Caravana de autos para demandar liberación de inmigrantes detenidos.
Un grupo de inmigrantes recluidos en un centro privado de detención de Arizona urgen al gobierno federal que autorice que sigan su proceso en libertad ya que el estado de salud de algunos es precario. En días recientes, un juez federal ordenó la liberación de varios detenidos con serias enfermedades crónicas, citando el peligro que corren de contagio al propagarse la epidemia del coronavirus. Valeria Fernández reporta desde Phoenix, Arizona.
José dice que todavía le duele el golpe que recibió de un machetazo en la nuca en Michoacán, México, hace más de un año. Pidió no usar su apellido porque está solicitando asilo político. Hoy, tras el aumento de casos de coronavirus en la cárcel de ICE donde está detenido vuelve a temer por su vida.
“Yo no soy un peligro para aquí para los Estados Unidos, vengo a luchar por mi vida y por mis padres que ya son mayores de edad”, dijo José.
Su abogada, Natalia Santanna señala que José, de 30 años, está aún en recuperación de una herida que casi le cuesta la vida.
“Tiene sus dolores de cabeza, y necesita mirar un especialista y realmente CoreCivic y ICE no le han brindado un examen médico de un especialista”, subrayó Santanna en entrevista con Radio Bilingüe.
Wilfredo Cristóbal Tamayo es un cubano de 23 años, solicitante de asilo político que sufre asma crónica.
“Le mande mis papeles al ICE, mi historia médica de Cuba, todo lo que ellos piden”
Esto aseguró Tamayo durante una llamada telefónica desde el centro de detención este 5 de mayo.
“Llevo 10 meses encerrado y por el tema del coronavirus pensé que me iban a dejar en libertad por las condiciones médicas que tengo”, afirmó.
Protestan el 10 de abril por que se libere a los detenidos, en riesgo de contraer coronavirus.
Wilfredo y José son sólo dos de más de 25 detenidos en La Palma, en Eloy, Arizona –un centro de detenciones administrado por la compañía privada CoreCivic. Denuncian que su salud y seguridad está en riesgo al estar confinados en el Centro de Correccionales La Palma donde se reportaron 33 casos de coronavirus.
La mayoría de los detenidos que hicieron esta denuncia son de Cuba, Venezuela, México, Guatemala y El Salvador. Denuncia que 120 viven amontonados en una celda que llaman tanque, con una sola mascarilla de protección, sin suficiente jabón personal, ni tampoco para la limpieza que deben realizar ellos mismos. Tamayo afirma que la atención médica es deficiente y tarda a veces semanas.
“Aquí mismo es una bomba de tiempo esta epidemia”, dijo el solicitante de asilo.
Estas son quejas similares registradas en todas las cárceles de ICE en el país, donde sólo a 5 de cada cien de los casi 30 mil detenidos les han realizado la prueba. Y a la fecha ya van más de 700 contagiados.
La zona cero es Otay Mesa en San Diego, zona con 132 casos. El caso del primer fallecido fue reportado en varios medios de comunicación esta semana. Carlos Ernesto Escobar Mejía era de El Salvador y tenía 57 años. Falleció en el hospital al que había sido transportado desde el 24 de abril, de acuerdo a un boletín de prensa de ICE. Su hermana Rosa hizo estas declaraciones distribuidas por activistas de Otay Mesa Detention Resistance.
“Qué necesidad hay eso de que pasen tantas cosas. Que sufran ellos y sufran las familias. No hay necesidad. A mí me destrozaron la vida con lo que le paso a mi hermano. Él estaba bien, les pido por favor que tuvieran un poquito de consideración con las personas que están detenidas, que sean reales, porque no es justo que pase todo esto”, dijo Rosa.
Dos generaciones de activistas de Puente, Arizona, posan frente a penal privado para migrantes, La Palma.
En Arizona la vocera de ICE, Yasmeen PittsOkeefe y la vocera de CoreCivic, Amanda Gilchrist, negaron en un correo electrónico a Radio Bilingüe todas las acusaciones en La Palma. No respondieron a nuestras preguntas directas sobre la salud de los detenidos, alegando razones de privacidad tras no tener la autorización de estas personas a hablar sobre sus casos. La vocera de ICE dijo que les proporcionaban servicios médicos siempre que se solicitan y los ofrecen de emergencia las 24 horas.
Todos los detenidos entrevistados insisten en que los dejen en libertad bajo palabra. Algunos están animados por la orden de un juez federal de California que requirió a ICE evaluar casos de personas en riesgo de contagiarse del COVID-19. La vocera de ICE dice que están considerando tanto las solicitudes para salir bajo palabra como los casos de salud de forma individual, y no aclaró en qué plazo.
Natalia Santanna, la abogada de inmigración de José cuenta que le dijeron que pueden tardar hasta 30 días para evaluar la solicitud de su cliente.
“Treinta días a mí me parece mucho, porque cada día que pasa es un riesgo muy grande para mi cliente de infectarse y enfermarse”, afirmó Santanna.
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde Phoenix Arizona, Valeria Fernández.
Foto: Cortesía de Máxima Guerrero / Puente.
Este reporte es parte de una investigación realizada para el Arizona Center for Investigative Reporting (AZCIR) con la colaboración de la reportera Jude Joffe-Block.
