De la redacción
Desde que asumió el cargo, Trump ha finalizado los programas de permisos temporales para Sudán y Nicaragua. Y pospuso hasta el próximo mes de julio una decisión sobre cómo lidiar con un programa similar para 86 mil residentes de Honduras.
Cuando un terremoto destrozó Haití hace siete años, la administración Obama permitió el ingreso por razones humanitarias a casi 60 mil ciudadanos haitianos, para que pudieran vivir y trabajar en este país. Pero siguiendo con sus políticas antinmigrantes para adular a su más ferviente base electoral, reaccionaria y xenófoba, la administración Trump puso fin este lunes al programa que le brinda un estatus de residencia o proteción temporal (TPS) a los ciudadanos de Haití.
Las razones del Departamento de Seguridad Interior (DHS) se basan en que según ellos, las condiciones de vida en Haití han mejorado significativamente, por lo que el beneficio se extenderá sólo por una última vez hasta julio de 2019, para dar a los haitianos tiempo a prepararse y regresar a su casa.
DHS asegura en un comunicado que «Desde el terremoto de 2010, el número de personas desplazadas en Haití ha disminuido en un 97 por ciento», por lo que, afirma, «Haití puede recibir con seguridad los niveles tradicionales de ciudadanos devueltos», cita hoy el semanario inglés, The Guardian.
El anuncio causó indignación y alarma entre los defensores de los inmigrantes y anoche algunos convocaron a una rueda de prensa de emergencia, que contó con la participación de representantes de la comunidad empresarial, la comunidad haitiana y los titulares de TPS. “Todos condenaron la decisión sin principios de la administración Trump, de terminar con el TPS para 50 mil haitianos” dice por su parte America’s Voice.
Royce Murray, Director de Políticas del Consejo Estadunidense de Inmigración, habría dicho en la reunión: «La decisión de dar por terminado el TPS para Haití es una decisión trágica en muchos niveles. Haití necesita más tiempo para recuperarse del terremoto catastrófico, la epidemia de cólera, los huracanes y otros desafíos, sin preocuparse por recibir a 50 mil haitianos más, que están en riesgo de ser deportados de EEUU”.
Hay desde luego otros que también están preocupados por esta situación de los haitianos, entre quienes se hallan, además de la comunidad, algunos representantes políticos en el Congreso, y muchos empleadores también se verán afectados por esa decisión, “ya que estos haitianos pierden su capacidad de trabajar y de mantener a sus familias demasiado pronto».
De la indignación y la sorpresa se pasó pronto a la demanda, y tanto defensores como miembros del Congreso pidieron a la administración Trump una extensión de 18 meses, y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, también se sumó a la solicitud de la extensión, dice The Guardian.
Por ejemplo, el congresista de La Florida, Mario Díaz-Balart expresó su «fuerte oposición» a la medida e instó a la administración a reconsiderarla: «Forzarlos a abandonar Estados Unidos sería perjudicial», dijo en un comunicado de prensa. «Casi ocho años después, Haití permanece en total desorden y aún requiere mucha reconstrucción».
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, a través de su consultora política, Amanda Baran, calificó el fin del TPS como una «decisión despiadada». La administración Trump, dijo, “no tiene un plan para los niños nacidos en Estados Unidos que ahora pueden perder a sus padres y a quienes los cuidan”, que están expuestos la deportación.
Por su parte America’s Voice afirma que el Director de Política de Inmigración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Jon Baselice habría dicho anoche: «El anuncio es decepcionante. Incluso con los 18 meses previos a la eliminación definitiva de la designación de TPS para Haití, esto será altamente disruptivo en múltiples industrias, particularmente en la construcción, procesamiento de alimentos, servicios de atención domiciliaria y hospitalidad… La Cámara continuará trabajando con los miembros del Congreso y la administración para obtener una solución legislativa no sólo para los beneficiarios haitianos, sino también para otros destinatarios del TPS».
Echando mano a recientes estudios económicos The Guardian sostiene que “Si bien Haití ha logrado avances impulsados por la ayuda internacional desde el terremoto, el país sigue siendo uno de los más pobres del mundo. Más de 2.5 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población, viven con menos de un dólar 23 centavos al día, lo que las autoridades consideran pobreza extrema”.
Agrega que las Naciones Unidas terminaron el mes pasado una misión de mantenimiento de la paz en Haití que, en su apogeo, “incluyó a más de 10 mil soldados. Su nueva misión comprende alrededor de mil 300 policías civiles internacionales y 350 civiles que ayudarán al país a tratar de reformar un sistema judicial profundamente atribulado”.
En respuesta a la decisión de la administración Trump de rescindir permanentemente las protecciones del TPS para el 22 de julio de 2019, poniendo en peligro las vidas de 59 mil haitianos y sus familias en Estados Unidos, Javier H. Valdés, Co-Director de la organización Make The Road New York, a nombre de sus más de 21 mil miembros declaró:
«La decisión de ayer, que ignora por completo las condiciones del país en Haití, marca una nueva demostración de las raíces de la supremacía blanca de esta administración. Está claro que el DHS tiene la intención de usar todas las herramientas a su disposición para poner en riesgo a las familias inmigrantes. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas haitianos y exigimos que el Congreso actúe inmediatamente para proteger a todos los titulares de TPS y les permita ajustar su estatus».
Más tarde, los neoyorquinos inmigrantes tomarán medidas en la ciudad de Nueva York y Long Island para exigir que el Congreso apruebe la legislación TPS y una Ley DREAM limpia inmediatamente, dice Make The Road, y se sabe que en otras partes del país se preparan pertinentes acciones y movilizaciones en defensa del TPS■