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Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
La epidemia de las drogas en Estados Unidos no es menos epidémica que las sentencias exageradas por estos delitos u ofensas consideradas tantas veces menores. Las autoridades federales -y locales- recientemente se han dado cuenta de ello, gracias sobre todo a presiones de grupos defensores de los derecho civiles, y han venido tomando últimamente medidas, tímidas todavía pero al fin paliativas, para encarar el problema: el de las sentencias injustas, cometidas principal y desproporcionadamente contra miembros de las minorías étnicas en este país (léase negros y latinos). Cualquiera diría sin embargo que razones humanistas alientan esta nueva dirección que el gobierno está tomando para encarar el problema, pero a decir de sus argumentos hechos públicos más bien parecería que apuntan a razones económicas que buscan reducir gastos al erario derivados de la sobre población carcelaria y su manutención, lo que significa grandes erogaciones que como hemos dicho en repetidas ocasiones en esta red de emisoras pública que es Radio Bilingue, van a parar en su mayor parte a grandes corporaciones transnacionales, como por ejemplo Corrections Corporation of America, CCA y GEO Group Incorporation, entre otras, que lucran en todo el mundo con el encarcelamiento, injusto o no, pero con particular ahínco en Estados Unidos, donde hasta la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE se reporta con una buena tajada, que por supuesto extrae del contribuyente en este país.
Como reportamos hoy en nuestro segmento de noticias, el Fiscal General de la Nación, Eric Holder apoyó una de estas medidas gubernamentales que buscan ahorrar al gobierno excesivos gastos para las prisiones reduciendo las sentencias por ofensas menores, encarcelados por posesión, consumo o tráfico de drogas, también en cantidades menores. The Sentencing Project estima por ejemplo la población carcelaria de Estados Unidos -la mayor del mundo- en nada menos que 2.2 millones. O como dice el Departamento de Justicia, un estadunidense por cada 100 se halla tras las rejas, y muchos de esos ofensores incluso por delitos menores relacionados con las drogas, con sentencias de por vida.
A partir del año pasado, según un informe publicado por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), más de tres mil 200 personas estaban cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional por delitos “mezquinos” no violentos. La gran mayoría (83 por ciento) de las cadenas perpetuas examinadas por la Aclu derivaron de las famosas sentencias mandatorias, que obligaron al presidente del tribunal a no tener más remedio que condenar al acusado a una vida tras las rejas. Sentencias obligatorias suelen ser consecuencia de las leyes para delincuentes reincidentes, y de las reglas de sentencia draconianas como estos estándares federales para condenas que comenzaron con el inicio de la presunta guerra contra las drogas en los años 70 y 80 del siglo pasado.
Por citar sólo algunos de los delitos más recurrentes que han merecido sentencias exageradas y en ocasiones -por reincidencia- hasta cadena perpetua en el sistema carcelario estadunidense, brindamos un pequeño fragmento de una lista provista por la revista Mother Jones:
Posesión de una pipa de crack o de una pequeña cantidad de heroína, tener restos de cocaína en los bolsillos de la ropa, invisibles a simple vista pero detectados en pruebas de laboratorio; posesión de 32 gramos de marihuana con la presunta intención de distribuir, o pasar varios gramos de LSD en un concierto de Grateful Dead; actuar como un intermediario en la venta de 10 dólares en marihuana a un policía encubierto, o la venta de una sola roca de crack, y la lista se extiende ampliamente con casos similares.
En nueva York por ejemplo, donde más del 90 por ciento de los detenidos por la práctica policíaca Stop and Frisk, o Detén y Requisa, que documentamos oportunamente en estas mismas páginas, práctica que halló su fin recientemente con la llegada del alcalde Bill de Blasio, hoy se comienza a experimentar una ligera reducción en este tipo de crimen. El propio de Blasio está haciendo alarde de un importante descenso en la delincuencia durante sus dos primeros meses en el cargo, incluyendo una racha récord el mes pasado, dice la televisión pública local, desde que el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, el más grande del país, empezó a registrar estas cifras en 1994.
Por otro lado, el acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos alarma, y acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo; porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades suelen descansar en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad en la realidad social, ni a la comisión de delitos cometidos por los diferentes grupos étnicos en este país. Además, el rápido crecimiento de dicha población en cautiverio revela también la existencia de una floreciente industria privada que construye y administra gran parte de las cárceles estadunidenses, con contratos multimillonarios con el Estado.
Por último, y de acuerdo con un reporte del influyente periódico, The Wall Stret Journal, el proyecto de reforma migratoria (S 744, o Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act of 2013), aprobado por el Congreso de Estados Unidos el pasado 27 de julio en una votación bipartidista de 68 a 32, amenaza con desvanecerse, entre otras cosas gracias a las argucias los republicanos y de su ala recalcitrante del Tea Party. Pero en el presupuesto asignado en dicho proyecto, para la seguridad fronteriza, de más de 40 mil millones de dólares, más de una tercera parte iría a parar a los bolsillos de las referidas corporaciones CCA y GEO. Como se recordará, una investigación que tuvo amplia divulgación de la prensa halló que el propio Congreso obligaba prácticamente a ICE a mantener ocupadas anualmente más de 30 mil “camas” (que es como se refieren a los indocumentados en cautiverio, la materia prima de esta floreciente industria).
El tema es no sólo de sumo interés público sino apremiante, por sus ramificaciones económicas, como dice el gobierno, pero sobre todo por lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos y civiles, bajo ataque constante por parte del gobierno y las autoridades encargadas de impartir las leyes y la justicia.
Y ya no digamos la contradicción “filosófica” que introduce la famosa guerra contra las drogas en América Latina, donde se traduce en decenas de miles de muertos, tortura y persecución, además de partidas presupuestarias multimillonarias que sangran su presupuesto, y que entre otras cosas sirven para reforzar medidas y grupos contra insurgentes. Mientras, en este país avanza la legalización de la mariguana (en más de 20 estados ya), para uso recreativo o con fines médicos, y el Fiscal General, Eric Holder interviene por estos días para que los bancos se involucren en el negocio, pues los empresarios de esta rama tiene los pobres que operar sus transacciones sólo en efectivo porque la banca se niega a abrir cuentas bancarias para ellos, lo que resulta muy peligroso en la operación diaria de esta industria, dicen sus propietarios.
