a Estados Unidos, dice el programa Línea Abierta.
Como se sabrá, desde hace unos 20 años más o menos esta ofensa ha sido tipificada como un delito penal que resulta en una condena federal. Hoy, casi la mitad de estos condenados a prisión federal son para latinos y latinas.
A continuación Línea Abierta ofrece una plática con una veterana periodista que ha venido siguiendo estos hechos en el epicentro de la política de ‘cero tolerancia’, que es el Valle de Río Grande, Texas. Ella es Debbie Nathan, reportera de inmigración de The Appeal (La Apelación), una revista digital de The Justice Colaborative, quien se suma a este programa de radio desde la ciudad de Brownsville, Texas.
En la grabación que escuchamos abajo Nathan nos muestra el sonido que recogió en la Corte de Inmigración de Brownsville, que ilustra con elocuencia el momento que se vive en esos recintos judiciales con la política de ‘cero tolerancia’ en la frontera. Un juez menciona el nombre del acusado, y éste contesta: “Culpable”. La operación se repite mecánicamente, como si no fueran personas las que están siendo condenadas, cual si se tratara de “una maquiladora de la criminalización».
Escuche:
Siguiendo con nuestro reporteo especial sobre el sistema de justicia penal Línea Abierta pone aquí foco a los juicios y el encarcelamiento masivo que ha seguido a las políticas de ‘cero tolerancia’ en la frontera durante los últimos tiempos. Y para analizar algunos de las consecuencias derivadas de este sistema de crimen y castigo que se impone a padres e hijos indocumentados, Línea Abierta conversó con el estudioso del tema, el sociólogo investigador y catedrático universitario, Martín Guevara Urbina, que enseña en el Department of Natural & Behavior Sciences, de Sul Ross State University Rio Grande College, en la ciudad de Del Río, estado de Texas.
El también escritor, Guevara Urbina es autor de varios libros sobre el sistema de justicia penal, entre ellos “Immigration and the Law: Race, Citizenship and Social Control”, “Hispanish in the US Criminal Justice Sistem”, “Ethnicity and Criminal Justice in the Era of Mass Incarceration”.
Una perspectiva sobre los juicios sumarios o en serie que ocurren en la frontera que ha derivado en años recientes en un encarcelamiento masivo. Se sabe que castigar a la migración por cruzar sin papeles como un delito y no como una violación civil no es nada nuevo.
Sin embargo lo nuevo, dice el sociólogo Urbina, “es lo que ha pasado en los últimos años, una situación que se ido haciendo cada vez más grande, especialmente bajo la nueva administración donde el presidente Trump ha emprendido una política de ‘cero tolerancia’, que en vez de resolver la situación de algo que está pasando no solamente aquí en Estados Unidos sino también en México y en otros países, en Centroamérica, nada más lo engrandece”.
Para el catedrático, no se trata sólo delos que está pasando con los están llegando directamente ahorita a Estados Unidos en la llamada caravana. No se trata de lo está pasando a esos migrantes y a la vida de los suyos en sus países de origen. Esta es una situación que todavía no se ha resuelto. Son poco los que llegan a las cortes y menos aún a los se les otorga un asilo. Y ya no se diga los severos efectos que esta política de encarcelamiento masivo de la administración Trump que está generando en la salud de los niños. Tampoco se observa en el horizonte de las posibilidades una conversación que conduzca a la despenalización de la violación de entrar sin papeles a Estados Unidos.
Escuche:
En el siguiente segmento el profesor Guevara Urbina hace una comparación analítica entre las partes que tienen en común o como se interconectan el sistema de justicia penal y el sistema de inmigración.
Recientes reportes informan que las infracciones de inmigración han rebasado ya a las infracciones relacionadas con las drogas como el principal conducto a la prisión. La política de mano dura, de ‘cero tolerancia’ contra el inmigrante, es responsable de que las cárceles estén abarrotadas. Esto cuando se vislumbraba el inicio de una política que buscaba la reforma al sistema de justicia criminal, al sistema de sentencias, presumiblemente para desahogar la sobrepoblación del sistema de prisiones, se pregunta a Guevara Urbina.
Escuche la respuesta del Dr. Martín Guevara Urbina:
Por último, Línea Abierta pone foco aquí en los juicios sumarios, los juicios al vapor que se conducen en la frontera para detener, encarcelar y deportar a miles de migrantes que cruzan sin documentos legales de migración, bajo las políticas de ‘cero tolerancia’ de esta administración, Fernando García, reconocido activista defensor de migrantes y director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos-BNHR, en El Paso, Texas platica con nuestro programa estelar de noticias.
Una nota del periódico fronterizo, San Diego Union, cuenta la zaga de los defensores públicos organizados en The Bay Project, “que se han dado a la tarea de tratar de evitar que los migrantes detenidos en la frontera se declaren culpables para luego salir libres bajo fianzas de unos mil dólares por cabeza. Durante este proceso, se ha logrado el desistimiento de cargos al 60% de los acusados y la atenuación de cargos a favor de otro 40%”, dice Línea Abierta.
Entre tanto los jueces han estado imponiendo nuevas reglas, nuevas condiciones para la referida salida bajo fianza y la necesidad de conseguir un aval o un custodio que asuma la responsabilidad de garantizar que el detenido regrese a su juicio, lo que resulta sumamente difícil para un migrante. Esta nota refleja uno de los esfuerzos que los defensores de los migrantes hacen para resistir a las políticas punitivas que provienen de la capital del país.
Escuche la conclusión que ofrece aquí Fernando García: