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Por Christine Herman, Side Effects Public Media/KHN/NPR
Cuando José trajo a su familia a Estados Unidos desde México hace casi dos décadas, tenía la esperanza de darle a sus hijos una vida mejor.
Pero ahora le preocupa el futuro de su hijo de 21 años, quien ha vivido en el centro de Illinois desde que era un niño pequeño. El hijo de José tiene antecedentes penales, lo que podría convertirlo en blanco para los oficiales de deportación. Kaiser Health News (KHN) no está usando el nombre del joven debido a ese riesgo y utiliza el segundo nombre del padre, José, porque ambos viven en Estados Unidos ‘sin papeles’.
El año pasado, el hijo de José fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar, y ha estado enfrentando barreras para obtener un tratamiento asequible, en parte porque no tiene un estatus legal. La falta de tratamiento le ha causado problemas con la ley.
Defensores de la salud mental dicen que muchas personas con estos trastornos, que no reciben tratamiento médico adecuado, corren el riesgo de caer en un círculo vicioso, entrando y saliendo del sistema judicial. Y la situación es particularmente difícil para los indocumentados.
«Si lo deportan, estaría prácticamente perdido en México, porque no conoce México», dijo José, hablando a través de un intérprete. “Lo traje aquí muy joven y, con su enfermedad, ¿a dónde iría? Terminaría en la calle».
Problemas legales
El hijo de José ha pasado varias semanas en la cárcel y numerosos días en los tribunales durante el año pasado.
En la situación más reciente, el joven se sentó nervioso en la primera fila de una sala de la corte del condado de Champaign, en Illinois. Vestido con una impecable camisa blanca y pantalones de vestir, bien peinado, miraba al suelo mientras esperaba que entrara el juez.
Ese día, se declaró culpable de un cargo por daños a la propiedad. El incidente ocurrió en la casa de sus padres a principios de este año. Se había peleado con su cuñado y había roto una ventana. Su padre dijo que fue un momento más entre tantos en los que estaba fuera de control, luchando con su trastorno mental.
Antes de comenzar el proceso, el juez leyó en voz alta una advertencia, una práctica que ahora es estándar para asegurarse que las personas que no son ciudadanas sean conscientes de que podrían enfrentar la deportación (o que se les niegue la ciudadanía o el reingreso a Estados Unidos) si se declaran culpables en un tribunal.
El hijo de José recibió 12 meses de libertad condicional
Después de la audiencia, el joven dijo que su vida era buena hasta hace un par de años: estaba viviendo solo, trabajando y tomando clases en un colegio comunitario. Pero todo cambió cuando comenzó a escuchar voces y a luchar para aferrarse a la realidad. Se alejó de sus amigos y familiares, incluido su padre.
Una vez, comenzó a conducir erráticamente, pensando que su auto le estaba ordenando qué hacer. Un mes después de ese episodio, comenzó a tener pensamientos suicidas y, a veces, tenía deseos de lastimar a otros.
En 2018 fue hospitalizado dos veces y finalmente le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar.
José dijo que durante este tiempo, su hijo, que siempre había sido respetuoso y amable, se volvió cada vez más discutidor e incluso amenazó con lastimar a sus padres. Las internaciones psiquiátricas parecían no ayudar.
«Nos pedía ayuda, pero no sabíamos cómo ayudarlo», dijo José. «Me decía: ‘Papá, siento que me estoy volviendo loco'».
El hijo de José dijo que visitó a un terapeuta varias veces y tomó el medicamento que le recetaron en el hospital. También estuvo consumiendo marihuana para enfrentar la situación.
El medicamento ayudó, dijo, pero sin seguro de salud no podía pagar el costo mensual de 180 dólares. Cuando dejó de tomarlo, comenzó de nuevo a tener problemas con la policía.
Sin papeles y sin seguro
Para las personas que son indocumentadas y viven con una enfermedad mental, la situación es «particularmente insostenible», dijo Carrie Chapman, abogada y defensora del Legal Council for Health Justice en Chicago, que representa a muchos clientes como el hijo de José.
«Si tienes una enfermedad mental por la cual no se puede controlar la conducta, puedes terminar en el sistema judicial», dijo Chapman.
