Gloria Molina
Casi la mitad de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles son latinos. Sin embargo, los votantes latinos sólo pueden elegir a uno de los cinco supervisores del órgano de gobierno local. Activistas por los derechos ciudadanos están molestos con esto, y dicen que el Departamento de Justicia debe intervenir, para corregir esta historia de discriminación y garantizar que la mayoría de los residentes de Los Ángeles pueda contar con una representación democrática en el gobierno de su ciudad. En esta entrega analizamos el tema con un pionero en la ley y la jurisprudencia, Cruz Reynoso, exjuez del Tribunal Supremo de California, galardonado con la medalla presidencial de La Libertad, y profesor de Derecho en la Universidad de California de Davis (http://www.law.ucdavis.edu)
El condado de Los Ángeles es el de mayor población latina en el país, una población que constituye casi la mitad de los habitantes de la ciudad pero que sólo tiene un gobernante latino, Gloria Molina, en la Junta de Gobierno. Desde hace más de 20 años Molina ha estado sola en esta junta, y cabe preguntarse entonces, qué pasa en Los Ángeles. ¿Se estará cometiendo fraude o chanchullo contra el votante latino?, pregunta el director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco durante el reconocido programa de Línea Abierta que él mismo condujo en la ocasión.
Como exdirectivo de la Comisión Nacional de Derechos Civiles, continúa el director de Noticias, el juez Cruz Reynoso nos brinda su perspectiva, desde el punto de vista del votante, acerca de por qué es tan baja la representación política de los latinos en Los Ángeles. ¿Por qué se quedan tan cortos en este órgano de gobierno los latinos? ¿Será este un atentado contra el voto de esta comunidad, contra la Constitución y la Ley de Derechos del Votante?
Dirigiéndose al juez Reynoso, Orozco pregunta sobre un problema de Los Ángeles largamente examinado: esa afrenta contra el votante latino, eso de que sólo uno de los cinco que gobiernan el condado sea latino; es decir, sólo Gloria Molina. Y se señala que el problema comienza con un mapa electoral muy amañado.
Cruz Reynoso:
“Quizás uno puede decir que es fraude político porque lo que pasa es que simplemente las personas que tienen esos puestos no han estado de acuerdo con la sugerencias que se les han presentado, por las cuales pudiesen tener un plan en el que hubiera dos representantes de los mexicanos o latinos en Los Ángeles, y simplemente se niegan, por intereses individuales. Digamos que los que van a dejar ya sus puestos quieren ayudar a unos de sus amigos, o tienen ciertas relaciones que simplemente no han querido cambiar”. Reynoso dijo creer que aunque lo deben hacer, “no lo van a hacer sin que el gobierno federal entable un caso (legal) contra el condado, como lo hizo ya hace muchos años”.
Este asunto es de gran relevancia porque la Junta de Gobierno del Condado de Los Ángeles toma decisiones muy importantes, dice Orozco. Allí se decide dónde se construyen hospitales, estaciones de bomberos, por ejemplo… Denos una idea… ¿Cuál es el costo para los latinos, de no contar con una representación política justa en el gobierno del condado?
El juez responde que los miembros de la referida junta, en tanto supervisores, tienen un poder y un deber más amplio que, en términos generales, el de otros funcionarios. “No sólo son los legisladores en el condado, sino también los ejecutivos, digamos, al mismo tiempo, y por eso tienen mucho poder”. Reitera que lo que estos funcionarios hacen influye de manera importante en cada habitante del condado. “Por tal motivo es tan importante que las diversas congregaciones de ese condado sean representadas, y de momento, desgraciadamente con la gente latina no es así”.
Al decir de Orozco, no ha sido así para los latinos por ya más de dos décadas, desde que fuera electa al cargo Gloria Molina y desde entonces no ha habido más acción.
Reynoso sostiene al respecto que el esfuerzo para empujar al gobierno federal a que haga algo en este sentido data ya de casi una década, desde que se cambiaron las líneas de distrito por última vez. “Francamente para mí las cifras están tan claras, como ya indicaron ustedes. Cerca del 52 por ciento de los habitantes en Los Ángeles son latinos y sólo tienen el 20% de la representación”, dice el juez. Y agrega que “ya ha pasado tiempo desde que el gobierno federal, la administración Obama debió haber seguido adelante. Cuando se entabló el caso inicialmente, hace como 20 años los supervisores de Los Ángeles no estuvieron de acuerdo, y pelearon el caso; les costó como 16 millones de dólares, aunque debían haber sabido que iban a perder, porque las cifras estaban claras en aquel entonces también”.
