Juez federal asesta duro golpe a la prohibición de asilo a los migrantes de las caravanas

Miles de migrantes de América Central cruzan México de sur a norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos en busca de asilo, y para poder vivir, una vida mejor. Foto: www.bbc.com.

Miles de migrantes de América Central cruzan México de sur a norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos en busca de asilo, y para poder vivir, una vida mejor. Foto: www.bbc.com.

De la redacción

En una victoria de los defensores de los inmigrantes, y ante la histeria provocada por las incendiarias declaraciones de Trump en la proclamación contra la presunta invasión con que amenazan a Estados Unidos las familias pobladas de niños que vienen viajando a través de México en caravanas, y que por cierto le sirvieron al mandatario para asustar y movilizar a su base electoral supremacista durante las pasadas elecciones, un juez federal en San Francisco, California prohibió este lunes a la administración federal negar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con el país vecino.

Tomando una posición de respeto a la ley y el orden, Jon S. Tigar, un juez federal de distrito en San Francisco, California, emitió una orden de restricción temporal a la proclama de Trump para prohibir el asilo a los inmigrantes que vienen en caravana a Estados Unidos, luego de escuchar los argumentos de la solicitud turnada a una corte federal por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), el Centro de Derechos Constitucionales, y Centro de Leyes sobre la Pobreza del Sur (Southern Poverty Law Center).

Ambas organizaciones se movilizaron ágilmente y sometieron la demanda a una corte federal en San Francisco, California, luego de que Trump emitiera la prohibición este mes, anticipando supuestos peligros para la nación con la llegada de las caravanas de migrantes que han comenzado a arribar a la frontera con México. La proclama de Trump, que permanecerá vigente tres meses y que fue sometida el 9 de noviembre dejando que entre en vigencia inmediatamente y sin el período habitual para comentarios del público, señala que “cualquiera que cruce la frontera sur no sería elegible para el asilo… Sino sólo aquellos que entren por los puntos destinados” para tal propósito.

La proclamación del presidente Trump se halla en flagrante violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act), que permite a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos solicitar asilo, independientemente del lugar por donde hayan entrado sin documentos de migración al país, dice el periódico Huffington Post. Segú la fuente, el abogado del Centro de Derechos Constitucionales, Baher Azmy declaró: «Las personas tienen derecho a asilo si se cruzan entre puertos de entrada”.

En los últimos años, decenas de miles de inmigrantes han aparecido en el desierto de Arizona o en la orilla norte del Río Grande en Texas, se han entregado a los agentes de Inmigración y han solicitado asilo. “El Departamento de Seguridad Nacional estima que alrededor de 70 mil personas al año solicitan asilo entre los puertos oficiales de entrada”.

En tanto, los soldados que el presidente envió a la frontera antes de las elecciones con fines alegadamente político-electorales durante las pasadas elecciones, pronto se irán; a pesar de que nutridos y continuos grupos de migrantes solicitantes de asilo y otros inmigrantes que regularmente están llegando durante el año a Estados Unidos.

Stephen Yale-Loehr, un académico de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell dijo a The New York Times que el fallo del juez Jon S. Tigar, “es un golpe importante para los esfuerzos del gobierno federal por cambiar unilateralmente la ley de asilo… En última instancia, esto puede tener que ir a la Corte Suprema para una decisión final”.

Los grupos de defensa acusaron al gobierno de que su queja «viola el claro mandato del Congreso, de que la forma de ingreso no puede constituir una barrera categórica al asilo». También dijeron que la administración había violado las pautas federales “al no permitir comentarios públicos sobre la regla”.

La administración Trump defendió sin embargo el cambio regulatorio, argumentando que “el presidente estaba respondiendo a una oleada de migrantes que buscan asilo por reclamaciones frívolas (¡!). Los migrantes -agregan los abogados del gobierno en los documentos judiciales-, “luego ignoran cualquier orden de irse y permanecen ilegalmente en el país… El presidente ha tratado de detener esta práctica peligrosa e ilegal y recuperar el control de la frontera”.

Por su parte, el teniente general del Ejército, Jeffrey Buchanan, quien supervisa el despliegue de tropas en la frontera dijo este lunes a la publicación Político que el Pentágono comenzará a regresar a casa tan pronto como esta semana, “después de completar las tareas de fortificación de los puertos de entrada y la construcción de campamentos base… Nuestra fecha de finalización en este momento es el 15 de diciembre, y no tengo indicaciones de nadie de que iremos más allá de eso”.

Pero en una declaración de seguimiento con la prensa hoy por la mañana, el Pentágono restó importancia a los informes, afirmando algo distinto: “El plazo específico para la redistribución no se ha determinado… y pueden trasladarse algunas fuerzas a otras partes de la frontera, a misiones de apoyo de ingeniería en California y otras áreas… han hecho un progreso significativo en el cierre de las brechas y el endurecimiento de los puntos de entrada, y están autorizadas para respaldar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza hasta 15 de diciembre”, sostuvo.

Pero en un correo electrónico al HuffPost la portavoz del Pentágono, Laura Seal afirmó “no tener detalles sobre la redistribución de tropas que se anuncia”.

La administración de Trump cree que los migrantes están explotando las leyes de asilo para inmigrar ilegalmente a Estados Unidos. El aumento de llegadas ha exacerbado una enorme acumulación de casos pendientes en los tribunales de Inmigración, que recientemente rompieron la marca de ¡un millón!

Pero los defensores legales argumentan que muchos migrantes son víctimas de violencia o persecución y tienen derecho a buscar refugio. “Las pandillas son omnipresentes en El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la ilegalidad y la corrupción les permiten matar impunemente”, concluye el Times

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