Una ley con casi 70 años de antigüedad que convierte en delito el reingreso a Estados Unidos no autorizado de los migrantes ‘sin papeles’, fue declara inconstitucional por una jueza de Nevada. Porque ésta es discriminatoria y por tanto viola la Cláusula de Igualdad de Protección. La sección de la ley fue enmendada cinco veces en las décadas de 1980 y 1990, para aumentar las penas por violarla. Ahora la orden de la jueza señala que la ley “tiene un impacto desigual en los latinos”, y señala por ejemplo que “el 87 por ciento de las personas detenidas en la frontera en 2010 eran de ascendencia mexicana”.
De la redacción
La jueza de un tribunal de Nevada, Miranda Du emitió recientemente una orden desestimando un caso contra Gustavo Carrillo-López, acusado el verano pasado por permanecer en Estados Unidos a pesar de haber sido deportado en 1999, y nuevamente por volver a ingresar sin autorización a este país en 2012. Porque después de ser deportado Carrillo-López, con base en el estatuto legal conocido como Sección 1326, la aplicación de dicha ley es inconstitucional, dijo DU. “Pues fue promulgada con intención discriminatoria contra los latinos y, por lo tanto, viola la Cláusula de Igualdad de Protección.
Al parecer, sería la primera vez que un tribunal dicta una sentencia de este tipo. La Sección 1326 tiene un impacto desigual en las personas latinas, y “el gobierno no demuestra que la Sección 1326 se hubiera promulgado sin ánimo racial… la Corte otorgará la Moción”, escribió Du.
Línea Abierta abordó el tema en su Edición de Inmigración, con ayuda de Larry Kleiman, co-fundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, PCUN, analista y comentarista al aire de Radio Poder, en Salen, Oregon.
Chelis López, conductora de la Edición Extra de Línea Abierta, pidió a Kleinman que explicara el contenido y origen de la Sección 1326.
“Yo vi y participé en cientos de casos, de personas juzgadas por esa misma violación, la 1326, y entre todas ellas yo no vi en todos esos seis años -y estamos hablando de 35 o 40 años-, no vi a ni una persona que no fuera latina; que no fuera mexicana”.
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El caso es un golpe para el Departamento de Justicia (DOJ de Biden) que inicialmente presentó el cargo durante la administración Trump, dice por su parte The Nevada Independent.
Se trata de una era de políticas de inmigración de línea dura, que antes de pasar a manos de la administración Biden los progresistas afirmaban que “la administración Trump armó la Sección 1326 y otras leyes de inmigración, de décadas de antigüedad, como parte de su estrategia de inmigración de ‘Cero Tolerancia’».
La fuente afirma que el excandidato presidencial demócrata y exSecretario de la Administración de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo la administración Obama, Julián Castro tuiteó que “esta ley tiene una historia increíblemente racista. Dudo que el Departamento de Justicia de Biden quiera defenderla en la corte de apelaciones».
Y es que tocaría al DOJ apelar una ley que va en contra de un dictamen de la administración federal –la de Trump-, por lo que tendría que someter dicha apelación a la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans. Y si no es resuelta en dicha corte, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de supermayoría conservadora, donde seguramente el interdicto de Du estaría destinado a fracasar, diría Kleinman.
En la mayoría de los casos de reingreso sin autorización del gobierno de Estados Unidos, éste se castiga con una multa y hasta dos años en una prisión federal; con penas más severas para las personas condenadas por delitos graves o tres o más delitos menores relacionados con drogas o violencia en contra otra persona.
De acuerdo con SCOTUSblog.com, “más de 25 mil personas fueron acusadas bajo la referida cláusula en el año fiscal 2019; o aproximadamente el 30 por ciento de todos los casos penales federales. La sección 1326 fue enmendada cinco veces en las décadas de 1980 y 1990, para aumentar las penas por violarla”.
En tanto, la orden de la jueza Du señala que la ley tiene un impacto desigual en los latinos, y que el 87% de las personas detenidas en la frontera en 2010 eran de ascendencia mexicana. “Si bien el gobierno federal argumentó que esas estadísticas son en función de la geografía y la proximidad de México a Estados Unidos”.
Pero Du dijo que el argumento no era convincente. «El poder plenario del gobierno federal sobre la inmigración no le da licencia para promulgar leyes de discriminación racial en violación de la protección igualitaria», escribió la jueza de Nevada. Y citó los argumentos de Kelly Lytle Hernández, profesora de historia en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, quien “trazó la historia legislativa de la ley hasta la década de 1920, cuando el gobierno estableció cuotas basadas en el origen nacional», señala el Indpendent.
“Las audiencias sobre los proyectos de ley durante el referido periodo incluyeron argumentos de los defensores de la eugenesia y compararon a los que elaboran las leyes de deportación con los ‘criadores exitosos de caballos de pura sangre’».
La evidencia indica claramente, concluye la fuente, “cómo ambos partidos y otros tribunales de distrito están de acuerdo en que la Ley de 1929 se aprobó en una época en que el nativismo y la eugenesia eran ampliamente aceptados, tanto en el país en general como en el Congreso”. Y que señala que estas teorías racistas finalmente alimentaron el pasaje de la Sección, la 1326 de la ley”, escribió Du■