En la actualidad, si el gobierno federal entabla un caso de nuevo le va a costar, señala el juez Reynoso, “bueno, ahora con la inflación, 20 a 30 millones de dólares para pelearles”. Por eso lo más indicado es que los supervisores de Los Ángeles inicien ellos mismos esos cambios para que no sea necesario que entable un caso el gobierno federal, insiste el juez.
“Ahora, hay que añadir que hasta cierto punto es una sorpresa que el gobierno federal no haya seguido adelante, indicando que piensa entablar una demanda en este caso”. Porque lo primero que ha de hacer el gobierno federal es mandar una carta indicando que en base a los estudios de la ley, de las cifras analizadas, ellos piensan entablar un caso, explica el también profesor de Derecho. “Francamente las cifras son tan distintas, que yo creo que si el gobierno federal hiciese eso, fácilmente los supervisores estuviesen de acuerdo en hacer un cambio antes de que se entablara un caso. Claro que uno nunca está seguro, verdad, porque la última vez, a pesar de que era claro que iban a perder, lo pelearon, y le costó a la gente de Los Ángeles muchos millones de dólares”.
En estas circunstancias, resume Orozco, la única alternativa que plantea -Reynoso- es una intervención de los federales, del Departamento de Justicia. Y se pregunta, ¿es que la Casa Blanca no les ha mandado nunca ninguna carta? ¿No las ha enviado señales serias? ¿Qué pasa con la Casa Blanca, no están enterados, o nomás se hacen…, qué pasa?
Reynoso:
“Francamente no sé… porque la Casa Blanca y el Departamento de Justicia federal, han entablado casos en el sur de Estados Unidos”, responde el distinguido invitado de Línea Abierta. “Yo creo que fácilmente lo que pasa es que políticamente es más fácil para la Casa Blanca entablar casos en el sur, donde la mayoría de los oficiales son republicanos, que entablar un caso en Los Ángeles, donde la mayoría de los gobernantes, los supervisores, son demócratas”. Reynoso sostiene además que para él algo que no tiene razón ni explicación lógica es que el gobierno federal no haya seguido adelante, por lo menos mandando dicha carta para llegar a un acuerdo con los supervisores. Porque sería algo muy desagradable para la gente de Los Ángeles gastar millones y millones de dólares a sabiendas de que van a perder, verdad, pero no lo han hecho”. El juez Reynoso agrega que él mismo ha estado en comunicación con el Departamento de Justicia en Washington. “Y ellos saben de la situación. En Los ángeles lo han estudiado hasta cierto punto, pero no han hecho nada más”.
Los abogados del Departamento de Justicia le ha dicho al juez Reynoso que ellos no tienen la decisión en sus manos, pues ésta depende del Procurador General. “Va a tener que ser el Procurador General, o el Presidente quien haga esa decisión”, afirma el también galardonado con la medalla presidencial de La Libertad.
El asunto avanza entonces a paso de tortuga, recapitula Orozco, en relación a la forma como el caso le ha estado llegando al procurador o al Presidente.
“Déjame explicar. Ellos ya han tenido muchas de las cifras, muchos de los estudios, por ocho o nueve años ya; no es algo momentáneo… En mi opinión, no han decidido políticamente seguir adelante con el caso”. La ley, dice el profesor, permite a un individuo establecer un caso, porque en este sentido se trata de los derechos civiles. “Pero lo que pasa es que es algo muy complicado, requiere millones de dólares, y claro que las personas o individuos, o una organización como Maldef (Fondo México Americano para la Defensa y la Educación), por ejemplo, simplemente no tienen los recursos para tener éxito en un formidable caso. Creo yo que dependemos del gobierno federal”.
La trayectoria de los esfuerzos emprendidos durante la década pasada para intentar corregir esta anómala situación, la falta de correspondencia entre el tamaño de la población latina en Los Ángeles y su representación política en el órgano de gobierno de ese condado, por ejemplo, incluye al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a quién se le ha tocado la puerta en busca de su intervención. Pero el gobierno ha estado ocupado entablando demandas en Carolina del Norte y Texas, por discriminación contra el votante afroestadunidense y latino. Porque por las razones que cita Reynoso, allá en el sur ha sido más fácil emprender estas acciones legales contra esos estados.
Pero, el gobierno federal se ha abstenido de perseguir a Los Ángeles … ¿No habrá intereses que estén protegiendo ahí?
