De la redacción
Como reportamos oportunamente en este mismo espacio informativo, el 14 de este mes el presidente Trump promulgó regulaciones federales para determinar que un extranjero que solicita un ajuste de estatus en Estados Unidos sería inadmisible porque “es probable que se convierta en una ‘carga pública’, propenso a recibir asistencia social”, dijo el gobierno federal.
Hoy la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James anunció una demanda legal en contra la administración Trump, “por sus cambios a la regla de ‘Carga Pública'», dice un comunicado de la Fiscalía.
James señaló en un comunicado que la medida del gobierno “tiene como objetivo restringir la inmigración legal, negando las tarjetas de residencia permanente –Green Card-, las solicitudes de ciudadanía y los ingresos a Estados Unidos de inmigrantes que se beneficien o hayan usado los programas de asistencia del gobierno”, con efectos restrictivos en el campo de economía y la salud pública.
La demanda, presentada con el respaldo de la Ciudad de Nueva York y los Estados de Connecticut y Vermont fue entablada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra los planes del gobierno «por intimidar a los inmigrantes de color, al tiempo que pone en riesgo la seguridad de los miembros de estas comunidades», afirma el comunicado:
«Generaciones de ciudadanos desembarcaron en las acogedoras costas de la famosa ‘Isla Ellis’, con nada más que un sueño en sus bolsillos», dijo la Fiscal. “Simple y sencillamente, bajo esta nueva regla más niños pasarán más hambre, más familias se quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y en las calles, sin un hogar. No podemos permitirlo y no dejaremos que eso suceda».
La nueva definición de “carga pública” realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “no tiene en cuenta la intención clara del Congreso, e ignora un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivo, no se consideran carga pública; porque no dependen principalmente del gobierno”.
Además, la nueva regla de carga pública «convierte en un arma política la investigación» sobre precisamente la carga pública, que «afecta principal y específicamente a inmigrantes de color, inmigrantes con discapacidades, e inmigrantes de bajos ingresos».
Finalmente, agrega el comunicado, la propuesta de Trump fundamentalmente malinterpreta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados «para ayudar a los inmigrantes que llegan a este país con medios limitados a salir de la pobreza a través de un proceso de movilidad ascendente”.
Se estima que las comunidades inmigrantes en el estado de Nueva York se verán fuertemente afectadas por la nueva norma de la administración federal. Se espera que disminuyan la inscripción en programas de cupones de alimentos, el Medicaid y otros programas de asistencia para la vivienda, lo quelleva a «tasas más altas de condiciones médicas no diagnosticadas y no tratadas, como la desnutrición, la diabetes, la obesidad, el cáncer y muchas más”.
Económicamente, concluye el comunicado, “puede esperarse que las comunidades experimenten mayores tasas de pobreza, inestabilidad en la viviendas una fuerza laboral reducida y una disminución general en el índice de la productividad económica”■