De la redacción
Procurador General de California, Xavier Becerra. Foto: Fiscalía General de California.
Los administradores escolares del estado de California recibirán un instructivo con las respuestas que deberían dar a las fuerzas de seguridad del gobierno federal cuando estos requieran información personal de los estudiantes indocumentados del estado.
El Fiscal General de California, Xavier Becerra emitió un guía que busca ayudar a las escuelas a entender mejor las protecciones que salvaguardan la privacidad de los estudiantes indocumentados y sus familias.
Y es que casi la mitad de todos los niños en California tienen un padre o una madre que es inmigrante, por lo que Becerra afirmó: “Es nuestro deber defender los derechos de estos estudiantes para que su educación no se vea interrumpida”.
A medida que se intensifica la lucha contra las leyes federales de inmigración, por haberse declarado California un Estado Santuario, Becerra se ha visto en la necesidad de publicar dicha guía de políticas para los funcionarios escolares, que establece cómo pueden proteger a los estudiantes de la aplicación de la ley de inmigración en el recinto escolar, dice el periódico Los Angeles Times.
“La guía detalla los pasos que deben seguir los funcionarios escolares si agentes federales de Inmigración intentan detener a alguien en el campus, o si los padres de un niño han sido detenidos o deportados”.
El instructivo que giró el viernes Becerra, también instruye a las escuelas sobre “cómo proteger el estado migratorio de los estudiantes y sus familiares”, e ilustra los tipos de órdenes judiciales que los agentes federales deben presentar antes de ingresar a los campos escolares.
Las políticas de protección a los inmigrantes indocumentados son el resultado de una nueva ley estatal que fue parte de un paquete legislativo aprobado el año pasado, “para salvaguardar a los inmigrantes que se hallan aquí ‘ilegalmente’, del llamado del presidente Trump para aumentar las deportaciones”.
Por su parte, el asambleísta demócrata de Long Beach, Patrick O’Donnell aplaudió en un tuit la iniciativa de Becerra. “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no tiene lugar en nuestras aulas”, dijo.
Agregó: “Como maestro, soy testigo de que los estudiantes no pueden aprender si tienen miedo”.
La guía destaca que “250 mil niños indocumentados de entre 13 y 17 años están inscritos en escuelas públicas de California, y 750 mil estudiantes de primaria y secundaria tienen un padre o madre indocumentados”.
De esta suerte, la guía busca que el estado y sus educadores «hagan todo lo posible para garantizar que todas las escuelas de California sean refugios seguros para los estudiantes y sus familias“.
Además, el referido documento de la fiscalía, que puso a circular Xabier Becerra este fin de semana en las escuelas públicas del estado, recuerda que «una ley de California prohíbe a las escuelas requerir la información sobre el número de seguro social federal”, identificación que de todas maneras los indocumentados no tienen, y dice que para matricular a los niños “se pueden usar documentos como recibos de pago de impuestos de propiedad, contrato de arrendamiento o recibos de servicios como luz o agua, entre otros”.
Y aclara que “cada distrito puede escoger igualmente aceptar otros tipos de evidencia“.
Las agencias educativas locales deben desarrollar políticas y procedimientos escritos para el manejo de la información confidencial de los estudiantes si aún no las tienen, dice la guía.
También establece que para evitar que el temor por ser indocumentados aleje a los estudiantes o sus padres de la inscripción escolar, “la información sobre país de nacimiento y datos de entrada al país de los estudiantes extranjeros, necesaria para algunos programas específicos, se debe obtener en un proceso diferente al de la matrícula escolar”.
Así mismo, la guía dicta que las autoridades escolares “no pueden suministrar información personal de estudiantes o padres a las autoridades de inmigración”, excepto en casos específicos de abuso, maltrato infantil o cuando hay una orden judicial.
Como se sabe, desde enero de este año a través de una orden judicial California se convirtió en un Estado Santuario para indocumentados. Y las acciones de los agentes de Inmigración han provocado que el Procurador estatal, Xavier Becerra, haya propuesto varias demandas contra el gobierno federal, “relacionadas con el cumplimiento de las leyes de inmigración”.
La Oficina del Procurador General agradece al gobernador Gerry Brown Jr., al Departamento de Educación de Nueva York, y a la Junta de Educación de California por su ayuda en la redacción, y por revisar dicha guía, dice un documento de la fiscalía de California■
