En la marcha de Trump desde la Casa Blanca a la iglesia de San Juana en la cercanía, junto con miembros de su gabinete. Foto: https://www.infobae.com.
De la redacción
Este fin de semana los titulares de las noticias se enfocaron en el ataque con gases lacrimógenos y
perdigones de hule contra manifestantes que pacíficamente protestaban frente a la Casa Blanca por el asesinato de George Floyd, y fueron dispersados con violencia para que el presidente Trump transitara unas cuadras y se tomara una foto frente a una iglesia emblemática de DC blandiendo con la mano en alto la Biblia al revés.
Ordenado por el Procurador de Justicia, William Barr y luego reivindicado por el presidente el operativo se realizó con fuerzas militares sin identificación oficial.
El Director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco comentó hoy en Línea Abierta acerca de estos “cuerpos antimotines…, escuadrones formados al vapor por el gobierno federal, presumiblemente por el Departamento de Justicia para sofocar las protestas
callejeras”.
El temor mayor es que estos escuadrones no tienen la preparación adecuada para bregar con la protesta callejera, pues se cree que son guardias reclutados de prisiones y de la Patrulla Fronteriza, con “un demostrado historial de abuso e irresponsabilidad como agentes de la policía”, señaló Orozco en el programa de Línea Abierta que habitualmente conduce.
Para adentrarse en el tema Línea Abierta tuvo como invitada a María McFarland Sánchez Moreno, Consejera Jurídica para la organización Human Rights Watch, con sede en la ciudad de Nueva York.
McFarland señaló por teléfono en qué consisten estas fuerzas de choque para sofocar las manifestaciones de protesta civil en las calles de la nación, quiénes y cómo las han formado.
“No está muy claro, pero la semana pasada se informó que distintas agencias federales habían sido enviadas a distintas ciudades del país, y sobre todo a Washington, DC, para ayudar a manejar las protestas. De acuerdo a un informe que citaba un memorando del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, abía enviado efectivos también, según tuitió su Comisionado.
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Así mismo, trascendió que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y la Patrulla Fronteriza, que se descubrió estaba bloqueando a las personas en busca de asilo político, también estaban enviando agentes, con un largo historial de abuso, para formar estas fuerzas paramilitares a fin de sofocar dichas manifestaciones. “Esto envía un mensaje terrible sobre la actitud del gobierno frente a esas manifestaciones”, dijo McFarland.
Y a propósito del despliegue de agentes policiales de Inmigración en las calles o zonas de la protesta pública, ¿Qué recomendaría la consejera jurídica de Human Rihgts Watch a los inmigrantes que participan en esas protestas públicas?, jóvenes Dreamers muy activos, muchos de ellos amparados por el permiso de DACA; y ¿qué precauciones debería tomar el inmigrantes en general que participa en estas movilizaciones callejeras?
La falta de capacitación o entrenamiento específico para lidiar con la protesta civil aumenta los peligros acerca del abuso de fuerza policial e impunidad con que pueden actuar estas fuerzas, dice McFarland.
–¿Cómo denunciar un delito, un atropello o una irregularidad cometida por esta fuerzas cuando ni siquiera es posible identificar a sus perpetradores? –pregunta Orozco.
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