Reynoso:
“No sé. Ignoro eso. Lo que sí creo que sería la solución en el futuro, fuese tener una comisión en el Condado, nombrada por personas independientes, como hemos hecho en el estado de California”. En la actualidad, más del 40% de los representantes estatales, asambleístas, senadores en el condado de Los Ángeles son latinos, sostiene Reynoso. “¿Por qué? Porque tenemos una Comisión, ciudadana estatal, que ha fijado los distritos electorales. Y lo ha hecho de una manera constitucional. Si el condado de Los Ángeles tuviese una comisión como esa, verdad, entonces no tuviesen el poder los supervisores, para indicar ellos mismos cómo se van a aceptar los distritos. Por eso en el futuro, para no tener esas dificultades eso sería lo mejor”, para Los Ángeles. “Pero eso tiene que ver con el cambio de la Constitución del Condado de Los Ángeles”, explica el profesor de derecho, y reitera que por el momento “dependemos del gobierno federal y para mi ha sido asombroso, digamos, que no ha seguido adelante el gobierno”.
Orozco pregunta entonces sobre los principios específicos de la Constitución que se estarían atropellando. Reynoso responde: “La ley federal indica que es discriminación tener distritos en los cuales personas de las minorías, ‘ora la gente latina, no tiene el poder político para nombrar a una persona que los apoye”. Por este motivo, en las condiciones de Los Ángeles, prosigue Reynoso, “es por lo que tengo claro que el gobierno federal tendría éxito si entablara un caso contra el gobierno del Condado; y también soy de la opinión de que si mandasen la carta indicando que ya están preparados para entablar ese caso, yo creo podrían llegar a un acuerdo con el gobierno del Condado; porque si no, francamente van a perder ese caso”.
Tomando en cuenta la importancia simbólica que tiene Los Ángeles no sólo para los angelinos sino para muchos otros en todo el país, quien ha pedido solamente la intervención de los federales en este espinoso asunto, además del juez Reynoso ha sido también, allí en Los Ángeles, el Supervisor afroestadunidense, Mark Ridley-Thomas, dice Orozco.
“El ha cooperado muy bien con Gloria Molina y con la esperanza de la gente latina”, asegura Reynoso, “pero como habían indicado ustedes, el voto muchas veces es 3 a 2, y no existe la mayoría para tener un mapa de distrito que sea representativo de toda la gente de Los Ángeles”.
Pero, ¿ve usted de que ahí entre la ciudadanía y el liderazgo latino de Los Ángeles haya un sentimiento de urgencia sobre este asunto? Y no veo un clamor así que ¡Qué bárbaro!, que proceda de Los Ángeles sobre este asunto. ¿Está usted conforme con el movimiento que se ha dado en Los Ángeles para pedir solución a esto?, pregunta Orozco al distinguido profesor.
“Lo que ha pasado, es que claro. Hay personas en el pueblo latino que han estado empujando este asunto ya por años. Pero tiene razón usted, en que en este momento no ha habido la agitación popular, de parte de las sociedades mexicana y latina en Los Ángeles. Y es algo que falta”. Hace muchos años, por ejemplo, dice Reynoso, él pertenecía a la organización Community Services Organization (CSO). “Esa fue la organización que tuvo éxito en elegir al primer latino como dirigente de la Ciudad de Los Ángeles, Ed (Edward) Roybal, hace muchos años”. Mismo que luego fue representante federal, en tiempos de una campaña muy exitosa de registro de votantes, “de agitar políticamente, y hacer todo lo necesario para tener ese éxito”, sostiene el juez; y afirma que fue necesario estrechar lazos con asociaciones y grupos comunitarios locales de Los Ángeles, “para que ellos hicieran también todo lo necesario para agitar y comunicarse con el gobierno federal, especialmente con el Presidente, y decirle que algo se debe hacer con respecto a esa -falta de- representación en Los Ángeles”.
Además, explica el profesor, más allá del 80 por ciento de los impuestos que recoge el estado de California se le pasan a los gobiernos locales; a las ciudades, a los condados, etcétera. Por eso el Condado es una rama del gobierno estatal muy importante, afirma. “Ya hemos platicado de los bomberos, de la policía”, recuerda Reynoso, quien sostiene que “esto ocurre también en muchas otras ramas, con respecto a los programas que le ayudan a la gente pobre, etcétera”. Y señala que todos esos programas del estado dependen en su ejecución del Condado. “Por eso el Condado es algo muy importante en el gobierno de California”, subraya Reynoso.
Orozco agrega que esta noción es mucho más importante si le agregamos estos otros fondos, procedentes del gobierno estatal, que van a financiar toda esta serie de programas sociales que pudieran muy bien beneficiar a la población latina.
