Uno de los agentes de ICE en el operativo de la escuela Héroes 58 en Queens, NY. Foto: indepndent.uk.

 Un juez federal de distrito se negó a desestimar una demanda contra prácticas del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que violan los códigos federales y la ley de California al usar guardias privados para transferir detenidos que salen de prisión a los agentes de ICE.

En febrero de este año la organizaciones Asiático Estadunidense por el Avance de la Justicia, y la Unión Estadunidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California sometieron una demanda contra el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para que detuviera la práctica «ilegal» de utilizar empresas privadas, específicamente a G4S Secure Solutions, para detener a las personas que salen de la cárcel y entregárselas a los agentes de Inmigración.

Pero este lunes el juez de distrito sostuvo su fallo basado en una pieza de legislación que espera una resolución del Senado estatal, y que evitaría que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California transfiera individuos a funcionarios de Inmigración, reporta The Fresno Bee.

Habrá de saberse que el 6 de agosto el juez federal de distrito, Andre Birotte Jr. habría escuchado los argumentos orales sobre el caso y emitido una orden escrita con fecha del 1 de septiembre. En ella, señalaba que los acusados, o sea ICE, niegan que exista una política de arresto de contratistas privados. Pero el juez afirmó que los demandantes han presentado acusaciones que respaldan la existencia de dicha política.

No obstante, un código federal describe a los oficiales de Inmigración con autoridad para realizar arrestos. Pero las dos organizaciones defensoras de los inmigrantes alegan que dicha práctica es ilegal, porque la ley federal autoriza sólo a los agentes de ICE para realizar dichos arrestos, y no a los guardias privados.

Jenny Zhao, abogada principal del Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus, declaró a la fuente que «ICE esencialmente admitió que usar G4S, u otros contratistas privados para realizar arrestos, es ilegal… Ellos -ICE- no lo disputaron».

Y es que  ICE habría usado una estrategia diferente al dejar de usar los servicios de G4S para realizar arrestos, luego de que se presentara la referida demanda. Entonces, sugún la abogada, “un funcionario de ICE envió un correo electrónico a todos los oficiales de campo, indicándoles que todos los arrestos deben ser realizados sólo por oficiales de ICE”.

En tanto, la fuente afirma que la organización legal asiático estadunidense continuó investigando y, desde que se presentó la denuncia, han encontrado «numerosos casos de personas arrestadas por G4S». Estos incluyen arrestos en la prisión de Soledad, en el condado de Monterey; en la carcel de Taft, y en la de Wasco, en el condado de Kern, cuyo Departamento de Policía es por cierto el que usa la mayor fuerza letal del país en sus arrestos.

En sus declaraciones al Bee, Zhao sostiene que «El juez… esencialmente no se tragó la historia de ICE», y agrega que su organización puede seguir adelante con la demanda. El siguiente paso será el descubrimiento, un proceso en el que una de las partes exige pruebas de la parte contraria y viceversa.

En los argumentos de los defensores de inmigrantes en la demanda se presentan pruebas en donde la política de ICE se observa “en el contrato entre ICE y G4S para el transporte de personas bajo la custodia de ICE”. Los demandantes alegan que “ha habido repetidos arrestos de inmigración realizados por oficiales de G4S durante varios años, según lo contemplado en el contrato y otros documentos».

Entre tanto, el Proyecto de Ley de la Asamblea estatal de California, AB937, también conocido como Ley VISION, se halla a la espera de una votación final en el Senado. Este busca evitar que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California transfiera individuos a funcionarios de inmigración.

La fuente señala que la principal demandante en la demanda colectiva federal es la señora Gabriela Solano, quien fue transferida a ICE a fines de marzo tras su liberación del Centro de Mujeres de California Central en Chowchilla. Ella es sin embargo una mexicana residente legal de Estados Unidos, a quien se le concedió la libertad condicional después de cumplir 22 años de prisión.

La AB 937 es «el tipo de proyecto de ley que realmente habría ayudado a la Sra. Solano, porque hubiera significado que después de que se le concediera la libertad condicional, la habrían devuelto a su familia», dijo Zhao, quien declaró a la fuente: «Estamos satisfechos con el fallo de la corte»■