Manifestantes con carteles afuera del edificio de la corte federal el día de los argumentos del caso Censo vs Departamento de Comercio, en Nueva York. Crédito: Foto: Diego M. Radzinschi / ALM / https://www.law.com.
De la redacción
California, junto con un importante grupo de organizaciones de abogacía están demandando a la administración Trump para bloquear una intempestiva orden del gobierno fededral que excluiría a los inmigrantes indocumentados del conteo del censo, en el reparto de los asientos del Congreso y de los fondos federales.
El gobernador de California, Gavin Newsom dijo que “la acción más reciente de la administración -Trump- que excluye a los inmigrantes indocumentados en la definición de representación en el Congreso, está basada en el racismo y la xenofobia y es un ataque evidente contra nuestras instituciones y vecinos”.
Tras el memorando del gobierno se volcó una avalancha de demandas legales contra la administración Trump. En una de ellas participan la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, y algunos grupos pro inmigrantes; la Procuradora General de Nueva York, Letitia James; El Fondo Legal para la Defensa y la Educación, MALDEF; Common Cause y otras organizaciones.
El Director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco señaló en Línea Abierta que la ACLU opina que la intención del gobierno federal por eliminar del conteo decenal a los inmigrantes indocumentados se halla “en la misma vena… de agregar una pregunta de ciudadanía al Censo”. Moción que por cierto fue derrotada en tribunales aunque Trump continúa con su teatro político a beneficio mediático en su intento de reelección.
Lissette Escobedo, de la Asociación Nacional de Funcionarios electos, NALEO, acompañó a Orozco en la plática sobre el referido tema, del que dijo, “es un intento para manipular las líneas distritales” o rediseñar los mapas electorales» a fin de ganar una mayor representación política en el Congreso y más fondos federales».
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El memorando que firmó Trump está “encaminado a impedir que se cuente a los indocumentados en el censo, a fin de redistribuir -a modo- los distritos electorales y la representación política”, dice Línea Abierta. Según la nueva directiva, como si fuera una tautología, una serpiente que se muerde la cola, “la Oficina del Censo tendría que revisar la enumeración del Censo 2020 para eliminar a los inmigrantes del recuento de cada estado, utilizando estimaciones de los propios datos del Censo”.
Existe el temor entre las organizaciones de defensa legal de los inmigrantes indocumentados por que el gobierno canalice repentinamente importantes partidas presupuestales al Censo para que esta oficina haga de prisa un nuevo cálculo de población sin indocumentados, y lo tenga listo en octubre, antes de las elecciones.
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