La Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito falló esta semana en contra de las acciones ejecutivas del presidente Obama, que conceden un alivio temporal a los padres indocumentados con hijos ciudadanos, y amplían los permisos temporales para los jóvenes indocumentados. El Departamento federal de Justicia anunció de inmediato que se dispone a apelar el fallo, por lo que el futuro de millones de familias indocumentadas quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia. José López Zamorano reporta desde la ciudad de Washington.
Se escuchan gritos por medio de un altoparlante…
En las afueras del Capitolio, cientos de trabajadores del Congreso protestaban bajo la lluvia, demandando un salario de 15 dólares por hora, cuando la noticia del fallo judicial cayó como un balde de agua fría.
“Estoy bien triste porque yo soy una de esas que esperaba por DAPA y veo que no hay mucha esperanza; la verdad es que estamos en un limbo y ya llevamos muchos años”
Gabriela del Cid es un inmigrante mexicana que no puede ocultar su frustración. Gracias a su hija adolescente ciudadana podría ser elegible para DAPA. Ahora sólo le queda la paciencia.
“Siempre es la espera y la espera, yo llevo años esperando. Ahorita mi última esperanza es mi hija, cuando tenga 21 años, pero apenas tiene 16”
No sólo los inmigrantes estaban decepcionados. También se declaró en contra Kamala Harris, procuradora general del estado de California, estado donde viven uno de cada tres posibles beneficiarios de DAPA.
“Estamos decepcionado por este fallo. No sólo hará más difícil proteger la seguridad pública y tener rendición de cuentas en nuestro sistema migratorio sino impactará nuestra economía. California ha sido perjudicada por este fallo y por ello continuará la lucha».
Ante el fallo, el Departamento de Justicia anunció que apelará inmediatamente. Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca aseguró que mientras no se resuelva el asunto la administración de Obama dará la menor prioridad a las deportaciones de los beneficiarios potenciales de DAPA y DACA, y confió en un triunfo legal.
“Sabemos que las decisiones del presidente sobre las acciones ejecutivas están de acuerdo con la ley. Es por eso que estamos yendo a la Corte Suprema a asegurarnos que podemos implementar este programa”
Es bueno que el caso llegue a la Suprema Corte, dice María Elena Hincapié, directora del Centro Legal de Migración.
“Este es el momento que millones de familias estábamos esperando. Estamos más que listos para llevar el caso a la Corte Suprema y que revisen de una vez por todas los asuntos legales y ofrezcan justicia.”
La primera tarea de la Suprema Corte será determinar si acepta considerar el caso, que podría sentar jurisprudencia sobre si el gobierno federal puede aplicar discrecionalmente la ley migratoria. El Departamento de Justicia dispone de 90 días para apelar, pero el máximo tribunal sólo acepta 70 casos en cada sesión.
Hasta el momento la administración Obama no ha precisado la fecha de la presentación de la apelación, pero activistas mantienen la presión a fin de que sea hecha con celeridad a fin de que el dictamen final sea emitido en junio del 2016, antes de las elecciones presidenciales■