La ley antiaborto del Senado estatal de Texas S.B. 8 fue detenida súbitamente por un juez federal en ese estado del sur. Ésta, había sido redactada no sólo para impedir la mayoría de los abortos, sino también para dificultar en los tribunales las demandas de las personas afectadas, al delegar a individuos privados la facultad de demandar a un médico o una clínica que practique la interrupción del embarazo, para que éstos individuos puedan demandar a cualquiera que practique abortos, o simplemente a quienes «ayuden e inciten» a una mujer a someterse al procedimiento.

Tras la promulgación de la S.B. 8 el mes pasado en Texas, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos demandó el miércles a ese estado sureño para bloquear la medida, luego de que la Corte Suprema se negara a intervenir, y con esto prácticamente validándola. Vale recordar que la ley federal vigente, que garantiza el derecho constitucional al aborto en la nación es Roe vs Wade.

Con “un lenguaje duro” para criticar a la S.B. 8, el juez de la Corte Federal de Distrito en Austin, Robert L. Pitman adoptó el lado del DOJ para detener dicha ley, que prohíbe casi todos los abortos en el estado de Texas, “mientras la batalla legal sobre el estatuto se abre paso en los tribunales federales”, reporta hoy The New York Times.

Dice que la S.B. 8 cambió el panorama nacional de la lucha contra el aborto, y «alimentó aún más el debate sobre si el aborto seguirá siendo legal en todo el país… Desde el momento en que la S.B. 8 entró en vigor, se ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer el control sobre sus propias vidas, protegidas por la Constitución… Este tribunal no permitirá un día más esta ofensiva privación de un derecho constitucional tan importante”, escribió el juez Pitman en su opinión legal.

Pero todavía no está claro qué efecto tendrá la decisión del juez Pitman, de detener la aplicación de la ley en las mujeres de Texas, que se han apresurado a encontrar proveedores de este servicio en otras partes del país.

Porque que la ley de marras podrían imponer sanciones retroactivas a las mujeres que viajen a otros estados a practicarse un aborto, cuando se levante la suspensión interpuesta contra la prohibición de la S.B. 8 en Texas, si el procedimiento hubiera ocurrido mientras la S.B. 8 estuviera vigente. Esto “mantiene a las clínicas en un entorno legal tenso”, dice la fuente.

En su letra, la S.B. 8 señala que “si se desestima una orden judicial, usted sigue siendo responsable de los abortos que hizo mientras estaba vigente esa orden judicial”, dijo John Seago, director legislativo del grupo antiaborto, Texas Right to Life.

Sin embargo, aunque el juez Pitman falló a favor de las clínicas que practican el procedimiento, existen dudas sobre cuándo podrían dichas clínicas reanudar su actividad completa.

En tanto, la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos en Texas, Nancy Northup dijo en un comunicado que las clínicas que representa su grupo, “esperan reanudar los servicios completos de aborto tan pronto como puedan», aunque la amenaza de ser demandado retroactivamente «no se irá sino hasta que la S.B. 8 sea derribada para siempre».

Según el Times, en Texas el grupo que opera cuatro clínicas, Whole Woman’s Health, comunicó que estaba «haciendo planes para reanudar la atención del aborto hasta las 18 semanas, tan pronto como sea posible».

De esta suerte, el estado de Texas notificó ayer a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país, que apelaría el fallo del juez federal. Y se estima que la decisión podría llegar tan pronto como unos días. Por su parte el juez Pitman ordenó al estado de Texas, o a cualquier persona que actúe en su nombre, hacer cumplir la ley federal. También dijo que «los jueces y los secretarios de los tribunales estatales con el poder de hacer cumplir o administrar la ley -S.B 8-, ¡no deben hacerlo!».

Trascendió que si los tribunales no detienen la S.B. 8, “otras legislaturas estatales lideradas por republicanos podrían usarla como modelo para sus propias restricciones”.

La fuente agrega que no hay garantía de que la demanda civil del Departamento de Justicia contra Texas llegue a la Corte Suprema. Porque si la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dictamina que la S.B. 8 es constitucional, la Corte Suprema, con una super-mayoría conservadora (6 a 3), podría simplemente negarse a escuchar el caso.

Hasta el día de ayer, concluye la fuente, las clínicas texanas para el cuidado reproductivo de las mujeres “expresaron incertidumbre sobre el futuro”■