De la redacción
La pandemia del covid-19 ha arrojado al desempleo a la mitad de los 350 mil inmigrantes indocumentados que existen aproximadamente en la ciudad de Nueva York. Además, por su condición migratoria no son elegibles para la mayoría de los beneficios públicos como cupones de alimentos, subsidios de alquiler, asistencia en efectivo, seguro de desempleo y los cheques de estímulo, dice un reciente estudio del Centro para el Futuro Urbano. Esto, ahora que casi la mitad de los estados en el país están viendo un serio incremento en el número de casos de coronavirus y hospitalizaciones.
El coronavirus ha desnudado entre otras cosas las inmensas dificultades de los inmigrantes indocumentados en Nueva York con el idioma y el acceso a la tecnología, dice un estudio del Centro para el Futuro Urbano.
Para los indocumentados, con una alta participación en la fuerza laboral pero con los más bajos ingresos económicos en Nueva York, la pandemia creó sin embargo serias barreras para acceder a la atención médica, la telemedicina y las líneas directas de crisis para atender la salud mental, ahora que el coronavirus obligó a dichas familias inmigrantes a emprender el aprendizaje remoto para sus hijos en el confinamiento, afirma el referido estudio.
Jonathan Bowles, director ejecutivo del Centro para el Futuro Urbano declaró a The City no estar seguro de que a ningún grupo le haya ido peor que a los inmigrantes indocumentados en Nueva York. «Son los más afectados por el impacto sanitario y económico de la crisis y, sin embargo, han sido los menos propensos a beneficiarse de los programas del gobierno».
Para agravar esta situación, la moratoria de desalojo de las viviendas terminó el sábado pasado, aunque fue extendida hasta el 20 de agosto. Pero todavía no se disipa la pregunta de ¿cómo pagarán el alquiler adeudado hasta ahora?
Y es que dicha moratoria impuesta por el gobernador Andrew Cuomo excluye a los inmigrantes indocumentados, excepto a los que puedan mostrar una pérdida de ingresos relacionada con el coronavirus a través de un comprobante de seguro de desempleo.
Pero dicho comprobante o seguro de desempleo tampoco se expide para los indocumentados, a pesar de haber sido públicamente proclamados “trabajadores esenciales” y de haberse reconocido que han mantenido sobre sus hombros los “trabajos esenciales” durante lo más agudo de la pandemia.
Sin una red de seguridad social que los apoye, dice el Centro para el Futuro Urbano, que encuestó para su estudio a 25 organizaciones y proveedores basados en las comunidades inmigrantes en los cinco condados, las familias sin estatus migratorio no sólo están expuestas a las evicciones sino que además corren el peligro de la inseguridad alimentaria.
Cuatro de cada 10 inmigrantes indocumentados en toda la ciudad, miembros de la Nueva Coalición Santuario enfrentan un panorama sombrío. En Harlem, por ejemplo, el 90 por ciento de los inmigrantes atendidos por el Comité Africano de Servicios, han perdido su fuente principal de ingresos. Uno de cada cuatro de sus clientes en Queens, experimenta inseguridad alimentaria; no se sabe cómo pagará sus comidas del día siguiente, a pesar de que “muchas de las organizaciones encuestadas han distribuido alimentos o ayuda financiera para clientes afectados, o los han conectado a despensas de alimentos”, señala el estudio.
El informe reveló además que «la pérdida de empleos, el cierre de negocios, la inseguridad alimentaria, el aprendizaje remoto y el trauma asociado con la pérdida de miembros de la familia o la comunidad» por el COVID-19, o enfermarse ellos mismos, «está afectando la salud mental de las comunidades de inmigrantes».
Vale aclarar que las enfermedades mentales se han disparado entre la comunidades inmigrantes, dice por su parte la Academy of Mental and Public Health Services, que atiende a en vecindarios latinos y chinos, entre otros.
«El hacinamiento en los apartamentos, frecuente en muchas comunidades de inmigrantes, conduce a un mayor riesgo de transmisión de coronavirus y puede aumentar el costo mental y físico de refugiarse en el lugar», según el estudio.
«Varias organizaciones mencionaron que los clientes inmigrantes tienen dificultades para acceder a las pruebas y, en algunos casos, al tratamiento para COVID-19», no obstante que la Ciudad bombardea por todos los medios y a cada momento con anuncios, incluidos los intermitentes mensajes de textos telefónicos, acerca de que todo mundo puede acceder a una prueba diagnóstica de coronavirus gratuita, independientemente de su estado migratorio; para lo cual, la Ciudad ha abierto docenas de lugares en clínicas y con proveedores en toda la ciudad.
El informe del Centro para el Futuro Urbano propone ampliar el apoyo a los proveedores de salud mental y preventivos, que atienden a las comunidades de inmigrantes, quienes según el estudio se sienten más confiados de acudir a sus proveedores por temor a las autoridades gubernamentales. Y recomienda “extender el apoyo a las organizaciones que brindan servicios de interpretación en idiomas más allá de aquellos atendidos por la ciudad, como son los idiomas indígenas”■
Otras recomendaciones del estudio
- Para evitar el impacto del desempleo en comunidades inmigrantes, el Centro para el Futuro Urbano propone crear un programa de asistencia monetaria de emergencia para las personas indocumentadas que quedan fuera de la ayuda proporcionada por el gobierno federal.
- Esta es una idea que los defensores de los inmigrantes indocumentados han impulsado en las legislaturas estatales y municipales desde el comienzo de la pandemia, a pesar de que “ni el estado ni la ciudad han actuado aún en ninguna de las propuestas”.
- El programa sería financiado por el estado o la ciudad, que sin embargo enfrenta un importante déficit presupuestario de 9 mil millones de dólares.
- Del mismo modo, para eludir las restricciones federales, el Centro también solicita el uso de fondos estatales o municipales para proporcionar licencia por enfermedad pagada, cuidado de niños y equipo de protección adicional para los trabajadores inmigrantes esenciales de la ciudad, que representan una quinta parte de esa fuerza laboral, según un análisis reciente de la Contraloría municipal.