Agentes de Inmigración detienen a indocumentados. Foto: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
De la redacción
Hay una tendencia nacional de los estados principalmente dominados por los republicanos, de promulgar leyes que merman los derechos civiles de las minorías: mujeres, gente de color, inmigrantes, prisioneros, comunidades gay o LGBTQ, etcétera. Cada vez va siendo mayor la participación de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley en la retención de extranjeros ‘ilegales’ para su deportación. Estas políticas han sido objeto de fuerte controversia política, y hay estados que se resisten a someter su autonomía ante las leyes federales.
El estado de California ha decidido erigir una resistencia organizada contra las políticas hostiles del gobierno federal, que castigan a los inmigrantes. Ha pasado leyes como la SB 54, también conocida como Ley de los Valores de California, que precisamente protege los valores de todos sus pobladores limitando la cooperación de las policías locales y estatales con las autoridades federales para hacer cumplir la Ley de Inmigración.
Y es que en California viven más de 10 millones de inmigrantes, de los cuales casi 1 de cada 3 habitantes son nacidos en el extranjero, y la mitad de los niños tienen al menos un padre inmigrante. También, más de 220 mil, de los aproximadamente 800 mil beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, viven en California.
De hecho, la SB 54 establece que “A las autoridades estatales y locales no se les permite investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar a personas con fines de inmigración, pues ningún dinero o personal de la agencia puede ser usado para estos propósitos”. Sin embargo, muchas agencias locales y estatales aún interactúan de manera rutinaria con los agentes federales de Inmigración, gracias a las fuerzas de tareas conjuntas y a la base de datos y espacios de trabajo compartidos.
Pues bien, por ley los Condados deben rendir un informe anual a la comunidad, que detalle los arrestos hechos por las policías locales con fines de inmigración, a través de los grupos de trabajo intersectorial en los que cooperan con los agentes federales de Inmigración, cuya colaboración debe ser limitada a casos de inmigrantes detenidos, que son indocumentados y que verdaderamente representan un peligro para la comunidad. Y en los casos de arrestos, los agentes federales deben contar con una orden judicial emitida por un juez y dirigida a una persona o grupo en particular.
En este contexto, el conservador gobierno del condado de Kern llevó a cabo el Segundo Foro de la Verdad (Truth Forum II), que se celebró en Bakersfield con ausencia del Sheriff del Condado, Donny Youngblood. En el foro, la controvertida oficina del alguacil dio cuenta de las transferencias de inmigrantes indocumentados detenidos, a la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Radio Bilingüe estuvo presente en dicho foro, y prepara una transmisión especial que lanzará al aire en fecha venidera, pero aquí adelantamos algunos pasajes de Línea Abierta donde miembros de la comunidad plantearon de manera organizada y elocuente un enérgico reclamo a la reprobable conducta de su policía local.
“Fue impresionante cómo la comunidad se volcó vigorosamente y habló como una sola voz, con justa indignación e indiscutibles hechos, sin una sola voz disidente, en los dos temas que nos ocupaban: la colaboración continua y descuidada de la oficina del alguacil con ICE, y la completa falta de responsabilidad y las prácticas atroces en la cárcel de los inmigrantes en Mesa Verde”, dice el Dr. Gonzalo Santos, sociólogo, profesor emérito y activista social, quien también tuvo una elocuente participación en este foro.
Además, los abogados de la comunidad, Ambar Tovar (UFWF) y Jordan Wells (ACLU), y luego el público en general, desafiaron con sus argumentos las prácticas de la oficina del alguacil del condado.
Línea Abierta transmitió algunas de estas voces de la comunidad, y aquí puede usted oírlas en español, traducidas simultáneamente al inglés para que los representantes del Sheriff ausente entendieran y transmitieran a Youngblood el pertinente mensaje de descontento de la comunidad.
Escuche:
“Escuchando a los jóvenes que hablaron con tal enojo, justificado y fuertes argumentos, y a los muchos miembros de la comunidad que expusieron la verdad sin temor, me quedó claro que la comunidad puede no permanecer ociosa por mucho tiempo, en ausencia de una intervención directa y efectiva”, agrega el comunicado.
Las juntas de gobierno de la ciudad y el condado “deberían controlar al sheriff y avanzar hacia el cierre de esta abominable cárcel o gulag ubicada en nuestro propio condado (Kern)”.
El distinguido profesor emérito señala que los expositores de dicha audiencia pública “tienen razón al exigir a nuestras autoridades locales que actúen. El Consejo de la Ciudad y la Junta del Condado locales tienen amplias herramientas a su disposición (presupuestarias, regulatorias, simbólicas, etc.)… si no han mostrado el coraje político para ejercerlas, si no las usan, la gente pronto puede optar por actuar por su cuenta. Al menos para proporcionar esta llamada de atención clara y oportuna, la audiencia fue útil”■