Otro tema relacionado al método que se usa para elegir a los gobernantes en algunas ciudades, que tiende a excluir al votante y a los representantes latinos, es el método de elecciones generales en vez de por distrito. En Anaheim y en Whittier hay batallas legales para obligar a estas ciudades a adoptar el método por distrito. ¿Hasta qué punto sigue siendo esto un problemón para los ciudadanos latinos en todo el estado de California?
Reynoso:
Esto ha sido muy importante, dice el catedrático. “Y lo bueno acerca de eso es que no dependemos del gobierno federal. El Estado de California tuvo éxito con un proyecto de ley que facilita demandas cuando las elecciones son en general, y no por distrito”. Por tal motivo, afirma, y en base a la ley en California, se han entablado muchos casos y todos han tenido éxito. Y así es como se ha llegado a un punto tal, que “cuando una ciudad sabe que se va a entablar un caso, están más dispuestos a cooperar, y a hacer esos cambios, para que no se entable el caso; o entablándose el caso, llegar entonces a un acuerdo”. Reynoso afirma también que esto no es novedoso. “Lo hemos visto en muchas ciudades, se está tratando exactamente igual acá, en un pueblito del norte de California, que se llama Woodland, y otros en el condado de Orange; pero en realidad es por todo el estado de California”. Porque se ha visto que en muchas ciudades -dice Reynoso-, cuando se elige una votación en general, es muy difícil para las clases de las minorías, incluida la gente mexicana y latinoamericana, tener buena representación en esas ciudades. “Por eso hasta cierto punto, muchos de los problemas en las ciudades, que hemos tenido con el Condado, francamente, en relación al gobierno, el Condado es más importante que la ciudad”.
Es importante reconocer la injusticia, pero lo mas importante es actuar, apunta el Juez Reynoso, y señala: “Tenemos esas injusticias, pero hasta que no se unan las organizaciones latinoamericanas, mexicanas, para hacer algo, nada va a pasar. Y por tal motivo, le platicaba yo de la organización, la CSO, en la cual tratábamos de registrar a gente para que votara, tratábamos de que todas las personas que vivían en el barrio votaran, íbamos por ellos si no habían votado, y así es como podemos tener más fuerza política y al mismo tiempo poder ayudar entonces a todo el pueblo; sea con las escuelas, sea con la policía, con los bomberos, con cualquier actividad del gobierno”. El profesor sostiene que esto es especialmente importante para la gente pobre. “Desafortunadamente, en general la gente latina tiene ingresos menores que la gente anglosajona”.
Orozco recuerda los grandes éxitos de la CSO en los años 50, y no sólo en campañas de registro de votantes, sino sobre todo en la formación de líderes de organizaciones sociales no solamente en California sino en el resto de la nación. En esta oportunidad Samuel Orozco comenta con el juez Reynoso sobre la buena nueva que circula por estos momentos del programa sobre la designación de Reynoso como la persona que tomara juramento a Sergio García. El joven inmigrante gracias a quien ahora los indocumentados que se titulen podrán ejercer la práctica del Derecho, de las leyes, en California. Sergio García peleó por ese derecho, que se lo consagraron primero la Legislatura y el gobernador, y después la Corte Suprema del Estado. Sergio pasó el examen de la Barra de Abogados desde hace tiempo y ahora usted le tomará el juramento. ¿Cómo fue invitado a administrar este juramento, cómo recibió esta distinción?
“Yo ya lo conocía, porque estuve muy a su favor… y me platicó que había recibido noticias de que la Suprema Corte iba a decidir en cierto día”, dijo Reynoso, “y que si tuviera éxito, y lo esperábamos, me pidió que yo le hiciera el juramento para ser abogado aquí en California, y le dije que yo que para mí fuese un honor”.
Para el profesor en derecho esta noticia llega a la comunidad latina “como un triunfo de mucha importancia, y no sólo en California, sino creo yo nacionalmente; porque enseña que la persona indocumentada puede ser, y debe ser simplemente parte de este gran país”.
