La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica empezó a escuchar esta semana los argumentos contra el gobierno de Guatemala, al que se acusa de reprimir de modo sistemático a las comunidades indígenas mayas. El caso, que implica también a una poderosa empresa minera trasnacional, podría llegar a establecer un precedente continental sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. Con el reporte, desde Guatemala, María Martin.
Desde la conquista española los indígenas han luchado contra el despojo de sus tierras. Siglos después, la comunidad Maya Queq’chi, de Agua Caliente, una pequeña comunidad al noroeste de Guatemala, tiene en el banquillo de los acusados al gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su lucha es por “la tierra” -que le pertenece-, y sobre el derecho a sus recursos naturales.
“Como muchas comunidades, han tenido problemas para lograr el reconocimiento y la titulación de sus tierras”
El abogado de los indígenas, Carlos Pop dice que llevan casi cuarenta años defendiendo sus títulos de propiedad. Ya los habían registrado, pero descubrieron que sus documentos fueron arrancados del registro legal.
“Se les informa que no puede ser, porque los libros donde se asienta el derecho, donde se toma quien es el dueño, están rotos en el registro general de la propiedad; y que por lo tanto son ellos quienes tienen que hacer los trámites para que se corrija este problema”
Mientras tanto, el gobierno otorgó licencias mineras a la compañía suiza; Solway, en los terrenos de esta comunidad cerca del lago más grande de Guatemala, el Lago Izabal. Cuando se resistieron, fueron desalojados y desplazados violentamente, dice el líder comunitario Rodrigo Tot, quien ha observado cómo la mina ha contaminado el medio ambiente en su búsqueda del niquel.
“Hemos sufrido bastante, si, también la contaminación del lago, los ríos, los nacimientos de agua. Hay muchas comunidades que ahorita están amenazadas. Esa es la tristeza más grande aquí en Guatemala”
Por su parte, esto dijo la antropóloga Victoria Sanford, experta sobre la violencia histórica contra los Maya. Ella será uno de los testigos en el juicio.
“El estado y la comunidad no Maya siempre han visto a la gente Maya como menos que humano, menos que ser humano, no ciudadano; y además quienes han visto a esta gente como propiedad, igual que la tierra”
Sanford, experta en derecho humanos, y los representantes de Agua Caliente coinciden en que este caso es significativo no sólo para Guatemala sino para América Latina y el mundo, donde también comunidades locales con reservas de metales como el níquel y el litio, vitales para los vehículos eléctricos, son despojadas por compañías apoyadas por gobiernos represores.
«Ahora en América Latina la cifra de homicidios a los activistas indígenas medioambientalistas es terrible”
En Guatemala, el líder ambientalista Rodrigo Tot ha recibido amenazas de muerte…Y hace una década le asesinaron a un hijo y otro resultó gravemente herido en un supuesto asalto que nunca se aclaró.
Ahora, Rodrigo espera que la corte falle a favor de su comunidad, para que finalmente puedan tener paz.
“El resultado que queremos y la tranquilidad, es que nadie nos interrumpa, que nadie intervenga más para poder quitarnos lo que nosotros tenemos”
Sin embargo, Rodrigo no confía en su gobierno porque dice que siempre ha favorecido a las grandes compañías, y pidió la protección de la corte interamericana, que se espera tome una decisión este año.
La vocera del ministerio de energía y minas no respondió a repetidos intentos de obtener sus comentarios.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martin.
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