Impulsan medidas contra abusos laborales a trabajadores con visas H-2 (segunda)

fj-slide1De La Redacción

En esta segunda parte sobre el programa de Línea Abierta a cerca del importante caso de abuso laboral contra trabajadores indios, ganado en una corte federal, la Directora Ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante, Rachel Micah-Jones comenta sobre un reporte de la Oficina de Auditorías del Gobierno y sus recomendaciones para la prevención del abuso contra trabajadores contratados en el extranjero bajo el programa de visas H-2A y H-2B, y las regulaciones que rigen actualmente sobre la materia.


El Centro de Derechos del Migrante (CDM) se encarga, entre otras cosas, de difundir información sobre el contenido de los contratos laborales para tratar de impedir abusos contra trabajadores contratados en el extranjero. Para profundizar en estos aspectos, la directora ejecutiva de dicha organización, Rachel Micah-Jones se incorpora desde Baltimore en este segmento al programa Línea Abierta.

La existencia de recurrentes abusos laborales y económicos contra estos trabajadores contratados bajo el programa de visas de trabajo H-2A y H-2B ha motivado diferentes esfuerzos de las autoridades del trabajo en Estados Unidos, con regulaciones sujetas a constantes modificaciones o actualizaciones. Sin embargo, en ocasiones se detiene la ejecución de dichas regulaciones, con períodos o compás de espera donde no se ejercen las reglas laborales.

Al respecto, Rachel Micah-Jones sostiene que efectivamente se atraviesa por un periodo muy crítico, y que aún no se sabe actualmente cuáles van a ser las reglas. “Pero lo que sí sabemos ahorita es lo siguiente: actualmente ya ha reiniciado el proceso de las solicitudes H-2B. Y pues sí están emitiendo visas H-2B, y lo están haciendo bajo reglas antiguas, de 2008-2009”.

La invitada señala que una corte federal acaba de decidir que el Departamento del Trabajo (DOL) carece de poder para regular el programa H-2B. Y dio a DOL hasta el 15 de abril para operar el programa con dichas reglas de 2008.

“Mientras tanto, DOL y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) han dicho que tienen contemplado anunciar nuevas reglas antes del 30 de abril. Y ahorita la pregunta es ¿cuáles son las reglas que rigen hasta antes del 30 de abril?”

La pregunta está abierta, dice Micah-Jones, y el CDM está empujando para que se emitan esas reglas con provisiones contra el cobro por concepto de reclutamiento, y se prevean también medias en contra de las represalias. “Nosotros sabemos que existen ya reglas escritas que tienen algunas de esas protecciones, y estamos presionando a los gobiernos” para que lo hagan.

La Oficina de Auditorías del Gobierno (GAO) emitió recién un incisivo informe que describe problemas fundamentales dentro del ‘Programa de visas H-2A, H-2B’, que permiten la proliferación de abusos y violaciones laborales contra los trabajadores contratados en el extranjero, mismos que las autoridades del ramo tratan de prevenir.

La experta invitada afirma que se trata de los mismos abusos señalados en el caso de Signal Intenational (reseñados en la primera entrega de ayer). Es decir, se les está cobrando de manera ilegal a los trabajadores los gastos de reclutamiento. Tampoco se les provee suficiente información adecuada a cerca del tipo de trabajo que van a desempeñar, ni el salario que van a devengar, así como otras condiciones laborales.

El reporte también halló que los trabajadores temían reportar abusos por varias razones, que tienen que ver con la estructura misma de los programas: “Como el hecho de que los trabajadores sólo pueden trabajar para el empleador que los contrata”, lo que está establecido en su visa, “y también por las represalias”, por lo que no reportan los abusos a las organizaciones o agencias gubernamentales.

Con frecuencia las represalias incluyen la amenaza de redadas. ¿Pueden efectuarse estas redadas aun contando con una visa como estas?

“No debe la compañía tomar sus propias acciones para deportar a una persona, eso no se puede hacer”, sostiene Micah-Jones. Los trabajadores temen sin embargo reportar un abuso porque saben que su visa los faculta para trabajar en una sola compañía. Las reglas que CDM está promoviendo, dice la invitada, contemplan provisiones, claras y escritas, en contra de la represalia a trabajadores que reportan abusos a organizaciones civiles como servicios legales, sindicales o gubernamentales. Y esta información se le hace llegar a los empleadores.

El reporte de GAO, elaborado por mandato del Congreso en 2013 para revisar las condiciones del reclutamiento, hace algunas recomendaciones.

“El reporte tiene algunas recomendaciones buenas, y pensamos que es un primer paso… y las agencias están de acuerdo con eso”, dice Micah-Jones. Una de las recomendaciones es la publicación oportuna de la información sobre las compañías que han recibido certificaciones laborales para contratar personas extranjeras», explica la invitada. Esto es de suma importancia por lo difícil que es para una persona verificar si un trabajo es real o no; una situación que ocurre con frecuencia, y que engaña a los trabajadores a la hora del reclutamiento.

Además, las agencias deben compartir información entre sí. “Porque puede pasar que una agencia como el Departamento de Estado puede saber que una compañía está cobrando cuotas de reclutamiento, y esa información a veces no llega al Departamento del Trabajo”. Y es que en ocasiones hay compañías que han sido suspendidas de la posibilidad de solicitar trabajadores extranjeros. Sin embargo, aunque son importantes estas recomendaciones, Micah-Jones afirma que “hubiera sido importante que incluyeran otras recomendaciones más fuertes”, como haber implementado las reglas de 2012, que tiene protecciones más amplias sobre el reclutamiento, con más información sobre quiénes son los reclutadores y contra las represalias, “y otra protección de la cual no hemos hablado, que es una garantía mínima de horas”.

Porque hay muchos trabajadores que son reclutados en sus comunidades, y llegan a Estados Unidos, y permanecen sin trabajar -por distintas razones- durante varias semanas. “Mientras tanto, tienen que pagar renta al mismo empleador. Lo que nosotros pensamos es que esos trabajadores, si van a salir de su país, deben contar con unas garantías básicas, un mínimo de horas…, una garantía que merecen los trabajadores y que debiera incluirse en las reglas”, apunta la experta.

Para concluir este segmento, Rachel Micah-Jones anuncia una herramienta electrónica que CDM ha lanzado, y que se halla en el www.contratados.org, un sitio web también accesible a través del teléfono móvil, que ofrece al trabajador toda esta información de antecedentes públicos sobre reclutadores y empleadores, y testimonios o reseñas de otros trabajadores que han pasado por la experiencia de los trabajadores huésped o con visas H-2, para poder tomar decisiones informadas■

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