De la redacción
En la víspera la apertura de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) número 72, donde 128 países abordarán los temas y desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales que el mundo confronta en este atribulado Siglo 21, fuerzas de seguridad de diversa nomenclatura blindan ya la céntrica zona de la Ciudad de Nueva York donde se halla la residencia civil del presidente Donald Trump, que emitirá el discurso inaugural de dicha Asamblea. Contingentes de neyorquinos marcharán frente a estos dos recintos, para exaltar el tema de la inmigración.
Existen enormes expectativas en el liderazgo global acerca del contenido del discurso del mandatario estadunidense, en temas por ejemplo como Corea del Norte, que Trump llevará a cabo ante la diplomacia mundial a medida intenta ganar más apoyo para los esfuerzos de su administración en con el propósito de aislar a esa nación asiática y presionar al régimen provocativo, empeñado en una carrera armamentista con pruebas de arsenal nuclear intensificadas en las últimas semanas. O temas como el terrorismo internacional, las catástrofes naturales que han causado y amenazan con seguir causando estragos, la hambruna y la inseguridad de la aldea global, etcétera.
Y en el plano doméstico el tema de la inmigración cobra importante relevancia en esta ciudad aprovechando la visita de Trump a la ONU. Por ejemplo, neoyorquinos y estadunidenses afectados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) que este mes cumple 25 años existencia protest protestarán mañana junto con aliados y funcionarios electos de países de todo para solicitar a la administración Trump una extensión de este programa, que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La Administración Trump ha indicado que planea poner fin al programa, lo que afectaría a unas 435 mil personas de diez países, entre ellos El Salvador, Haití y Nepal. El TPS protege a las personas de países en medio de desastres naturales o guerras civiles hasta que puedan regresar a sus hogares en condiciones de mayor seguridad. Por eso este programa les otorga permiso legal para vivir y trabajar en Estados Unidos, donde muchas de estas personas han vivido durante décadas bajo este estatus, trabajando, comprando casas, criando familias y emprendiendo negocios.
Por otro lado y en respuesta a los esfuerzos de Trump por terminar de una vez por todas el programa de Acción Diferida por los Llegadas en la Niñez (DACA), ante el fracaso para resolver este problema con el Congreso, una amplia coalición de organizaciones de Nueva York marcharán mañana martes de la ONU a la Torre Trump en la 5ta venida, con tres mariscales latinos de alto perfil en el Congreso a la cabeza. Ellos son los congresistas demócratas de Arizona, Raúl Grijalva, de Illinois, Luís Gutiérrez y de Nueva York, Adriano Espaillat.
Este grupo exigirá al presidente que trabaje con el Congreso para aprobar una ley DREAM nítida que incluya un camino a la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes, sin financiamiento adicional para las agencias de Inmigración que Trump apoya en la frontera, así como tampoco para el muro.
Entre tanto, el viernes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los empleados de las agencias gubernamentales del estado preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo o divulgar su información. El decreto especifica que sólo podrá solicitarse dicho dato en caso de que sea requerido por la ley, si el indivudio por ejemplo teiene cuentas pendientes con laley, o si la información es necesaria para determinar la elegibilidad al tratar de obtener ayuda pública con dinero federal”.
En Nueva York más del 20 por ciento o 4.4 millones de habitantes de la población de es inmigrante, sólo por detrás de California, y son “una parte esencial del tejido económico del estado”, dice el gobernador Cuomo en el referido documento, quien al anunciar este fin de semana su proyecto de Ley de Defensa de la Libertad le aportó 10 millones de dólares.
La orden ejecutiva del gobernador ampara a las ciudades de todo el estado, entre ellas Rochester, Kingston y Syracuse, consideras ya de por sí ciudades santuario, lo que significa que en la mayoría de los casos no utilizarán los recursos de esas ciudades para perseguir a los inmigrantes.
Otro dato interesante que provee dicho decreto en su narrativa es que “más del 29 por ciento de los dueños de negocios en Nueva York nacieron en el extranjero”, y que estos negocios generan unos 260 mil millones de dólares anuales a la economía del estado, convirtiendo el poder adquisitivo de los inmigrantes en algo más de 165 mil millones de dólares.
La policía y los servicios secretos de Nueva York tienen bloquedas muchas de las más transitadas avenidas de la ciudad por la presencia de Trump y de los líderes mundiales que asisten a la Asamblea General número 72 en la ONU, lo que genera grande molestia entre los habitantes de esta ciudad populosa■