Los Ángeles es una de las ciudades con las rentas más prohibitivas de todo el país. En varias zonas de la ciudad, la construcción y remodelación de viejos edificios de apartamentos han causado el desplazamiento de cantidad de familias pobres, muchas de ellas latinas y afroamericanas, que han vivido por décadas en esas viviendas. Algunas familias terminan viviendo en la calle. Para tratar de frenar los desalojos, grupos de inquilinos están sumando fuerzas y proponiendo medidas de protección de vivienda a las autoridades municipales. Nuestro reportero Rubén Tapia tiene la historia. Este reportaje es parte de la serie Hablando de la Raza.
“¡Nos quieren sacar! ¡No nos vamos a dejar!…”
Un grupo de vecinos protesta frente a un edifico de apartamentos por el intento de desalojar a Elvira Barrales, una madre de familia, casada y con cuatro hijos de 14, 13, 12 y 10 años de edad. Barrales lleva 16 años viviendo aquí.
“De repente recibí la noticia de que tenía que sacar a dos de mis hijos o a toda la familia. Han pasado tres dueños y con ninguno había tenido problemas, sólo con el nuevo que está entrando”
En febrero de este año el edificio cambió de dueño. El nuevo propietario interpuso un juicio de desalojo contra Barrales. Elizabeth Blaney, co-directora de la Unión de Vecinos, acudió para apoyarla.
“La ley dice que si vive en el departamento y nacen sus hijos, pueden quedarse con usted. Entonces este nuevo dueño no puede tratar de sacarlos”, sostiene Blaney.
“Pagaba mil 250 y me están aumentando a dos mil dólares”, denuncia Carolina Rodríguez.
Carolina Rodríguez, lleva dos años viviendo en otro edificio, en un apartamento de dos recámaras. Recientemente, dice, una nueva compañía compró los apartamentos y les aumentó 750 dólares más de renta, más de la mitad de lo que ya pagaba:
“En mayo tengo que pagar los dos mil dólares”
-¿Y tiene?
“No, no tengo el dinero, somos familias de bajos recursos”
Rodríguez trabaja en carrocería, su esposo en la construcción y tienen 5 hijos. Ya investigó las rentas en las áreas cercanas.
“Son de mil 500, más aparte, el primero y el último y el depósito y no tengo el dinero para eso”
-¿Y qué va a hacer?
-¡Pues pelear!
Los Ángeles cuenta con más de 600 mil unidades habitacionales con renta controlada. La ley Ellis, vigente en California desde hace tres décadas, permite a los propietarios desalojar a los inquilinos si declaran que van a cambiar el negocio. Dicen los activistas que muchas veces abusan de la ley para derribar el edificio y construir viviendas más caras.
Blaney dice que sucede en varias partes de la ciudad, donde hay proyectos de desarrollo:
“Todas esas áreas están en el mismo tipo de problemas, de aumentos ilegales, de presión, de desplazamiento por parte de los dueños”
Según una encuesta del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles publicada el año pasado, más de un millón de familias en la ciudad no pudieron pagar la renta o se retrasaron en el pago en los años 2013 y 2014. Casi una tercera parte fueron afroamericanos y una quinta parte latinos, en comparación con aproximadamente una décima parte de asiáticos y blancos.
“In 2013 the median rent burden was 47% of income, it’s the highest in the nation”
(En 2013, la renta promedio consumió un 47 por ciento de los ingresos, es el más alto del país).
Thelmy Pérez, activista de la vivienda, testifica frente al comité de vivienda del concilio de Los Ángeles:
“8 of 10 of the poorest families are paying over half of their income just towards rent, and as long this is a reality we are going to continue to see homelessness in the city of LA”
(8 de cada 10 de las familias más pobres pagan más de la mitad de su salario, solamente para pagar la renta y mientras esto continúe, seguiremos viendo desamparados en la ciudad de Los Ángeles)
Pérez señaló algunas cifras durante su presentación:
“There are 800 hundred units of public housing in the city of LA that are slated for demolition. There is this pattern, there is this trend around demolishing the type of affordable housing, around public housing, rent control housing that we need to stop and curtail”
(La ciudad de Los Ángeles, tiene programado demoler 800 unidades de vivienda pública. Hay un modelo, una tendencia de demoler vivienda asequible, vivienda pública y casas bajo control de renta, y es una tendencia que necesitamos detener y limitar).
Se escuchan consignas…
Para sumar fuerzas, el año pasado se formó un sindicato de renteros y desde hace tres años, celebran el Día del Inquilino. Exigen que la ciudad tome medidas para evitar más expulsiones de las familias trabajadoras, empezando por iniciar una serie de audiencias públicas en las zonas afectadas.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Texto y Fotos: Rubén Tapia.