Protesta frente a la Corte Suprema en 2019 contra el intento de Trump por imponer trabas a la participación de los inmigrantes en el Censo 2020. Foto: https://cronkitenews.
De la redacción
Este martes el presidente Trump firmó un memorándum para excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo del censo 2020, a fin de reducir, entre otros vitales recursos, las cuotas de representación en el Congreso. Críticos de la administración federal denunciaron la medida de inconstitucional, y afirman que como todo lo que ordena el presidente para distraer la atención de los problemas sociales más importantes, enfrentará muy probable y rápidamente un desafío en los tribunales de la nación.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente intenta excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo poblacional que se practica cada década. La medida sin embargo enfrenta importantes obstáculos legales, logísticos y políticos, dice expertos. Por un lado, la Oficina del Censo tendría cinco meses para encontrar una manera de estimar con precisión el número de residentes que viven sin autorización legal en cada uno de los estados si el gobierno federal quisiera poder restarlos del recuento general.
Se trata, dicen, de otra desesperada maniobra electorera cuando las encuestas ubican al presidente, de manera consistente durante las últimas dos semanas, 10 puntos por debajo de su oponente demócrata. De tal suerte que junto con el despliegue de fuerzas militares sin identificación, enviadas a estados demócratas para hostigar manifestantes contra el racismo sistémico y la inequidad, y técnicamente secuestralos de manera inconstitucional, o la denuncia de falsos fraudes con las boletas electorales por correo, son parte de la última línea de defensa del atribulado presidente.
Van aquí, por lo pronto, algunas respuestas que no se hicieron esperar:
Por un lado, el gobernador de California, Gavin Newsom contestó a Trump en un comunicado: «Contar a cada persona en nuestro país a través del Censo es un principio tan fundamental que está escrito en nuestra Constitución… Esta última acción de la administración para excluir a los inmigrantes indocumentados al determinar la representación en el Congreso, enraizada en el racismo y la xenofobia, es un ataque flagrante contra nuestras instituciones y nuestros vecinos».
Y el Procurador General, Xavier Becerra secundó: “El presidente Trump ya perdió en la Corte Suprema tratando de sabotear un conteo censal completo y preciso. Este último intento es aún más imperfecto y transparente. ¿Alguien se sorprende de que el presidente haya propuesto otro acto ilegal de su administración? Acostumbrarse a él. Así será, con esteroides, hasta el final de su Presidencia».
En Nueva York, la Fiscal General, Letitia James emitió el mismo martes una enérgica declaración en respuesta a la maniobra del presidente, que busca cambiar el poder del equilibrio en el Congreso:
«Nadie deja de ser una persona por falta de documentación. Según la ley, toda persona que resida en EE.UU. durante el Censo, sin importar su estatus, debe ser contada… Hemos vencido antes al presidente en tribunales, y lo desafiaremos una vez más sobre censo… Continuaremos liderando esta lucha porque no permitiremos que las políticas antinmigrantes de la administración Trump inclinen la balanza del poder en la nación”.
Por su parte Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice declaró en un comunicado:
“Dejaré el análisis legal a otros porque no creo que a Trump le importe si esto resistirá los desafíos a la constitución en la corte. ¡No lo hará! A Trump sólo le importa una cosa: el poder. Para mantenerlo, cree que debe defender a sus seguidores, en su mayoría blancos, contra todos los demás en un combate a muerte de suma cero… Que debería demonizar y deshumanizar a las personas de color, caracterizando a sus chivos expiatorios como ‘el otro’ no blanco que viene a tomar lo que -por cierto- es legítimamente suyo». Realmente no está actuando como el presidente de Estados Unidos, sino como el presidente de los blancos en los estados rojos”.
Trump trata, dicen otros, de desviar la atención pública de los hechos brutales como las infecciones y muertes por COVID-19 que crecen sin control; los hospitales llenos a tope; la pruebas diagnósticas insuficientes e inadecuadas; y las ciudades en todo el sur y el oeste que están buscando camiones frigoríficos para almacenar a sus muertos porque las morgues se hallan rebasadas.
Sin embargo, de salirse con la suya, eliminar a los inmigrantes del conteo censal podría tener efectos de largo aliento, al reducir la influencia política de los estados con números significativos de inmigrantes, incluidos California, La Florida, Nueva York y Texas, entre otros, inclinando el poder hacia los estados o áreas más blancas y rurales del país -que arden en las llamas del coronavirus-, a expensas de las ciudades demográficamente más diversas■
