De la redacción
Como reportamos oportunamente en este mismo espacio, tras diez años de infatigables e infructuosos intentos por derogar la Ley de Salud Costeable (ACA), actualmente vigente, los republicanos vuelven a la carga y el presidente Trump anuncia que desmantelará en su totalidad el Obamacare, como se le conoce también, sólo que el mandatario no contaba con la oposición de unos de los suyos.
Para ser justos, hay que decir que es más bien el presidente Trump quien busca derogar nuevamente la Ley de Salud Costeable (ACA), y que el liderazgo republicano en el Congreso (Mitch McConnell en el Senado y Kevin McCarthey en la Cámara de Representantes), ven esta medida “temeraria” como algo «desastroso» para los planes de los miembros de este partido que buscan la reelección, o incluso para el candidato a ocupar la Casa Blanca en el 2020. De hecho McConnell anunció ya este martes que la propuesta del presidente “no será sometida en el Senado” en esta legislatura.
En una maniobra legal inesperada, que haría palidecer de envidia al mejor contorsionista, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recién que toda la ley de atención médica debería ser invalidada. Anteriormente, el gobierno del presidente Trump había dicho que sólo partes del Obamacare debían ser golpeadas, y otras deberían sobrevivir; incluida una expansión, dirigida por el Estado, del programa de seguro de salud, Medicaid para los pobres.
Pero las cosas no pararon ahí. También hay rechazo en otros niveles del aparato de gobierno, o entre los propios republicanos a la “descabellada” idea de derogar el Obamacare.
Y es que resulta que dos Procuradores Generales republicanos instaron el lunes a un tribunal federal de apelaciones a respetar la referida ley federal de salud, aduciendo que rechazarla sería perjudicial para pacientes, médicos, aseguradoras y empleadores.
Se trata de los procuradores generales de Ohio y Montana, quienes enviaron un amicus corte (amigo del tribunal) a la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito de Estados Unidos en San Francisco, California. Los fiscales estatales piden que se revise una sentencia de diciembre, del juez de distrito en Fort Worth, Texas, Reed O’Connor. Y docenas de grupos de pacientes y de la industria de la salud, incluidos la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Hospitales, la Sociedad Americana del Cáncer y el grupo de defensa de la tercera edad, AARP, también presentaron informes en apoyo de la ley de salud vigente.
Como se sabe, los demócratas han venido haciendo la defensa del Obamacare durante la última década. Y en el terreno de lo electoral, ACA fue el principal eje temático de su triunfo en noviembre de 2018, cuando obtuvieron una mayoría decisiva de 38 escaños en la Cámara de Representantes y eso les devolvió el control de dicha cámara, que por cierto presentó una solicitud el mes pasado ante el tribunal de apelaciones en apoyo a la ley, al igual que un grupo de 17 estados liderados por los fiscales estatales demócratas de California y Nueva York.
Vale recordar que en el origen del conflicto la demanda contra ACA fue presentada por una coalición de 20 estados liderados por los republicanos, incluidos los de Texas, Alabama y La Florida. Y se centró en el llamado mandato individual de la ley, que exige que todas las personas que vivan en el país (con excepción, por obvias razones, de los inmigrantes indocumentados), comprar un seguro de salud o en su defecto pagar una multa. En 2012, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una impugnación del mandato, y dictaminó que la pena estaba permitida a través del poder del Congreso para imponer impuestos, dice por su parte The HuffPost.
La fuente agrega que a fines de 2017, sin embargo, Trump firmó un proyecto de ley de impuestos que reduce a cero dólares la multa por no comprar el seguro. “Los estados que impugnaron la ley argumentaron que el mandato ya no era impuesto y, por lo tanto, era inconstitucional”.
El juez O’Connor, de Texas, estuvo de acuerdo; y encontró que el resto de la ley no podía separarse del mandato, lo que significa en la práctica que “debe ser eliminado por completo”, dijo en su oportunidad.
Alrededor de 11.8 millones de consumidores en todo el país se inscribieron en los planes de intercambio del Obamacare en 2018, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del gobierno de Estados Unidos.
Pero de consumarse la propuesta de Trump, de entrada se quedarían sin seguro de salud 21 millones de actuales derechohabientes, y como también proscribe a los pacientes con condiciones preexistentes de salud, perdería su cobertura así mismo un universo de 120 millones de estadunidenses aproximadamente. Eso sin contar a los jóvenes que actualmente pueden permanecer en el seguro de sus padres hasta los 26 años de edad, y ni que hablar de la suerte que seguiría en turno para el Medicaid, Medicare y el Seguro Social.
Los republicanos están que no los calienta ni el sol, ante la propuesta de su presidente■