En el centro de detención en Florence, Arizona. Foto: www.ctpost.com
De La Redacción
En las últimas tres décadas un inmenso volumen económico del gobierno se ha transferido del erario público a manos privadas. O sea que se ha venido haciendo negocio con los detenidos y recluidos en centros penitenciarios o cárceles regionales, a través de cuotas locales de detenidos diariamente impuestas por el gobierno federal. Estos detenidos son ahora en su inmensa mayoría inmigrantes y migrantes que al ser arrestados entran en un sistema judicial que eventualmente los deportará.
La industria de la reclusión y el cuidado o mantenimiento de reos es un negocio que hace tres décadas se hallaba en manos del gobierno, y ahora se ha privatizado, dice el estudio, Banking On Detention: local lockup quotas & the immigrant dragnet, del Centro para los Derechos Constitucionales, y la Red de Vigilancia de los Detenidos/Detention Watch Network.
Este tipo de transferencia de grandes recursos públicos hacia manos privadas es similar en varios renglones de la economía nacional, pero para los inmigrantes indocumentados esto es particularmente pernicioso: muy caro, hasta para quienes pagamos impuestos, y también muy doloroso para las familias que terminan rotas, desgarradas, con la deportación de uno o varios de sus miembros.
Por ejemplo, a partir de 2009, señala el estudio, de los 2 mil millones de dólares que invierte anualmente el gobierno federal en la detención y alojamiento de los migrantes arrestados que desea deportar, el servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, contrata más de mil 200 millones de dólares al año con empresas privadas como GEO Group Inc., y con otras corporaciones similares para cumplir con la cuota de 34 mil camas diarias en centros penitenciarios o cárceles locales, con cláusulas estipuladas en los contratos de servicios con el sector privado. Al parecer, esa es la cantidad ideal de extranjeros -mayormente latinos- que Estados Unidos se propone deportar cada año: 34 mil.
El estudio dice también que la detención de inmigrantes, además de ser un jugoso negocio para los bolsillos de unos cuantos a costa del dolor humano, del gran dolor que causa a las familias inmigrantes que son desmembradas, separadas de uno o de varios de sus miembros, dichas detenciones tienen un altísimo costo moral para la sociedad. Y que es además un trabajo motivado por la ganancia desmedida, por la avaricia o el poder del dinero. Es algo así como un desfalco, una transferencia de recursos públicos, en relativo silencio o a la sombra del escrutinio público, hacia la iniciativa privada; para mantener llenas esas cárceles ahora mayormente con inmigrantes.
Dicho estudio profundiza en diversos aspectos de este tema, que por lo general resultan ignorados por el público. pero no por casualidad, sino porque así interesa a unos cuantos. La discreción o de plano el silencio a cerca de esas millonarias transferencias financieras está estipulado en los contratos con las empresas privadas.
El gobierno federal ha hecho poco para corregir el problema, y no cesa de seguir transfiriendo recursos económicos al sector privado. Apenas el año pasado la administración Obama ordenó, después de una revisión, ¡que se redujera la cuota!, a unos 30 mil detenidos. O sea, que se redujera la cuota en lugar de que desaparezca este sistema de enriquecimiento inmoral, dice la fuente.
Para conocer más y a profundidad los por menores de este procedimiento sobre los alarmantes hallazgos del referido estudio, puede visitarlo en el siguiente enlace:
“Banking on Detention” (inglés)
O también consultar los siguientes enlaces:
Negocio en centros de ‘La Migra’
(Un reporte que pone al descubierto un sistema de cuotas a costa de madres y menores migrantes detenbidos), del Detention Watch Network (DWN) y el Centro para los Derechos Constitucionales.
Madres y niños migrantes en cuotas mínimas para llenar cárceles y centros de detención
