Rafael Ortiz -Segura, ex Juez de Inmigración. Foto de la página webde Lim Law.
Después de más de dos décadas de trabajar como juez de inmigración en La Florida y Puerto Rico, y lleno de frustración por las enormes e indebidas presiones del gobierno de Trump para acelerar los juicios de deportación, Rafael Ortiz-Segura renunció al cargo y pasó a ser abogado defensor de inmigrantes. En el programa Línea Abierta con Samuel Orozco (SO), Ortiz Segura (ROS), quien fue abogado general del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización de Puerto Rico, reflexiona sobre la catástrofe legal que significa la política de cuotas que impone la Casa Blanca a las cortes de inmigración.
La charla:
ROS: Mis colegas en este momento están sumamente frustrados porque yo, que me retiré en diciembre 31, ya viendo lo que iba a pasar, he conversado con ellos y me he dado cuenta de que la frustración es muy grande. Porque se está coartando la discreción de los jueces para llevar a cabo su función, que es obviamente el poder llevar a cabo decisiones justas con el debido proceso de ley, sobre las peticiones de inmigración que se nos traen a nuestras cortes”.
SO: ¿Qué nos puede decir sobre esa forma en que están trabajando estos días las cortes de Inmigración? ¿Qué tanto se les permite, o se les equipa, o no se les equipa para que hagan bien su trabajo y para que logren dar salida a lo que entiendo son como 700 mil casos que están a la espera de atención?
ROS: Se está tratando de controlar la cantidad de casos que debe tener un juez de Inmigración. Se está tratando de impedir que los casos sean –lo que ellos alegan- indebidamente pospuestos por razones que los jueces entienden son razonables. Y se está tratando de imponerles cuotas a los jueces de Inmigración para completar casos; para tratar de bajar ese tipo de casos que está en toda la nación americana. Eso frustra a los jueces porque hay peticiones que merecen ser estudiadas más a fondo. Hay peticiones que no pueden ser resueltas en un par de horas. Hay asunto de inmigración que requieren de un estudio legal concienzudo y requieren que un juez escuche la evidencia pertinente y haga una decisión en base a la ley. Ese tipo de cosas no debe de ser entonces controlada y eso es lo que tiene frustrados a muchos de mis colegas hoy en día.
SO: ¿Se refiere Ud. a esa orden que tengo entendido emitió, a principios de año el Procurador General Jeff Sessions; que ordenó a los jueces de Inmigración cumplir con ciertas cuotas de casos cerrados y la idea fue de que los jueces se dispusieran a procesar los casos al vapor o como dijeron algunos maquilando casos así en serie? ¿Están acatando los jueces esas órdenes dictadas por el procurador, esas cuotas?
ROS: Sí, por ahora las tienen que acatar porque son empleados de la rama ejecutiva. Y obviamente hay que acatar las órdenes que vienen del director de la oficina de la Corte de Inmigración. Otra de las cosas que se ha interpuesto es precisamente no continuar los casos indebidamente. No se pueden cerrar los casos administrativamente a menos que haya una razón de peso; y esa razón tendría que ser consentida con obviamente la oficina del Departamento de Seguridad Nacional, que casi siempre nunca consienten; porque ellos tienen a su vez la instrucción de tratar de obtener las mayores órdenes de deportación que puedan. De manera que están ellos también de parte del gobierno y por lo tanto es muy frustrante para los jueces completar un caso adecuadamente. Pero hay un movimiento –hace muchos años- para convertir la Corte de Inmigración en una corte similar a la corte de ‘taxes’ o de bancarrota, al son del Artículo Uno de la Constitución de los Estados Unidos. Si eso fuese así, los jueces de Inmigración estarían entonces bajo el poder judicial y serían mucho más independientes y podrían ejercitar el debido proceso de ley, sin intromisión política de la rama ejecutiva.