Sin embargo, Reynoso dijo que algo le molestó en todo esto: “Tenemos ya varios abogados indocumentados en California. En aquel entonces, y no sé cuándo cambió, la Barra de Abogados ni siquiera preguntaba si la persona era una persona sin documentos. Parece que cambió el reglamento, yo lo ignoraba, francamente, hasta que llegó el caso de Sergio, en el cual piden si la persona tiene sus documentos; y Sergio, claro, les explicó que no. Entonces por tal motivo, tuvieron ellos una audiencia para ver si Sergio merecía ser abogado; y no sólo porque había pasado la Barra, sino simplemente como una persona honrada, digamos. Y decidieron que sí, que era una persona excepcional”. Se recomendó a la Suprema Corte que le permitieran ser abogado, y la Suprema Corte, en vez de estar de acuerdo, de inmediato, citó el caso para un argumento ante la misma Suprema Corte, refirió el juez Reynoso. Agregó que luego el Estado de California tuvo éxito entonces con el proyecto de ley, permitiendo que personas sin documentos fuesen abogados; “el gobernador afortunadamente lo firmó, y fue fundamentalmente a base de esa ley, y de ese estatuto, que la Suprema Corte entonces falló diciendo que Sergio tenía la oportunidad de ser abogado aquí en el estado de California”. No obstante Reynoso declaró que en este proceso le molestó algo: “Que la Barra pida saber si la persona es indocumentada o no. Hace unos años que yo le ayudé a un joven en la facultad de Derecho, aquí en UC Davis, que no era documentado, y me acuerdo que en aquel entonces no preguntaban. Él entonces tuvo éxito con la Barra, y ya ha estado en su abogacía por varios años. Agrega que sin embargo hay todavía en este caso ciertas dificultades, “pero él ha tenido éxito, y yo estoy seguro que Sergio va a tener también éxito”.
Estamos volviendo entonces -dice Orozco-, a la forma en que se hacían los negocios antes, así que todo este sainete por el que se hizo pasar a Sergio García, no fue necesario, nos sugiere usted, juez… Toda esta batalla, dinero, sudor, por lo que se hizo pasar no solamente a Sergio sino al erario público…
El juez Reynos dijo querer hacer hincapié sobre algo que hasta este momento del programa no se había tocado: “Con respecto al futuro, yo creo que una de las cosas más importantes para la gente latina es la educación formal. Digamos que desgraciadamente un número exagerado de latinos no se gradúan de la secundaria (o preparatoria)”. Y señala que existen cifras que indican que el porcentaje de los latinos que se gradúan de bachillerato es menor al porcentaje de los anglos. “Y también hay estudios que indican que la persona que tiene esa educación formal, y digo educación porque en español ser educado es simplemente ser una persona buena, verdad; porque esas personas, con educación formal ganan más dinero, votan en porcentajes más altos… Digamos que va a ser muy importante en el futuro que la gente, digamos mexicana, y latinoamericana tengan porcentajes semejantes a los de los anglosajones con respecto al éxito en los estudios”. Desafortunadamente, agrega, cuando los niños están muy pequeños, “en segundo o tercer grado, si ya empiezan a no tener éxito, las cifras indican que muy pocos lo van a tener en el futuro”. Por tal motivo, continúa Reynoso, “una organización a la cual yo pertenezco, que se llama Mario G. Obledo, National Coalition of the Hispanic Organization, vamos a implementar en muy poco tiempo un programa para identificar a los niños que no están teniendo mucho éxito en los grados segundo o tercero; y le vamos a pedir a familias, especialmente a parejas o a alumnos de las universidades, trabajar con la familia de esos niños para asegurar que sigan adelante bien”.
Reynoso añadió que la realidad es que muchas veces los niños hace lo que se espera de ellos. “Cuando yo de chico estuve varios años en un escuela segregada, en aquel entonces tenían escuelas segregadas para la gente latina, y en mi clase, en esa escuela yo fui el único muchacho que se graduó de la secundaria, todos los otros dejaron la escuela a la edad de 16, 17 años, y empezaron a trabajar… en los naranjos”. Eso ocurrió en el condado de Orange, nos dice Reynoso. “Y hacían eso, porque eso era lo que se esperaba de ellos. Entonces hay que tener éxito con los niños del segundo, tercer año”.
Por último, el juez Reynoso comenta sobre el hecho de tomarle juramento a Sergio García. ¿Cuándo espera realizarse este juramento?
“Él me platico que dentro de 30 días (más o menos a mediados de febrero). Yo ignoraba esto, que él tiene una campaña de recoger fondos para establecer becas. Y que está trabajando en eso de momento, y que por eso se quiere esperar unos días antes de tener esa ceremonia. Pero me llama, y yo le dije que claro, con mucho gusto, nos juntamos y vamos a seguir adelante con eso”.
Hay que aclarar que Sergio sigue siendo indocumentado, que no tiene todos sus papeles en regla y que por lo tanto no puede trabajar para otros, como empleado, pero sí puede abrir su propio despacho y actuar por su propia cuenta, señala Orozco.
Para comunicarse con el exmagistrado y profesor de Derecho, Cruz Reynoso, se puede escribir a creynoso@ucdavis.edu. Y se puede visitar la página California Forward, www.cafwd.org, una organización de carácter cívico.
Redacción: Marco Vinicio González
