De la redacción
Vista trasera del camión donde fueron encontrados 10 migrantes muertos por asfixia en el estacionamiento de Walmart en San Antonio Texas. El chofer fue acusado de tráfico humano y podría ser sentenciado a pena de muerte o cadena perpetua. Foto: San antanio Express-News.
Las tácticas de la administración Trump para encarar el complejo tema de la migración indocumentada arrojan saldos macabros. La más reciente expresión diabólica de la falta de estrategia o la ausencia de una reforma migratoria comprensiva bien podrían ser los diez inmigrantes que murieron asfixiados y abrasados en un camión de carga abandonado la madrugada del domingo en el estacionamiento de Walmart en San Antonio, Texas.
Aunque la identidad de los muertos no ha sido dada a conocer se sabe que entre los diez inmigrantes asfixiados se hallaba un joven guatemalteco, ex beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, un beneficio de la administración Obama que le fue retirado por haber cometido robo y asalto agravado, según declaró a The New York Times Sylvia Mintz, abogada del Consulado de Guatemala en Texas. Luego, el ex dreamer habría sido capturado y deportado a su natal Guatemala, pero volvía a reunirse con los suyos y a continuar con su vida en Maryland cuando se topó con la muerte en ese enardecido camión.
Según recientes revelaciones a la prensa el asunto de la reforma migratoria ha venido siendo pospuesto históricamente tanto por gobiernos republicanos como demócratas, que ya sea por omisión o por comisión han permitido que se vayan cerrando los puntos de cruce más o menos seguros al flujo de inmigrantes indocumentados, esa fuerza laboral barata que demanda diariamente la planta productiva estadunidense. Además, se ha utilizado como recurso de disuasión el inminente peligro de muerte que representa el desierto para quienes deciden cruzar por ahí de manera ilegal a este país. Los esfuerzos de la clase política estadunidense para resolver el tema de la migración, o la falta de una reforma migratoria ha sido por decir lo menos, timorato, cuando no perverso.
Entre tanto, un grupo de legisladores bipartidista presentó recién al Congreso el nuevo Dream Act, o Acta del Sueño 2017, que abre una ruta hacia la ciudadanía para ciertos jóvenes sin estatus legal permanente, que cumplan una serie de requisitos. La medida fue muy bien recibida, “con aplausos y satisfacción en muchos rincones del movimiento pro inmigrante”, dice el periódico de Los Ángeles, La Opinión.
La fuente señala sin embargo que “un segmento significativo de los activistas pro inmigrantes no quedó satisfecho”, por la forma como se presentó el proyecto de ley; y “por el lenguaje utilizado por sus patrocinadores” al anunciar la medida en una rueda de prensa transmitida en vivo desde Washington, DC. Esto, insisten, dejó un amargo sabor de boca entre algunos de ellos, incluyendo a algunos ‘dreamers’ o ‘soñadores’ que se beneficiarían de tal ley.
“ICE está actualmente conduciendo una amplia operación para arrestar a unidades familiares, que son adultos que entraron al país acompañados de menores, y de jóvenes que ingresaron solos y que podrían tener antecedentes penales o nexos con pandillas”, señaló Dani Bennett portavoz de ICE a Mundo Hispánico.
Por ejemplo Nanci Palacios, quien es organizadora principal de ‘Faith in Florida’, un grupo afiliado a la red PICO de organizaciones religiosas pro inmigrantes, expuso a la fuente su dilema: “Me siento en conflicto conmigo misma respecto a si debo apoyar o no el Acta del Sueño de 2017… Luego de estar en este país durante 22 años, me emociona que haya la esperanza de una solución permanente para mi estatus, pero me duele que los políticos de nuevo usen un lenguaje que criminaliza a mis padres”.
No obstante, trascendió que existen finas fisuran entre los proponentes de la nueva ley para los dreamers. Cuando los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois, y su colega republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham presentaron el proyecto en rueda de prensa a las afueras del Capitolio en DC, Durbin diría que “la primera premisa del proyecto es aseverar que los jóvenes no deben ser castigados por los errores o las acciones ilegales de sus padres”.
Y Graham expresó su apasionado apoyo al Dream Act 2017, pero al mismo tiempo respaldó abiertamente la política de deportaciones de presidente Trump y aseguró que ésta estaría enfocada en capturar sólo a los ‘bad hombres’ y que el presidente reforzaría la frontera. Sin embargo el titular del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly ha dicho en repetidas ocasiones que todo inmigrante indocumentado, con historial delictivo o sin él, es ‘deportable’.
Entre las organizaciones defensoras de los inmigrantes destaca Martha Arévalo, del Centro para Recursos Centroamericanos, CARECEN. Dijo a la fuente en Los Ángeles estar insatisfecha con la medida presentada por el grupo bipartidista de legisladores, calificándola de “paso positivo”; aunque “otras cosas de la presentación le gustaron mucho menos”.
Y además de divulgados temores de que el Dream Act tendrá dificultades para pasar en un Congreso de mayoría republicana, también existe la preocupación de algunos que piensan que enfocarse demasiado en la ‘Ley del Sueño’ podría restar visibilidad al tema del Estatus de Protección Temporal o TPS, dadas las insistentes intenciones de la Casa Blanca por acabar con esta protección legal para decenas de miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, así como haitianos, “quienes ya recibieron una renovación más corta con el aviso de ‘prepararse’ para regresar a casa”, dice La Opinión.
Así las cosas, trascendió hoy que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrancó ya este domingo la primera etapa de operaciones, una nueva ola de redadas prometidas contra los inmigrantes indocumentados, realizadas simultáneamente en Atlanta, Georgia, Montgomery, Alabama, Charleston, Carolina del Sur, Memphis, Tennessee y Boston, Massachusetts según reportó esta agencia federal■
