Mujeres embarazadas, desplazadas de sus vivendas por desempleo y altos costos del alquiler. Foto: dreamstime.com.

Marco Vinicio González

Incluso en estados como California, con leyes progresistas en diversos rubros de la vida social se cometen atrocidades contra los pobre en condados como el de Kings, con un desempleo del doble que en el resto del estado un una tasa de pobreza del 15 por ciento. Es además un centro de distribución de metanfetamina con muy escasos servicios de rehabilitación y de cuidados reproductivos para la mujer.

Tal es el caso de Chelsea Becker quien fue encarcelada durante 16 meses tras dar a luz un bebé muerto, a los 8 meses de embarazo, cuando en medio de una hemorragia su familia llamó a una ambulancia que la condujo al Hospital Adventista Health Hanford, una organización basada en la fe cristiana.
Tras recibir a Becker “con sospecha” y llamara la policía, el personal del hospital no le proveyó una transfusión de sangre, pero le practicó sin su autorización un examen para detectar droga y encontraron rastros de metanfetamina en sus sistema.
Mientras, el cuerpo inerte del bebé permaneció “abandonado” en una mesa aledaña durante horas, declaró a The Guardian la abogada de Becker, Emma Roth, de la organización no lucrativa, The National Advocates for Pregnant Women (NAPW), quien sometió una demanda legal.

Becker fue procesada por Keith Fagundes, el fiscal de distrito del condado Kings, el único fiscal en California que fincado cargos en un caso de un bebé que nace muerto, en tres décadas. Lo hizo bajo la Sección 187 (sin relación con la Proposición 187 de Pete Wilson de 1991), que define el asesinato como “la muerte ilícita de un ser humano o de un feto, con premeditación”, señala la fuente. Aunque la palabra feto fue agregada al estatuto en 1970 por un legislador republicano, “en respuesta a un caso de un hombre que atacó a una mujer embarazada causando la muerte del feto”.

The Guardian afirma que aunque este caso es inusual en California, ocurren en todo Estados Unidos. NAPW ha detectado mil 700 casos entre 1973 y 2020, que caracterizan un feto como una persona con derechos civiles.
Pero se trata de un recuento insuficiente, donde una amplia gama de mujeres embarazadas enfrentaron arresto, enjuiciamiento u otras consecuencias penales o civiles basadas en alguna acción o comportamiento que la policía afirmó que la mujer causó daño al feto.

La pesadilla de la desafortunada Becker, quien luchó contra la drogadicción, y ahora el desempleo y la falta de vivienda, pues pasa tiempo viviendo en las calles, es un anticipo de lo que pasará si, o cuando la Corte Suprema derogue Roe v. Wade, añade la fuente■