De la redacción
Los partidarios del estado santuario acusan a la manifestación SB 54 fuera del Salón de la Justicia en el centro de Los Ángeles. Fuente de la imagen: Los Angeles Times.
Desmintiendo sus propias directrices anunciadas recientemente sobre la prioridades que daría el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en la persecución de inmigrantes indocumentados enfocadas principalmente en aquellos que representan un peligro para la seguridad pública, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE enviará esta semana a sus agentes a inspeccionar 77 empresas del norte de California, “en un esfuerzo por erradicar a los trabajadores ilegales”, reporta The Mercury News.
Esta redada disfrazada de auditoria es similar al operativo que reportamos oportunamente el 10 de enero en este espacio, cuando ICE se lanzó contra las tiendas de autoservicio, «7 Eleven», en Santa Clara, Santa Rosa, Napa, Sebastopol, Suisun City y Petaluma, con un gran gasto millonario de recursos del contribuyente. California se ha convertido en blanco predilecto de estos operativos, porque es un frente de resistencia a las políticas antinmigrantes de la administración Trump, como se ha reportado ya en este espacio.
Como se recordará dicho operativo arrojó sólo un puñado de arrestos, algunos de los cuales recayeron en personas no criminales sino trabajadores que acaso cometieron faltas administrativas menores, como conducir sin licencia o pasarse un semáforo en alto, haber entrado sin documentos migratorios o haber sido deportado y cosas similares. Pero los laxos -¿o falsos?- criterios de ICE sobre ldichas prioridades, la criminalidad y la criminalización de los inmigración son características propias de esta agencia federal.
Los llamados avisos de auditoría I-9, en relación al número en el formulario de permisos de trabajo, se entregaron a empresas en San Francisco, San José y Sacramento, dijo al Mercury el portavoz de ICE, James Schwab, quien declaró que no nombraría los negocios.
De acuerdo con la fuente, fue la inmigrante y organizadora comunitaria de Sacred Heart Community Services en San José, Mariela García, quien dio el pitazo. Dijo que “la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara recibió llamadas esta semana sobre auditorías en el lugar de trabajo. La red pudo confirmar entonces que se auditaron dos empresas, pero García tampoco las nombró”.
Agregó no obstante que estos avisos «Ponen a mucha gente en pánico… Tenemos personas que renuncian a sus trabajos». Porque como hemos visto, los agentes de ICE van por unos, pero terminan llevándose a otros.
James Schwab declaró que “Un aviso de inspección alerta al propietario de un negocio de que las Investigaciones de HIS -una división investigativa de ICE-, van a auditar sus registros de contratación para determinar si cumplen con la ley”. Y tras dicha auditoria, agrega, “los empleadores deben producir los formularios I-9 de su compañía dentro de los tres días posteriores a la inspección”.
La ley estadunidense del ramo establece que “Los empleadores deben tener a mano un formulario I-9 para cada empleado, ya sea ciudadano o no ciudadano”, que verifique su identidad y autorización para trabajar. Por su parte los empleados “deben presentar una identificación válida, como una tarjeta del seguro social” para demostrar que se encuentran legalmente en el país. Y en las referidas auditorías, los agentes federales “pueden solicitar examinar la prueba de identidad y la autorización de trabajo de los empleados”.
En el año fiscal 2017 HSI realizó mil 360 auditorías I-9 e hizo 139 arrestos ‘criminales’ y 172 arrestos administrativos. “Las empresas recibieron la orden de pagar 97.6 millones de dólares en confiscación judicial, multas e indemnización, y 7.8 millones en multas civiles, según un comunicado de prensa de ICE citado por el Mercury. Schwab sin embargo declaro que esta semana no se ha realizado arrestos.
“Un renovado debate nacional sobre la inmigración ha visto surgir preguntas sobre la efectividad de E-Verify, un programa electrónico de 21 años diseñado para filtrar a los inmigrantes indocumentados que solicitan empleo”, dice la fuente.
Pero algunos expertos en inmigración han comparado al programa a “una hoja de parra política”, con tantas fallas y lagunas tan significativas “que les permite a los empleadores continuar contratando trabajadores indocumentados con poca repercusión”.
Y cuando le preguntaron a Mariela García sobre lo que la Red de Respuesta Rápida le inculca a los inmigrantes que están aterrados de ir a trabajar ante estos rumores y avisos de auditoría, ella responde: «sería más fácil aconsejarlos si la amenaza no fuera tan real… Para las personas cuyos lugares de trabajo han sido atendidos con auditorías, tenemos que ser realistas con ellos sobre el riesgo de permanecer en ese trabajo y que ICE regrese… No podemos decir con confianza, ‘es seguro para ti regresar’. Y eso es muy difícil», concluyó la organizadora comunitaria■
