Eric Schneiderman, Fiscal General del Estado de Nueva York
De La Redacción
La Fiscalía General de Nueva York da un respiro a los presos que terminan de servir sus condenas en las cárceles del estado y que salen a la vida pública a tratar reincorporarse a la sociedad, con el acuerdo alcanzado por la oficina del procurador, Eric Schneiderman y la cadena Bed Bath & Beyond, en el que dicho almacén se compromete a eliminar las barreras a la hora de recibir una solicitud de empleo por parte de solicitantes con un pasado carcelario, dice un comunicado de la oficina de Schneiderman.
El acuerdo con Bed Bath & Beyond, almacén de productos domésticos que cuenta con 62 tiendas en Nueva York y más de mil en todo el país, “asegura una justa consideración en la evaluación de solicitantes de empleo con antecedentes penales”, dice el fiscal, quien sostiene que “los empresarios no pueden erigir barreras a las oportunidades de reingreso para individuos rehabilitados”.
Esto elimina la descalificación automática en función de las condenas penales y sin una consideración individualizada, lo que es requerido por la ley del Estado de Nueva York, que demanda de los empleadores realizar dicha evaluación individualizada de los antecedentes penales del solicitante de empleo, teniendo en cuenta una serie de factores que incluyen, “la naturaleza y gravedad de la condena penal de un candidato, y el impacto que esto tendría en las responsabilidades específicas del trabajo que se solicita; el tiempo que ha transcurrido desde la condena, la edad del solicitante en el momento de cometerse el delito, y la evidencia de la rehabilitación”.
Schneiderman se ha comprometido a hacer cumplir dichas leyes -afirma el comunicado-, para asegurar que todos los neoyorquinos tengan igualdad de oportunidades en la búsqueda de un empleo legal.
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«Mi oficina se compromete a garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo para todos los neoyorquinos», dijo el Fiscal General. Los empleadores deben tomar medidas para asegurar el cumplimiento de la ley, continúa Schneiderman, y “cerrar de golpe la puerta a los solicitantes de empleo sobre la base de la conducta anterior, sin decidir si esa conducta es relevante para el trabajo actual no es solamente erróneo, sino sobre todo ilegal», enfatizó el Procurador.
El acuerdo fue precedido y detonado luego que un gerente de recursos humanos de Bed Bath & Beyond difundiera información en una feria de trabajo, indicando que la empresa no contrataba a personas con condenas por delitos graves, independientemente de cualquier prueba de rehabilitación. La Fiscalía General realizó entonces una investigación y determinó que “Bed Bath & Beyond estaba excluyendo automáticamente a los solicitantes de empleo con condenas por delitos graves, sin llevar a cabo la determinación individualizada requerida por la ley”.
El acuerdo y los requisitos de la ley estatal establecen que Bed Bath & Beyond debe modificar esas políticas de contratación, llevar a cabo la capacitación de todos los empleados sobre dichas prácticas, y preservar registros de sus decisiones de contratación así como las quejas relacionadas con discriminación basada en historial criminal; además, debe presentar informes periódicos a la Fiscalía General para asegurar que la cadena está cumpliendo con la ley.
La fiscalía informó que Bed Bath & Beyond pagará 125 mil dólares en multa, de los cuales 40 mil se otorgarán como restitución a las personas que se les negó ilegalmente trabajar en la empresa, y que se entregarán 45 mil dólares, 15 mil a cada una de las siguientes instituciones: Centro de Oportunidades de Empleo, la Asociación Osborne, y el Fondo de Doe, que proporcionan servicios de capacitación laboral y colocación de empleo para personas con antecedentes penales en la contratación de un trabajo.
Defensores de los derechos civiles y laborales aplaudieron la medida del Fiscal. La directora del Programa de Justicia en el Centro Brennan, de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU), Inimai Chettiar dijo: «Si queremos que las personas contribuyan a nuestra economía, tenemos que darles las herramientas necesarias para hacerlo… Estudios sobre el tema han demostrado de manera concluyente que proveer a los ex convictos con el acceso a oportunidades de trabajo ayuda a reducir la reincidencia, disminuye la tasa de criminalidad, fortalece a las comunidades y fortalece nuestra economía. Aplaudo al Fiscal General por hacer una prioridad básica de los derechos civiles, el eliminar las barreras al reingreso», declaró la académica.
Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo por su parte que «teniendo en cuenta las prácticas como la discriminación racial, la detención de inmigrantes, y las leyes discriminatorias que conducen a un número desproporcionado de personas de color en la cárcel, es importante que nos ocupemos de las consecuencias colaterales de la encarcelación en masa… Las barreras para el reingreso a las personas con antecedentes penales son particularmente acentuadas en el contexto laboral. Doy las gracias al Buró de los Derechos Civiles del Fiscal General por hacer frente a estas barreras para garantizar un mayor acceso a las oportunidades de empleo para todas las comunidades».
El Buró de Derechos Civiles de la Fiscalía General se compromete a promover el acceso a la igualdad de oportunidades laborales y la lucha contra la discriminación para todos los neoyorquinos. Para presentar una queja de derechos civiles, póngase en contacto con la Fiscalía General, llamando al (212) 416-8250 o escribiendo a civil.rights@ ag.ny.gov.
Para más información visite: www.ag.ny.gov.
