Al interior del local sindical de la UFCW hay lista de espera.
Los inmigrantes que residen en California comienzan a beneficiarse de la Proposición 47, aprobada por los votantes hace más de dos años, que cambia la ley reduciendo la pena para algunos delitos menores, no violentos. Al cambiar ciertos delitos de graves a leves, muchos inmigrantes podrán evitar caer en las redes de la deportación. Rubén Tapia reporta sobre la ayuda que algunos reciben para borrar sus antecedentes penales y el exhorto que se hace a ciudades santuario para que reformen su sistema de justicia criminal.
Más de 200 personas hacen una larga línea en las afueras de un salón sindical en la ciudad se Huntington Park, al sur de Los Ángeles. Fueron a revisar sus antecedentes para beneficiarse de la ley 47.
Se escucha sonido del ambiente…
Angelinos esperan en las afueras del local Ricardo Icaza, del sindicato UFCW para consultar un abogado.
Esta pionera legislación fue aprobada hace más de 2 años para reducir la abultada población carcelaria de California. Permite reclasificar ciertos delitos, como robo sin violencia, posesión de pequeñas cantidades de droga y otros. El resultado, siete mil reclusos libres, y un ahorro de más de 100 millones de dólares que ahora se invertirán en programas para ayudar a los excarcelados y para prevenir el delito.
La ley 47 también beneficia a inmigrantes con y sin documentos de migración, al borrar de su historial delitos pasados; si no fuera así, serían deportados sin importar si su delito sucedió hace muchos años, como es el caso de María, una mexicana con más de 20 años en California, quien hace diez años tuvo un altercado familiar.
“Mi esposo dijo que yo ‘golpié’ a uno de mis niños; no es cierto, pero como quiera ya fue a mi record”
Junto a su esposo, anglosajón, y a sus dos hijos ciudadanos estadunidenses, siguieron su vida sin más sobresaltos y se olvidaron del incidente. Pero la retórica antinmigrante de la campaña presidencial la llenó de preocupación. En enero, María ya no se animó a viajar fuera de Estados Unidos.
“Yo quería ir a México y tuve que cancelar mi vuelo. Me recomendaron que no me fuera porque quizás para la regresada no me dejaban entrar y me quitaban la mica. Tuve que cancelar el vuelo y ya no fui”
Supervisora Hilda Solís explica detalles de la campaña para limpiar antecedentes, beneficio de la ley 47.
Este primer evento para ayudar a beneficiarse de la ley 47 contó con diez abogados y paralegales, y con el apoyo de Hilda Solís, supervisora del Condado de Los Ángeles.
“Totalmente eso afecta el record de esas familias, y no pueden salir de ese peligro; entonces con esa proposición que pasó, ya tenemos servicios, y estamos estableciendo ese programa dentro del condado”, dijo Solís.
Pero falta mucho todavía por hacer. En el condado angelino viven 10 millones de personas, 800 mil de ellas indocumentadas.
Para la investigadora Clara Long, de la organización Human Rigths Watch, la proposición 47 es un modelo que otros estados deberían de seguir; porque mejora sus leyes para combatir el delito y además apoya a su comunidad inmigrante. El ejemplo lo acaba de seguir Denver, Colorado. Su concilio aprobó reformas similares de la mano de su alcalde afroamericano, Michael Hancock.
“No voy a jugar juegos políticos con la seguridad de nuestra comunidad y eso incluye proteger a la gente que está como refugiada, o se da el caso que están indocumentados”, destacó Hancock.
Supervisora Solís conversa con sus representados.
Al mismo tiempo, un estudio conjunto de tres instituciones critica que muchas de las casi 500 ciudades santuario que se calcula hay en el país, al mismo tiempo mantienen leyes municipales o prácticas policiacas que ponen a los inmigrantes en peligro de deportación; como la política de “ventanas rotas”, que desde hace más de 30 años aplica la mayoría de las policías del país. Su filosofía es perseguir los delitos menores con el supuesto de que así evitan que se conviertan en delitos serios y violentos; una de ellas es Nueva York, una ciudad santuario, destaca el investigador Michael Velarde, uno de los autores del estudio.
“Es un modelo de patrullaje en las ciudades con mucha gente de color que se basa en el racismo también y que no está haciendo nada para la seguridad pública; montar bicicleta donde uno no debe, tener una cerveza en la calle – expuesta-, mucha gente hace todo eso, verdad; pero lo que pasa es qué –y esta es la cosa como racial o racista-, cuando se trata de gente blanca no se arresta”
El reporte presenta ocho recomendaciones:
“Que las ciudades paren de colaborar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y que rechacen los acuerdos 287 (g)”
Además, que dejen de pedir fianzas en efectivo y que retiren a la policía de sus escuelas, entre otras. Pero esto no pasará sin la presión ciudadana, concluye Velarde:
“Va a requerir campañas más fuertes, para poder empujar y ganar estos cambios”.
