Familia inmigrante registrada por agentes de la Patrulla Fronteriza después de ser detenida y antes de ser separada. Foto: www.usatoday.com.

De la redacción

El juez de distrito, Dana Sabraw emitió un requerimiento preliminar este martes en una corte federal de San Diego, California, para que todos los niños afectados por la política de inmigración de «cero tolerancia» de la administración Trump se reúnan con sus padres en un lapso que va de 14 a 30 días. El fallo de la corte derivó de una solicitud interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu).

Aunque el presidente Trump había emitido una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones el 20 de junio, el gobierno aún tiene que reunir a unos 2 mil niños con sus padres, y no está claro si tiene manera o incluso idea de cómo localizar a los menores para reunirlos con sus padres, dicen expertos a la prensa.

En su fallo  Sabraw escribió: «Los hechos expuestos ante la corte retratan a un gobierno reactivo: en su respuesta para abordar una circunstancia caótica creada por el propio gobierno». Los demandantes desmienten la idea de que hay un gobierno ordenado y medido, elementos centrales para cumplir con el concepto del debido proceso consagrado en nuestra Constitución».

Bajo esta orden, los niños menores de 5 años deben reunirse con sus padres en el lapso de los primeros 14 días, mientras que los mayores deben hacerlo en un periodo de 30 días. Y dentro de los primeros 10 días las autoridades federales deben permitir que los padres llamen a sus hijos si aún no están en contacto con ellos, señala el fallo del juez Sabraw, que reporta hoy Los Angeles Times.

«La desafortunada realidad es que bajo el sistema actual los niños migrantes no son contabilizados con la misma eficiencia y precisión que la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfacer los requisitos del debido proceso», escribió Sabraw.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el miércoles pasado para poner fin a la separación de familias inmigrantes separadas en la frontera sur de Estados Unidos, lo que «resolvería el problema» de separar a los niños de sus padres, y los abogados del gobierno argumentaron que habían «abordado en gran parte» el problema.

No obstante Sabraw escribió que las declaraciones presentadas por el gobierno muestran que la orden tenía la intención de reunir a las familias sólo «después de que el caso de inmigración de los padres haya concluido» para que puedan «ser deportados juntos», señala la cadena MSNBC.

El juez culpa al gobierno federal de que la orden «no dice nada sobre el tema de la reunión de familias que ya han sido separadas o serán separadas en el futuro».

De acuerdo con la fuente, el juez escribió además que «el registro también refleja que la práctica de separación familiar estaba ocurriendo antes de que se anunciara la política de cero tolerancia, y esa práctica ha resultado no en una separación casual, si no deliberada, de las familias que se presentan legalmente en el puerto de entrada, no sólo de aquellos que cruzan ilegalmente al país».

Sabraw concentró sus baterías en una disposición de la orden ejecutiva destinada a permitir que el gobierno continúe separando a las familias de inmigrantes cuando «exista la preocupación de que la detención de un niño extranjero con el padre extranjero del niño represente un riesgo para el bienestar del niño». Y calificó a ese estándar de «subjetivo» y escribió: «Los estándares objetivos son necesarios, no los subjetivos, particularmente a la luz de la historia de este caso», o de esta crisis humanitaria creada por la administración Trump.

La orden judicial ordena a los agentes de inmigración:

• Dejar de separar a padres e hijos sin un hallazgo objetivo de que un padre no es apto.
• Reunir familias con niños menores de 5 años dentro de los 14 días.
• Reunir familias con niños de 5 años en adelante dentro de 30 días.
• Dejar que los padres hablen con sus hijos por teléfono dentro de los 10 días.

La ACLU argumentó que el gobierno «no tiene un plan significativo» para asegurar  que se produzcan rápidamente las reunificaciones familiares y señaló que la orden ejecutiva puede rescindirse en cualquier momento.

«Por lo tanto, miles de familias permanecen separadas, y muchos padres no tienen idea de dónde están sus hijos o cómo encontrarlos», escribió el abogado de Aclu, Lee Gelernt en un documento. «Con cada día adicional de separación, el terrible trauma infligido por el gobierno tanto a los padres como a los niños continúa creciendo. Muchos de los niños son bebés y niños pequeños que lloran todas las noches y se duermen pensando si volverán a ver a sus padres».

El proceso para que los padres descubran dónde se encuentran sus hijos separados también ha sido un desafío, argumentó Gelernt. “Un número de línea directa que los padres pueden llamar regularmente pone a las personas que llaman en espera por períodos de 30 minutos”, un lapso que es «inviable para los padres detenidos». Últimamente, las personas que llaman han recibido una señal de ocupado, reporta Los Angeles Times.

La ACLU solicitó la medida cautelar como parte de su demanda colectiva presentada en nombre de dos mujeres que fueron separadas de sus hijos.