De La Redacción
Una nueva forma de explotación a los trabajadores que vienen legalmente con las visas temporales de trabajo H-2B, para extranjeros que se desempeñan en labores no agrícolas, amenaza con seguir avanzando a través de una propuesta al Comité de Apropiaciones del Senado, impulsada por legisladores que representan los intereses de los empleadores, como se reportó en su oportunidad, en este mismo espacio.
Aunque resultaría ilegal, los trabajadores con visa H-2B siguen pagando diversas cantidades de dinero a los reclutadores en sus países de origen. Además incurren en en desenbolsos para conseguir las referidas visas, el pasaporte y otros gastos de viaje, por lo que tienen que recurrir a préstamos con altos intereses, que resultan más que onerosos, como es el caso de Eva, una trabajadora de la industria de la jaiba en Maryland, reportado por el periódico The Baltimore Sun.
Un ejemplo es el de esta trabajadora mexicana que para pagar la deuda contraída tuvo que trabajar seis meses en Estados Unidos, como dice el reporte, «Picked Apart«, del Centro para los Derechos de los Migrantes (CDM).
El reporte describe los bajos salarios y otras violaciones en el centro de trabajo. Como por ejemplo en la jaiba, dice, a la mitad de los trabajadores de la jaiba les deducen de sus salarios, de 2 dólares la libra de carne extraída, los guantes y hasta los cuchillos y otros utensilios necesarios para hacer su tgrabajo.
Además, una vez en Estados Unidos con frecuencia los trabajadores permanecen ‘en la banca’; es decir, esperando trabajo a veces hasta por varios días sin recibir salario por el periodo que no trabajan, porque no se les otorga desde que empiezan un tiempo garantizado de trabajo, mientras tiene que pagar la renta de sus viviendas, la comida y otros gastos de la vida cotidiana en este país, donde todo es más caro que en sus países de origen.
Sin embargo, este modelo de explotación moderna no ocurre exclusivamente en Maryland, ni tampoco se restringe sólo a la industria de la jaiba, sino que ocurre con frecuencia en todo Estados Unidos y en diferentes áreas de trabajo. Decenas de miles de trabajadores padecen estas violaciones endémicas por parte de sus empleadores, en industrias como la jardinería, el trabajo forestal y en las ferias con juegos mecánicos, así como en otros empleos peligrosos.
Por eso es que Rachel Micah-Jones, Directora Ejecutiva del CDM escribió una carta abierta en marzo, urgiendo a la administración Obama para que asegurara que las reformas en esta materia protegieran los derechos de los inmigrantes.
No obstante, cuando las nuevas regulaciones para el programa H-2B fueron emitidas por el gobierno en abril, incluyeron muchas protecciones básicas que resultan todavía cruciales para los trabajadores y se entabló un largo debate sobre cómo se ejecuta el programa H-2B.
Sin embargo, miembros del Congreso que representan los intereses de los grandes empleadores han emprendido un ataque completo y frontal contra dichas regulaciones, amenazando con diezmar estas protecciones difícilmente obtenidas para los trabajadores en Maryland, y en todo el país, como reseñamos ayer en estas mismas páginas.
Por ejemplo, la senadora demócrata por Maryland, Barbara A. Mikulski encabeza junto con otros tres senadores dichos ataques, con una propuesta de ley sometida en octubre al Comité de Apropiaciones, que expandiría el número de visas H-2B, de las actuales 66 mil, a 200 mil, y desbarata protecciones laborales obtenidas con mucho esfuerzo. A la siguiente semana cuatro republicanos se unieron al ejemplo de Mikulski.
Por eso es que ahora el debate en el Senado sobre el presupuesto de la nación alberga inminentes peligros contra las protecciones anunciadas en abril para estos trabajadores H-2B.
Mikulski y sus seguidores argumentan que la incertidumbre y la burocracia dificultan a los empleadores el uso del programa H-2B. Dicen además que crónicamente el Congreso no financia lo suficiente al Departamento del Trabajo, lo que a su vez hace lenta le emisión de las visas referidas.
Con todo, el grupo de senadores que se opusieron a la propuesta de Mikulski, que premia los intereses de los grandes empleadores a costa de los derechos y la seguridad de los trabajadores, exhortan a otros legisladores para evitar que los derechos laborales no queden sepultados en el nuevo presupuesto que se discute en el referido Comité de Apropiaciones■
Nota relacionada (inglés):
