Desde que el fiscal general Jeff Sessions endureció su represión contra las llamadas «ciudades santuario”, anunciando que bloquearía ciertos programas de subvenciones para dicha ciudades y condados, la respuesta contra estas políticas no se ha hecho esperar en las calles del país. Foto: AOL.

De la redacción

El gobierno de Trump se estrelló de nuevo con un muro, pero no con el que él proyecta construir en la frontera con México, sino con el muro aparentemente infranqueable que sostiene el juez federal de distrito, Harry Leinenweber, quien por segunda ocasión le receta un “No rotundo” a la intensión del Departamento de Justicia para retener los fondos federales destinados a los estados, ciudades y localidades que se autodenominan santuario.

Por segunda ocasión el juez federal de distrito, Harry Leinenweber mantuvo su dictamen y desestimó “la apelación presentada el pasado 26 de septiembre por el gobierno federal para que el bloqueo se aplicara solamente en Chicago, la ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal general, Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de fondos”, dice la agencia Efe.

Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia habían argumentado en su oportunidad que era “injusto castigar con un bloqueo general a más de mil departamentos policiales que dependen de la subvención Edward Byrne Memorial Justice”.

Se trata de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2005, que lleva el nombre del oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Edward Byrne, asesinado en 1988. Es un fondo administrado por el Departamento Justicia y proporciona dineros federales que apuntalan los programas de justicia penal en los estados, en jurisdicciones locales y tribales, para la contratación de personal, la capacitación, equipo y suministros a los departamentos policiales, dice Wikipedia.

De acuerdo con la fuente, la resolución del juez Leinenweber estima que “si se le permitiera a Sessions continuar su conducta inconstitucional en el resto del país”, la aplicación de dicha ley sería “socavada”.

Y según el periódico de Los Ángeles, La Opinión, Chicago podría sufrir un “daño irreparable”, afirmó el juez Leinenweber, en sus relaciones con la comunidad inmigrante “si cumpliera con los nuevos estándares del Departamento de Justicia”. De ahí la insistencia de Sessions en castigar a 600 ciudades y condados que dan refugio a los inmigrantes indocumentados. Pero para el referido juez, éstas ¡permanecerán bloqueadas!

En tanto, el Departamento de Justicia tramita otra apelación ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago, dice la fuente. Y anunció que esta semana Sessions “envió cartas al Departamento de Policía de Chicago y a la Junta de Comisionados del Condado de Cook, con una advertencia sobre la violación de leyes federales de inmigración el año pasado, cuando recibieron la subvención del gobierno”.

Las referidas cartas dan un plazo hasta el 27 de octubre de este año para cumplir con el requerimiento, o de lo contrario el gobierno tomará una decisión final sobre el tema, dice el procurador general de la nación. Y advirtió que “en julio se negarían los fondos porque las ciudades santuario ‘no cumplen voluntariamente’ con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia”.

Por otro lado, la publicación electrónica, Sin Fronteras (de La Jornada), señala que Jeff Sessions demandó al Congreso endurecer las políticas que permiten a los inmigrantes —muchos de ellos menores de edad que huyen de la violencia en Centroamérica-, solicitar asilo para evitar una serie de «abusos y fraudes desenfrenados”, en clara defensa a las propuestas enviadas por el presidente Trump al Congreso, que pretenden convertir a los ‘Soñadores’ o Dreamers “en moneda de cambio” para proteger a estos casi 800 mil jóvenes indocumentados. Y para facilitar la deportación de menores no acompañados que son detenidos cruzando la frontera.

Actualmente “hay lagunas en la ley que permiten a los inmigrantes salirse con la suya ya que, en muchos casos, los funcionarios federales determinan que los peticionarios de asilo tienen un ‘miedo creíble’ de regresar a sus países de origen», argumenta Sessions. “Gracias a esto –añade-, muchos de ellos son puestos en libertad en espera de una audiencia ante un juez”. Algo que por cierto establece la ley.

Para el procurador de marras “es necesario reformar el sistema de asilo, imponer requisitos más rigurosos en las solicitudes y crear nuevas sanciones por –presuntos- fraudes”. Y busca reformas al programa de asilo, deportaciones rápidas en la frontera y reforzar los programas de arrestos y remociones expeditas.

En otra nota de The New York Times se informa que “El Departamento de Justicia envió un abogado federal con experiencia en crímenes de odio a Iowa, para ayudar a procesar a un hombre acusado de asesinar el año pasado a un estudiante de secundaria transgénero”. Esta es una medida sumamente inusual, dice la fuente, por haber sido iniciada personalmente por el Fiscal General, Jeff Sessions.

Como se recordará, señala el Times, en su audiencia de confirmación del Senado Sessions se enfrentó a preguntas puntuales en la Comisión Judicial de esa cámara sobre sus puntos de vista acerca de los crímenes de odio, y en particular los relacionados con las víctimas transgénero. «La ley ha sido aprobada. El Congreso ha hablado», dijo Sessions en aquella oportunidad. «Pueden estar seguros de que la haré cumplir», concluyó■