Contesando el formulario del censo 2020. Foto: Ofificina del Ceso de EE UU.
Pilar Marrero, Ethnic Media Services
El presidente Donald Trump anunció este jueves una orden ejecutiva para «defender el derecho a saber quién es ciudadano y quién no», y ordenó a «los departamentos y agencias del gobierno fedeal que proporcionen al Departamento de Comercio todos los registros solicitados que existen para obtener un recuento completo y preciso de ciudadanos, no ciudadanos y extranjeros ilegales”.
De este modo, la Administración abandonará la lucha para añadir una pregunta de ciudadanía al Censo de población de 2020, después de intensos litigios que Trump calificó como «sin mérito». Pero estos litigios y la reciente decisión de la Corte Suprema: «cerró todos los caminos para agregar la pregunta», dijo el Fiscal General, William Barr, quien habló después de Trump en la Rosaleda de la Casa Blanca sin responder preguntas.
Trump dijo que esta sería una forma «mucho más precisa» de recopilar la información. No obstante, su gobierno había rechazado esta opción hace más de un año, aunque las propias investigaciones del Censo indican que la información de los archivos públicos podía ser mas útil que hacer la pregunta en el Censo.
El Presidente también logró enmarcar el tema para sus seguidores conservadores, alegando en su discurso que la lucha contra la cuestión de la ciudadanía fue dirigida por personas que «están tratando de borrar la existencia misma de la palabra ciudadanía».
El Procurador General Barr negó que la administración haya considerado alguna vez una orden ejecutiva para reavivar la pregunta, y dijo que esto estaba basado en «especulaciones y nada más». Sin embargo, el propio presidente dijo en entrevistas televisadas hace días que estaba considerando una «cantidad de opciones, incluida una orden ejecutiva» para volver a colocar la pregunta en el Censo tras el manotazo de la Corte Suprema.
En las últimas dos semanas, la disputa legal y política sobre la cuestión de la ciudadanía, agregada abruptamente por el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuando ingresó a la administración de Trump, fue vertiginosa y confusa para muchos; ya que Trump parecía dispuesto a ignorar una decisión de la Corte Suprema y hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos.
A fines de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió el uso de una cuestión de ciudadanía, asegurando que la administración de Donald Trump no había presentado una razón coherente para hacer el cambio de último momento.
Luego, durante los próximos días y semanas los abogados de Trump anunciaron que los cuestionarios del Censo se estaban imprimiendo sin la pregunta, mientras Donald Trump iba y venía a Twitter diciendo que haría todo lo necesario para incluir dicha pregunta, y la emisión de una orden ejecutiva, retrasar la Censo, lo que fuera.
Los expertos en temas de la Constitución dijeron que esto traería una crisis constitucional sin precedentes: el Presidente no debe implementar algo que vaya en contra de las decisiones de la Corte Suprema, dijeron.
Al final, Trump encontró la forma de echarse atrás, pero asegurándose de tener una explicación que indicara que esto no es una derrota, sino un triunfo.
Activistas celebran y anuncian que estarán vigilantes.
Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la ACLU, quien argumentó el caso en el Tribunal Supremo, dijo en una declaración que «el intento de Trump de convertir en un arma el censo no termina con un estallido sino con un gemido. Está claro que él simplemente quería sembrar el miedo en las comunidades inmigrantes y acelerar los esfuerzos de control de los republicanos al diluir la influencia política de las comunidades latinas».
Ho agregó que «cuando se revelen los detalles del nuevo plan de Trump para compilar datos de ciudadanía fuera del censo, y sus planes para usar esos datos, los examinaremos detenidamente y evaluaremos su legalidad».
El Fiscal General de California, Xavier Becerra calificó la movida como una «victoria para todos los estadunidenses, sin importar cómo trate de enmarcarla».
Es hora de que la Administración de Trump siga adelante, dijo. «La línea de fondo sigue siendo: todos deben contar en nuestra nación y nadie debe ser forzado hacia las sombras. Animamos a todos a completar el formulario del censo y recordar que la información individual recopilada por la Oficina del Censo es confidencial y está protegida por la ley. Ahora es el momento de ponerse a trabajar para garantizar un recuento justo, legal y preciso», dijo Becerra.
El Director Ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios LatinosDesignados y Electos (NALEO), Arturo Vargas señaló que «este esfuerzo polémico para socavar el progreso de la comunidad latina y suprimir el conteo de latinos ha dejado una marca indeleble en el Censo 2020. El daño ya ha está hecho, y no será una pequeña hazaña intentar curar las heridas catastróficas que se han infligido en nuestra democracia en los últimos meses”.
Agregó que la movilización del segundo grupo poblacional más grande de la nación «sigue siendo más importante que nunca mientras intentamos reconstruir la confianza que se ha erosionado en el transcurso de esta lucha»■