Las personas con enfermedades mentales representan sólo un pequeño porcentaje de los delincuentes violentos; en realidad, son más propensas, en comparación con la población en general, a ser víctimas de delitos violentos.
Chapman dijo que hay mucho en juego cuando las personas sin papeles ingresan al sistema: corren el riesgo de ser deportadas a un país donde no hablan el idioma, o donde es aún más difícil obtener atención de salud mental de calidad.
«Podría ser una sentencia de muerte», dijo Chapman. «Es una crisis increíble, que se deje caer por esas grietas a una persona joven tan vulnerable con una enfermedad mental grave».
Se estima que 4.1 millones de personas menores de 65 años que viven en el país no son elegibles para Medicaid o la cobertura del mercado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio debido a su estatus migratorio, según la Kaiser Family Foundation. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).
Entre ellos se encuentran los indocumentados y otros inmigrantes que por otras razones no están en una de las categorías federales como residentes legales. Las personas protegidas contra la deportación a través de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia del gobierno federal, o DACA (los dreamers), tampoco son elegibles para estos programas.
Para muchas personas en todos esos grupos, la atención médica asequible está fuera de alcance.
Algunos estados han extendido el acceso a Medicaid a los niños indocumentados, incluidos Illinois, California, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Washington y el Distrito de Columbia, según la National State Conference of Legislatures. Pero los beneficiarios pierden esa cobertura a los 19 años, excepto en California, que recientemente amplió la elegibilidad hasta los 25.
Para aquellos que no pueden acceder a un seguro de salud asequible debido a su estatus, la atención médica se limita en gran medida a servicios y tratamientos de emergencia cubiertos por atención de caridad o brindados por centros comunitarios de salud.
No está claro a cuántas personas se ha deportado por problemas relacionados con enfermedades mentales; no hay buenos registros disponibles, dijo Talia Inlender, abogada de derechos de los inmigrantes en Public Counsel, un grupo de abogados pro bono con sede en Los Ángeles. Pero estimaciones de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, sugieren que decenas de miles de inmigrantes deportados cada año tienen una discapacidad mental.
Inlender, quien representa a personas con discapacidades mentales en audiencias de deportación, dijo que cuando la falta de acceso al tratamiento comunitario eventualmente lleva a una persona a ser detenida en un centro de Inmigración, esa persona corre el riesgo de un mayor deterioro porque muchas instalaciones no están equipadas para proporcionar atención psiquiátrica.
Además, agregó que los inmigrantes que enfrentan la deportación en la mayoría de los estados generalmente no tienen derecho a un abogado público durante las audiencias, y tienen que representarse a sí mismos. Inlender señala que un inmigrante con discapacidad mental podría ser particularmente vulnerable sin la ayuda de un abogado.
(Después de una demanda colectiva, Washington, California y Arizona establecieron el derecho a un abogado para inmigrantes con enfermedades mentales graves que enfrentan la deportación).
¿Medicaid para más personas?
Chapman y otros defensores de los inmigrantes dicen que expandir Medicaid para cubrir a todos los que sean elegibles, independientemente de su estatus legal, y crear una vía más amplia hacia la ciudadanía sería un buen primer paso para ayudar a personas como el hijo de José.
Los críticos del impulso para expandir Medicaid a fin de cubrir a más personas indocumentadas se oponen y argumentan que ese dinero debería gastarse en aquellos que viven legalmente en el país. (La medida de California para expandir Medicaid hasta los 25 años le costará al estado alrededor de 98 millones de dólares, según estimaciones).
En cuanto al hijo de José, hace poco encontró una farmacia que ofrece una versión más barata de su medicamento, y se siente mejor.
Ahora trabaja como paisajista y espera volver algún día a la universidad para estudiar negocios. Pero teme que su historial criminal pueda interponerse en el camino de sus metas, y es consciente que eso también lo convierte en blanco de los oficiales de Inmigración.
José dijo que su mayor temor es que su hijo termine en México, lejos de su familia y amigos, en un país del que sabe poco y nada.
«Hay miles de personas pasando por estos problemas… y están en la misma situación», dijo José. «Están en la oscuridad, sin saber qué hacer, a dónde ir o a quién pedir ayuda»■
