Expira moratoria contra desalojos, no hay extensión, pero el dinero para este propósito no se ha gastado aún

Carolina Ramírez y  el abogado Noah Grynberg (de barba), se preparan para anunciar una victoria contra el desalojo en Los Ánbeles, California. Foto: Rubén Tapia.

Carolina Ramírez y el abogado Noah Grynberg (de barba), se preparan para anunciar una victoria contra el desalojo en Los Ánbeles, California. Foto: Rubén Tapia.

Una nueva amenaza surge contra los estadunidenses pobres y las minorías golpeadas por la crisis del desempleo derivada de la pandemia de Covid-19, al haber expirado la moratoria federal contra los desalojos el 31 de julio, por mandato de la Corte Suprema que puso fin a una serie de litigios estatales el 29 de junio del presente año. Sin embargo, el dinero de la ayuda para los inquilinos morosos no se ha gastado en casi todos os estados.

De la redacción

Miles de millones de dólares en ayuda federal a los estados para saldar el alquiler de los inquilinos que deben el alquiler siguen sin gastarse, pero los desalojos se reanudarán a medida que los tribunales y los jueces fallen a favor de los propietarios de unidades de alquiler.

Este dinero proviene de un fondo de emergencia de 46 mil 500 millones de dólares para ayudar a inquilinos en riesgo de desalojo, que absurdamente sigue sin gastarse en gran medida cuando muchas familias están siendo lanzadas a la calle en plena pandemia o resisten el desalojo.

Sólo nueve estados y D.C. tienen algún tipo de protección de emergencia para inquilinos, que durará hasta finales de agosto, mientras se gastado !sólo el 12 por ciento! de la partida aprobada en diciembre, que ha llegado a las personas necesitadas.
Y es que propietarios de viviendas de alquiler en varios estados han cuestionado la validez de la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que prohíbe los desalojos. El último desafío en un tribunal federal de primera instancia sucedió en Washington, DC, en una decisión que invalida la orden de los CDC.

Es el caso «Alabama Association of Realtors v. HHS, No. 20-cv-3377», donde el juez aplicó su fallo a nivel nacional, pero suspendió la decisión de desalojo o pospuso su efecto el 5 de mayo de 2021. Entonces, los propietarios apelaron la suspensión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y el 29 de junio de 2021 la Suprema dictaminó que la prohibición de desalojo podría permanecer vigente hasta el 31 de julio de este año.

No obstante, el juez Brett M. Kavanaugh escribió en ese momento que cualquier extensión adicional requeriría una «autorización clara y específica del Congreso» a través de una nueva legislación, dice The Washington Post.

Existe un fondo de emergencia de 46 mil 500 millones de dólares “destinado a saldar el alquiler adeudado de inquilinos en riesgo de desalojo, que ha tardado mucho en despegar; y algunos estados y condados no han podido gastar ni un dólar siquiera del dinero que se les proporcionó en meses pasados”.

La expiración de la moratoria federal dejará a los inquilinos con pocas protecciones de la era de la pandemia a medida que los tribunales comiencen a procesar los casos de desalojo.

A diferencia de otros programas de ayuda para el coronavirus, como los cheques de estímulo o los créditos fiscales por hijos, señala el Post, “el Congreso diseñó el programa como contra los desalojos en una asociación entre el gobierno federal, donde comienza el dinero, y los estados y localidades, que tienen margen para distribuir los fondos en gran medida como mejor les parezca”.

Pero a medida que surgieron los problemas, algunos estados y ciudades “dejaron de aceptar solicitudes para hacer arreglos”. Sin embargo, las compensaciones van en declive: “cuanto más tardan los programas en volver a estar en línea, más tiempo esperan los hogares vulnerables para recibir ayuda”.

Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles dejó de aceptar solicitudes después de siete semanas debido a «una demanda sin precedentes que superó con creces el financiamiento del programa», según una portavoz municipal.

O los funcionarios de Carolina del Norte, “que tuvieron que contratar a un proveedor externo para emitir cheques rápidamente a miles de destinatarios”. Y la ciudad de Phoenix, que “se vio abrumada por la cantidad de documentos que necesitaba verificar y dejó de recibir solicitudes en línea, dirigiendo a las personas a una línea directa”, afirma la fuente.

En otros lugares reinó la confusión: el condado de Fulton, Georgia, que incluye parte de Atlanta, recibió por ejemplo miles de solicitudes de personas que necesitaban ayuda en la ciudad de Atlanta. La ciudad de Houston y los alrededores del condado de Harris en Texas fusionaron sus programas para eliminar la confusión, “una medida que finalmente convirtió al programa en uno de los ejemplos de la nación”.

En general, agrega el Post, “sólo 36 de más de 400 estados, condados y ciudades que reportaron datos al Departamento del Tesoro pudieron gastar la mitad del dinero asignado a fines de junio. Otros 49 no habían gastado fondos en absoluto.

La Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda también anunció el miércoles que las propiedades respaldadas por Fannie Mae o Freddie Mac darán a los inquilinos al menos 30 días antes de exigirles que desalojen sus unidades.

El presidente Biden también pidió el jueves a los Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura y Asuntos de Veteranos que extiendan sus moratorias hasta fines de septiembre. Y algunos defensores y demócratas electos, incluida Alexandria Ocasio-Cortez, la representante de Nueva York, pidieron a la administración Biden que extienda la moratoria federal.

Pero la prohibición, implementada hace casi 11 meses por los CDC, para evitar que los desalojos contribuyan a las infecciones por coronavirus, ha sido atacada por los propietarios y los jueces federales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki emitió un comunicado el jueves diciendo que la administración apoyaría una extensión de la moratoria, pero que «la Corte Suprema ha dejado en claro que esta opción ya no está disponible»; y que la Casa Blanca estaba pidiendo al Congreso que aprobara una nueva prohibición para que se sostenga en los tribunales.

Los demócratas del Congreso lanzaron un esfuerzo de último minuto para extender la prohibición el jueves, pero los asesores del Capitolio dijeron que no esperan que tenga éxito■

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